Luego de un largo proceso realizado por parte de la Fiscalía General de la Nación, logró presentar ante un juez de control de garantías a los sargentos Edison Steven Rodríguez Lancheros y Jorge Alberto Angulo Lozano, como los responsables de extraer armas, munición, uniformes y otros elementos de los batallones y fuertes militares con fines de tráfico ilícito.

Es importante mencionar que la investigación da cuenta de que los funcionarios, al parecer, se aprovecharon de su posición y cargos para poder sustraer de manera irregular material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y ponerlo a disposición de quienes no hacen parte de esta entidad.

Asimismo, se logró evidenciar que el sargento Rodríguez Lancheros, mientras cumplía rol como bodeguero en una sede militar de Medellín (Antioquia), entre los años 2021 y 2022, habría desviado las armas y municiones para fusil de manera sistemática. Para no lograr quedar descubierto, presuntamente, modificó los documentos de inventario y alteró las cantidades de material que eran despachadas a las distintas unidades.

Es así, que la entidad logró conocer un evento en el que, al parecer, extrajo una ametralladora M249 y la reemplazó por una réplica inservible para intentar subsanar la ausencia del arma. Asimismo a finales de 2022, este suboficial fue trasladado a un batallón en el departamento del Chocó, donde hay sospechas de que continuó con la actividad ilegal hasta el día de su detención, en un inmueble en la capital antioqueña. En las diligencias realizadas por los investigadores del CTI y del Gaula Militar encontraron más de 300 cartuchos para fusil, vainillas de proyectiles percutidos, uniformes y un casco del Ejército Nacional.

Por estos casos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputa los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

De la misma manera, el sargento Angulo Lozano, en su condición de almacenista de un batallón de apoyo y servicio del Ejército Nacional en Medellín, es señalado de contribuir a la desviación de armamento y munición para fusil, y la adulteración de los inventarios para tratar de ocultar la salida de estos elementos a manos de terceras personas.

Por lo tanto, en un registro realizado al almacén a cargo de este funcionario, se constató que dentro del almacén se puedo encontrar la ausencia de 28.000 cartuchos calibre 5.56. Posterior a esta situación, el uniformado, presuntamente, logró su traslado al Fuerte Militar de Tolemaida (Tolima) en enero del presente año; donde posiblemente continuaba con los actos ilegales.