La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estableció una metodología unificada para evaluar las edificaciones afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto, con el propósito de determinar cuáles pueden ser ocupadas, cuáles requieren restricciones y cuáles representan un riesgo para sus habitantes.

Los lineamientos quedaron establecidos mediante la Circular 073 del 20 de agosto de 2026, expedida en el marco de la declaratoria de situación de desastre de carácter nacional.

La metodología busca que las inspecciones realizadas en los diferentes territorios se desarrollen bajo criterios técnicos comunes, evitando duplicidades o inconsistencias en los registros. La información obtenida será utilizada para definir medidas relacionadas con el uso de las edificaciones, el retorno seguro de las familias y la recuperación de los servicios esenciales.

Dos fases para evaluar las edificaciones

El proceso contempla inicialmente una evaluación rápida, que consiste en una inspección visual de las edificaciones ubicadas en las zonas priorizadas.

Esta primera revisión permitirá establecer de manera provisional si un inmueble puede ser ocupado, si presenta restricciones o si debe permanecer desocupado. La clasificación podrá modificarse posteriormente si se presentan réplicas u otras situaciones que cambien las condiciones de seguridad.

Los resultados serán identificados mediante tres colores:

Verde: permite el ingreso y uso de la edificación sin restricciones, aunque no significa que el inmueble esté libre de daños.

Amarillo: establece restricciones para el ingreso, la ocupación o el uso y requiere una evaluación más detallada.

Rojo: indica peligro de colapso y prohíbe el ingreso y la ocupación, salvo autorización de la autoridad competente. Esta clasificación no significa por sí sola que la edificación deba ser demolida.

La segunda etapa corresponde a una evaluación detallada, que tendrá como prioridad las edificaciones clasificadas inicialmente en amarillo o rojo, además de aquellas que sean remitidas por los equipos encargados de la primera inspección.

Esta evaluación permitirá confirmar o modificar la clasificación inicial, establecer recomendaciones de intervención y analizar las condiciones de los hogares u organizaciones que utilizan los inmuebles.

Hospitales y colegios tendrán atención prioritaria

En el caso de la infraestructura considerada vital, la evaluación detallada se realizará desde el comienzo. Entre las instalaciones prioritarias están los hospitales, centros de salud, establecimientos educativos, servicios públicos esenciales y edificaciones necesarias para la atención de las comunidades.

La información recopilada será incorporada al Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNIGRD), bajo mecanismos de georreferenciación, validación y trazabilidad.

La UNGRD también dispondrá herramientas digitales para que los datos puedan ser registrados tanto en línea como en zonas donde existan dificultades de conectividad.

Profesionales serán registrados para las evaluaciones

Los lineamientos contemplan además la creación del Registro Único de Profesionales Evaluadores (RUPE), mediante el cual serán registrados y verificados los profesionales que participen en las inspecciones.

La asignación de estos profesionales dependerá de su formación académica, especialidad, experiencia y de la vigencia de su matrícula o tarjeta profesional.

La implementación estará coordinada por la UNGRD, mientras que las entidades territoriales tendrán a su cargo la coordinación de las evaluaciones dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Con este procedimiento, las autoridades buscan contar con un diagnóstico técnico y unificado de los daños ocasionados por el sismo y disponer de información que permita avanzar posteriormente en las decisiones de recuperación, rehabilitación y retorno seguro de las comunidades afectadas.