La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exrepresentante a la Cámara por el departamento de Vichada, Gustavo Londoño García, a 66 meses y un día de prisión como coautor del delito de corrupción de sufragante, por hechos ocurridos durante su campaña para las elecciones legislativas del 11 de marzo de 2018.

Los hechos probados por la Corte se relacionan con el ofrecimiento masivo de títulos de bachillerato y cursos de capacitación expedidos por el instituto Petroschool a la población del Vichada como un incentivo para que votaran a su favor.

En la sentencia, la Sala afirmó que el entonces congresista «no solo consintió, sino que se benefició directamente de la entrega masiva de títulos académicos sin respaldo legal, como forma de captar apoyo electoral en comunidades vulnerables del departamento del Vichada».

El alto tribunal concluyó que esta estrategia, diseñada desde la misma sede de campaña de Londoño y en coordinación con el rector de Petroschool, convirtió la necesidad social de acceso a la educación en «un instrumento de manipulación clientelista, donde el conocimiento fue sustituido por el cálculo electoral». Para la corporación, estas acciones constituyen una grave afectación a la transparencia electoral.

Además, se demostró que el programa educativo carecía de formalidad académica, pues los beneficiarios solo recibían unos módulos impresos sin que existiera un control, acompañamiento pedagógico o evaluaciones que respaldaran la obtención de los títulos.

Además de la pena de 66 meses y un día de prisión, Londoño García fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. La condena también incluye una multa de 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.

La Corte le negó el subrogado de suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero le concedió la sustitución por prisión domiciliaria. Esta medida se hará efectiva una vez la sentencia quede en firme.

En la misma decisión, la Sala absolvió al excongresista del delito de tráfico de votos. Esta acusación estaba relacionada con un presunto acuerdo ilícito con otro candidato, Omar Yesid Mesa Jiménez, para que este último se retirara de la contienda electoral a cambio de dinero y beneficios burocráticos.

El tribunal determinó que las pruebas no permitieron demostrar la configuración de este delito, al considerar que lo pactado fue un apoyo político y no una transacción sobre los votos de los ciudadanos, lo que se aleja de los parámetros del tipo penal de tráfico de votos.

Noticia: Colprensa