La Procuraduría General de la Nación divulgó el 10 de noviembre una campaña para explicar cómo sus funciones se relacionan con la protección de derechos y recursos públicos. La iniciativa presenta siete ejes de actuación, distintos de sus tres funciones misionales: prevención, intervención y disciplina.

Vigilancia de derechos y recursos

En materia de derechos, la Procuraduría señala que vigila el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades y la garantía estatal de los derechos establecidos en la Constitución. Esa vigilancia abarca también el cumplimiento de las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.

La representación de la sociedad comprende la defensa de intereses colectivos, entre ellos los relacionados con el medioambiente y el patrimonio público. Frente a la corrupción, la entidad incluye entre sus actuaciones la prevención, la vigilancia de la gestión pública y las investigaciones disciplinarias cuando existan posibles faltas dentro de su competencia.

La campaña de la Procuraduría

La explicación dirigida a la ciudadanía organiza el trabajo de la entidad en siete ejes de actuación: prevención, intervención, función disciplinaria, defensa de los derechos, cumplimiento de la Constitución y la ley, representación de la sociedad y lucha contra la corrupción. La enumeración expone el alcance de sus responsabilidades y su relación con la vigilancia de las autoridades.

Los siete ejes son una forma de presentar las competencias de la Procuraduría; no reemplazan sus tres funciones misionales. La distinción permite separar los asuntos que aborda la campaña de la clasificación de las funciones de prevención, intervención y disciplina.

Prevención, intervención y disciplina

La prevención consiste en identificar riesgos y emitir advertencias para evitar irregularidades que puedan afectar a la ciudadanía o al patrimonio público. Mediante la intervención, la Procuraduría puede actuar ante autoridades para proteger derechos y defender recursos públicos. Dentro de sus competencias legales, también puede participar en actuaciones judiciales y administrativas si están comprometidos el orden jurídico, los derechos fundamentales o los intereses colectivos.

La función disciplinaria comprende la investigación de posibles faltas de servidores públicos y, cuando corresponde, la adopción de las decisiones previstas en la ley para establecer responsabilidades disciplinarias. Estas competencias tienen fundamento en el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia y están desarrolladas en el Código General Disciplinario, establecido mediante la Ley 1952 de 2019 y modificado por la Ley 2094 de 2021.