La construcción del Centro Zonal Rafael Uribe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en Bogotá, continúa sin entrar en operación pese a las inversiones realizadas desde 2014 y a un nuevo contrato suscrito en 2024 para adecuar y finalizar la infraestructura.

La Unidad Investigativa de Nación Paisa conoció un informe de auditoría interna de la entidad que documenta las condiciones de la edificación, los pendientes de obra y las observaciones administrativas relacionadas con los contratos ejecutados para su construcción y adecuación.

De acuerdo con el documento, el contrato principal, identificado con el número 1131 de 2014, registra un avance físico histórico del 85,8 % y una ejecución financiera del 81,5 %. La Oficina de Control Interno (OCI) también advirtió que, después de una nueva intervención, el inmueble seguía incompleto y no se encontraba en condiciones de prestar el servicio, según la visita realizada el 28 de mayo de 2025.

Una obra contratada en 2014 que sigue pendiente

El ICBF suscribió el contrato 1131 de 2014 con el Consorcio Universal para construir el Centro Zonal Rafael Uribe, una edificación proyectada con cinco pisos, un sótano y aproximadamente 1.200 metros cuadrados, con capacidad estimada para 75 funcionarios.

El presupuesto inicial reportado fue de $2.527 millones. Posteriormente, se registró una adición por $764,8 millones, con lo que el valor final del contrato ascendió a $3.291.903.815.

Según la información consolidada en el informe, los pagos asociados a este contrato suman $2.682.919.582. El documento señala que el contrato figura como terminado, pero sin liquidar, y que la obra no ha alcanzado las condiciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

Durante la ejecución se tramitaron tres prórrogas y varias suspensiones. Entre las situaciones descritas se encuentra la modificación de la licencia de construcción, que motivó una de las suspensiones.

Las dificultades contractuales y los retrasos se extendieron durante varios años, mientras la infraestructura permaneció sin entrar en servicio.

Un nuevo contrato en 2024 tampoco habría resuelto todos los pendientes

En septiembre de 2024, el ICBF suscribió el contrato 11022622024, cuyo propósito fue adelantar trabajos de adecuación y finalización de la edificación. El presupuesto reportado para esta intervención fue de $1.317 millones.

El contrato fue suscrito con el Consorcio GEC ICBF 2024 y contó con la interventoría de Consultores, Desarrollo y Ambiente S.A.S. BIC.

De acuerdo con los informes de avance presentados por la Regional Bogotá y citados en el documento de auditoría, este segundo contrato registraba un avance físico del 76 % y una ejecución financiera del 76,6 %.

Entre los trabajos realizados durante 2024 se encuentran intervenciones en cubiertas, cielorrasos, baños, instalaciones eléctricas, iluminación, sistemas contra incendios, ventanas, puertas, muros divisorios y redes de datos.

Sin embargo, la visita de la Oficina de Control Interno del 28 de mayo de 2025 identificó que persistían actividades necesarias para habilitar la infraestructura. Por tanto, la intervención posterior no había conseguido, para esa fecha, que el edificio estuviera en condiciones de prestar sus servicios.

Humedades, baños incompletos y fallas en equipos

El informe relaciona diferentes pendientes técnicos que afectan la posibilidad de poner en funcionamiento el inmueble.

Entre ellos figuran la terminación de pisos y cielorrasos, la instalación de aparatos sanitarios, la reparación del ascensor y del elevacoches, la culminación de la acometida eléctrica y los trabajos asociados al sistema contra incendios.

El registro fotográfico incorporado en el documento también muestra humedades y filtraciones, superficies sin acabados, baños incompletos y equipos que presentan problemas de funcionamiento.

Uno de los aspectos señalados por la auditoría es el estado de las bombas eyectoras encargadas de manejar el nivel freático. Según el informe, una de ellas se encontraba dañada, por lo que el sótano dependía de una sola bomba operativa. Esta condición fue identificada como un riesgo de inundación.

La OCI también advirtió sobre posibles afectaciones a los recursos invertidos si la edificación continúa desocupada sin que se completen los trabajos y se adopten medidas para proteger lo ejecutado.

Estas observaciones describen riesgos técnicos y patrimoniales; por sí solas, no constituyen una determinación definitiva de responsabilidad fiscal o disciplinaria contra una persona o empresa.

El informe también señala dificultades para verificar integralmente el cumplimiento del contrato de adecuación de 2024. Entre los aspectos mencionados está la ausencia del acta de recibo final y la necesidad de actualizar la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).

La Oficina de Control Interno recomendó que, en el proceso de liquidación del contrato, se requiriera la culminación de las actividades pendientes y se gestionara la extensión de las garantías de cumplimiento y calidad, de acuerdo con las condiciones aplicables.

El documento registra, además, que el contrato de adecuación de 2024 aparece terminado sin liquidar. Esta situación hace relevante establecer el estado actual de las obligaciones, los trabajos efectivamente recibidos y las medidas adoptadas por la entidad para cerrar el proceso contractual.

Controversias judiciales por los contratos

La situación de la obra también está relacionada con controversias contractuales. Según el informe, el proceso administrativo sancionatorio relacionado con la obra fue cerrado mediante la Resolución 5962 de 2019, en el contexto de una solicitud de liquidación judicial. El procedimiento asociado a la interventoría fue cerrado mediante la Resolución 7272 de 2019, luego de que no se probara el incumplimiento parcial alegado.

El documento también registra controversias ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá. El valor indexado de las pretensiones reportado en el sistema eKOGUI asciende a $867.080.552,22.

Esta cifra corresponde a pretensiones registradas y no debe interpretarse como una condena judicial en firme ni como un monto que necesariamente deba pagar el Estado.

La existencia de estos procesos tampoco permite atribuir, por sí sola, responsabilidad a los contratistas, interventores o funcionarios involucrados. Para establecer eventuales responsabilidades deben revisarse las decisiones judiciales y administrativas correspondientes.

Una obra pendiente de entrar en servicio

El caso del Centro Zonal Rafael Uribe plantea interrogantes sobre la planeación, ejecución, seguimiento y cierre de los contratos destinados a construir y adecuar infraestructura pública.

Los datos consignados en el informe muestran que, después del contrato inicial de 2014 y de una nueva intervención en 2024, persistían pendientes que impedían la puesta en servicio del inmueble, de acuerdo con la inspección realizada en mayo de 2025.

La documentación conocida por Nación Paisa permite establecer las observaciones formuladas por la Oficina de Control Interno, pero no basta para concluir que existió corrupción o para determinar responsabilidades individuales.

Para establecer qué ocurrió después de la última inspección, será necesario conocer las actuaciones posteriores del ICBF, el estado actual de la infraestructura, el resultado de la liquidación de los contratos y las decisiones adoptadas frente a los pendientes identificados.

Nación Paisa continuará el seguimiento a la información disponible sobre el proyecto, con el propósito de esclarecer el estado de los recursos comprometidos y las condiciones en las que se encuentra una infraestructura pública que, según el informe conocido, aún no había comenzado a prestar servicio en mayo de 2025.