La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, solicitó la intervención de organismos de control por un contrato de arrendamiento en Sevilla, Valle del Cauca. La entidad reportó pagos superiores a 400 millones de pesos por un inmueble que no habría prestado los servicios previstos.
El arriendo del ICBF en Sevilla
El contrato contemplaba el traslado de un centro zonal al inmueble. De acuerdo con el ICBF, hasta el 31 de julio de 2026 se habían acumulado pagos superiores a 400 millones de pesos, aunque el lugar no habría sido utilizado para la atención prevista. La solicitud de Restrepo busca que los organismos de control examinen el caso.
La revisión deberá establecer si hubo irregularidades en el manejo de los recursos y, de ser el caso, determinar responsabilidades. El señalamiento sobre la falta de uso del inmueble corresponde a lo informado por la entidad; no equivale a una conclusión de las autoridades sobre el contrato.
Contratos del ICBF bajo revisión
La administración de Restrepo informó, además, que encontró contratos de atención a la primera infancia vencidos desde el 31 de julio en 11 departamentos. La situación puso en riesgo la continuidad de servicios de educación y alimentación, de acuerdo con lo reportado por la entidad.
El ICBF también anunció revisiones a operadores con procesos administrativos sancionatorios activos que continuaban prestando servicios. Esas verificaciones se suman al examen de la contratación y de la operación de los programas para la población infantil atendida por el instituto.
En otro frente, Restrepo puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación presuntas amenazas y hostigamientos difundidos en redes sociales después de la publicación de un video sobre su intervención ante la Comisión Séptima del Senado. La directora sostiene que el video habría sido editado de forma que alteró el contexto de sus declaraciones.
La Fiscalía deberá establecer las circunstancias de esos hechos y si existen responsabilidades penales. No se ha acreditado públicamente una conexión entre quienes cuestionan a Restrepo y los contratos sometidos a revisión.
