La Fiscalía General de la Nación presentó cargos ante un juez de control de garantías contra Sebastián Caicedo Castillo, miembro destacado de la estructura delincuencial ‘La Inmaculada’. Este individuo enfrenta acusaciones por lanzar amenazas de muerte simbólicas contra una jueza penal municipal que desempeñaba funciones temporales en Tuluá, Valle del Cauca.
#ATENCIÓN | La Fiscalía presentó ante un juez a Sebastián Caicedo Castillo, un integrante de la estructura delincuencial ‘La Inmaculada’ señalado de lanzar amenazas de muerte simbólicas en contra de una juez penal municipal, que cumplía transitoriamente funciones de conocimiento… pic.twitter.com/lNoUoYPHUx
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 4, 2023
Estas fueron las amenazas
Los eventos en cuestión tuvieron lugar durante dos audiencias virtuales. El 25 de octubre de 2022, durante una sesión de individualización y sentencia, Sebastián Caicedo Castillo, con gestos amenazantes, simuló disparar un arma de fuego con su mano derecha mientras la funcionaria judicial intervenía. Una situación similar ocurrió el 20 de junio de 2023, durante la lectura del fallo condenatorio en su contra, cuando se acercó a la cámara y realizó la señal de la cruz con sus dedos.
Por otro lado, la imputación presentada por un fiscal del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, en colaboración con la Seccional Valle del Cauca, está basada en el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Cabe destacar que Caicedo Castillo no aceptó los cargos.
Actualmente, Sebastián Caicedo Castillo se encuentra detenido en un centro carcelario cumpliendo una condena por el delito de extorsión agravada, previamente impuesta en su contra.
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A su vez, la noticia de la imputación y los antecedentes del caso se difunden por razones de interés general y para destacar la importancia de salvaguardar la integridad de los funcionarios judiciales frente a posibles actos intimidatorios.
Por casos como este, cabe recordar que la ley castiga de manera contundente las amenazas a defensores de derechos humanos y servidores públicos, buscando preservar la integridad del sistema judicial y garantizar la imparcialidad en el ejercicio de la justicia.
Por lo que el Código Penal Colombiano, en su artículo 343, establece sanciones para aquellos que amenacen a otra persona con causarle un mal en su integridad personal, en su patrimonio, en la libertad personal de un tercero o en la libertad personal o patrimonio de algún pariente cercano.
