La Fiscalía General de la Nación anunció este viernes nuevas imputaciones contra exfuncionarios de la Secretaría de Movilidad de Medellín, pertenecientes a la administración del exalcalde Daniel Quintero Calle, por presuntas irregularidades en un contrato firmado durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales de 2023.
Ante el Juzgado 10 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, el ente acusador imputó a Estefanya Cuervo Sánchez, exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. De igual manera, el exsecretario de Movilidad Juan Carlos Torres Ojeda fue señalado por falsedad ideológica en documento público, ya que habría certificado un acta de comité de contratación con la supuesta participación de funcionarios que nunca asistieron.
Según la investigación, ambos habrían intervenido en la firma del contrato interadministrativo N.º 46000098703, suscrito el 29 de junio de 2023 con Metroparques por un valor de $16.123 millones. El acuerdo buscaba delegar a Metroplús S.A. labores de demolición, urbanismo, mantenimiento vial y rehabilitación de corredores en comunas como Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal.
El problema radica en que el contrato se firmó horas antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, que prohíbe este tipo de convenios durante los cuatro meses previos a elecciones territoriales. Aunque la defensa alegó fallas técnicas en la plataforma de contratación estatal, Colombia Compra Eficiente negó que hubiera irregularidades en el sistema.
La Fiscalía también advirtió que el proceso careció de estudios previos, de análisis financiero y de una justificación técnica clara. Además, utilizó la modalidad de contratación directa —reservada para casos excepcionales— e incluyó obras civiles que, en estricto sentido, correspondían a la Secretaría de Infraestructura, no a Movilidad.
Estas nuevas imputaciones se suman a las ya conocidas en abril de este año contra Torres Ojeda y otros exfuncionarios por hechos similares. En total, la Fiscalía ha vinculado 43 exfuncionarios y contratistas del gobierno de Quintero en procesos relacionados con presuntas irregularidades en la contratación pública.
El exsubsecretario Técnico de Movilidad, Mauricio Alonso Zuleta Estrada, también será imputado en los próximos días, tras solicitarse el aplazamiento de su audiencia.
Con estas decisiones, la justicia continúa cerrando el cerco en torno a la gestión contractual de la administración Quintero, que hoy enfrenta un creciente número de investigaciones por posible corrupción y abuso en la contratación directa.
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