El proyecto del Gobierno de Abelardo De La Espriella busca un ajuste fiscal cercano a los $45 billones, pero sus propuestas abren interrogantes sobre el impacto en el bolsillo de los colombianos. Los cambios en el IVA, el impuesto de renta y los aportes a salud contrastan con la reducción gradual de la carga tributaria para las empresas.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó ante la Cámara de Representantes el proyecto de Ley de Rescate Fiscal, una iniciativa con la que pretende reducir el gasto público y aumentar los ingresos del Estado en medio de las dificultades de las finanzas nacionales. Sin embargo, varias de sus medidas han generado cuestionamientos por el impacto que podrían tener sobre los consumidores, los trabajadores y los hogares de ingresos medios.
La propuesta contempla un ajuste fiscal estimado en cerca de $45 billones, equivalente al 2,2 % del producto interno bruto (PIB), mediante recortes al gasto estatal y modificaciones al sistema tributario. Aunque el Ejecutivo sostiene que necesita estos recursos para contener el déficit y estabilizar la deuda pública, el debate se concentra en quiénes asumirían una parte importante del costo de ese ajuste.
Uno de los principales puntos de discusión es que el proyecto no se limita a reducir gastos administrativos. También propone ampliar la base de algunos impuestos y modificar beneficios tributarios que hoy favorecen a determinados contribuyentes. En consecuencia, si las medidas son aprobadas en los términos presentados, algunos ciudadanos podrían enfrentar mayores obligaciones fiscales y aumentos en el precio de bienes y servicios.
No al paquetazo fiscal! La llamada Ley de Rescate Económico, radicada como Proyecto de Ley 477 de 2026, es un nuevo golpe al bolsillo de los colombianos. Desde 2028 pretende llevar al 19 % de IVA productos de la canasta familiar como el café, el azúcar, las pastas, las frutas y las verduras, además de gravar el servicio de internet de los estratos 1, 2 y 3. Y no nos engañemos con el supuesto alivio de devolver el IVA a quienes compren con factura electrónica: esa propuesta es una cortina de humo, porque la mayoría de las personas no realiza sus compras mediante factura electrónica ni tiene acceso efectivo a ese mecanismo. En la práctica, millones de hogares terminarían pagando más por alimentos y servicios básicos, mientras los grandes capitales reciben nuevos beneficios tributarios a través del RUGE.
Pero el paquetazo no termina ahí: también amenaza el empleo y debilita el Estado. El proyecto le entrega al presidente facultades extraordinarias para fusionar o suprimir entidades públicas, plantea reducir un 20 % los gastos de personal y recortar a la mitad los recursos destinados a contratos de prestación de servicios en 2027. Esto significa despidos, menos oportunidades laborales y un Estado con menor capacidad para atender a la ciudadanía. A eso se suman mayores cargas para trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos y la reducción de beneficios tributarios sobre sus ingresos. Es decir, les cobran más a quienes viven de su trabajo y les alivian la carga a quienes más tienen. En 2021 enfrentamos el paquetazo de Duque y Carrasquilla y hoy volveremos a hacerlo: la crisis fiscal no puede seguir pagándola el pueblo trabajador mientras los poderosos conservan sus privilegios. ¡Esto no es un rescate económico, es un paquetazo contra Colombia!— Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) October 31, 2026
El IVA, uno de los puntos más sensibles
Aunque el proyecto mantiene la tarifa general del impuesto al valor agregado (IVA) en el 19 %, plantea eliminar desde 2028 la tarifa reducida del 5 % y modificar el tratamiento tributario de diferentes productos y servicios.
Entre los rubros que podrían experimentar incrementos se encuentran el café procesado, el azúcar, los aceites, las pastas, el chocolate y la medicina prepagada. La iniciativa también contempla cambios para vehículos eléctricos e híbridos, bicicletas, determinados equipos tecnológicos y servicios que actualmente cuentan con exclusiones o tratamientos preferenciales.
La propuesta incluye, además, gravar con la tarifa general del IVA las entradas a cine y eventos deportivos, los juegos de suerte y azar por internet y algunos servicios digitales. También plantea retirar el beneficio tributario del internet fijo para hogares de determinados estratos.
El alcance de estos cambios genera preocupación porque el IVA es un impuesto asociado al consumo. Cuando un producto o servicio aumenta de precio por efecto de un gravamen, el costo adicional puede trasladarse al comprador, aunque el impacto final dependerá de las condiciones del mercado y de la aplicación de la medida.
En el caso de los alimentos y otros productos de consumo frecuente, el debate no se limita al recaudo que obtendría el Estado. También involucra la capacidad de compra de los hogares y las consecuencias que un aumento generalizado de costos podría tener sobre sus presupuestos.
La ley de rescate fiscal aumentaría la informalidad laboral. https://t.co/pOHgD8Ekbc
— Mateo Amaya Quimbayo (@mateoamayaq) October 30, 2026
Más presión tributaria sobre las personas naturales
Otro de los componentes controvertidos es el ajuste al impuesto de renta de las personas naturales. El proyecto propone reducir de 1.090 a 720 unidades de valor tributario (UVT) el umbral a partir del cual comenzaría a aplicarse una tarifa marginal distinta de cero, con una tarifa del 9 % para el tramo correspondiente.
La iniciativa también plantea reducir el límite de la exención general del 25 % sobre los ingresos laborales, restringir el monto máximo de rentas exentas y deducciones y eliminar la deducción adicional de 72 UVT por dependientes.
Estos cambios podrían ampliar el grupo de contribuyentes que paga impuesto de renta o aumentar la obligación tributaria de algunas personas que ya declaran. No significa, sin embargo, que todos los trabajadores con un ingreso determinado deban pagar automáticamente ese impuesto: el cálculo depende de la base gravable y de las deducciones y condiciones aplicables.
El efecto sobre los ingresos disponibles es uno de los aspectos que deberá examinar el Congreso. Una menor capacidad para descontar rentas exentas y deducciones puede traducirse en una mayor carga fiscal para ciertos trabajadores y familias.
Se llama ley de rescate fiscal, pero favorece a los ricos y hunde los pobres. ¿A quién están rescatando entonces? Hablamos de un proyecto de reforma tributaria regresiva, empobrecedora y que incluso podría significar una amenaza ambiental para el país. https://t.co/wDxWFuZvlu
— Patricia Caicedo Omar (@patcaicedo) October 30, 2026
Los aportes a salud también entrarían en la discusión
La propuesta plantea modificar los aportes a salud de empleados e independientes mediante tarifas diferenciadas según el nivel de ingresos.
Para los trabajadores dependientes, el proyecto contempla mantener el aporte del 4 % para quienes devenguen hasta dos salarios mínimos y establecer porcentajes progresivos para los rangos superiores, hasta llegar al 8 % para ingresos que superen los veinte salarios mínimos, a partir de 2027.
En el caso de los independientes, también se propone una escala progresiva de cotización que podría llegar al 15,5 % para quienes tengan ingresos superiores a veinte salarios mínimos.
A esto se suma una modificación de las exoneraciones de aportes parafiscales y de salud que reciben los empleadores por determinados trabajadores. El proyecto reduciría el alcance de ese beneficio, que actualmente cubre a empleados que devengan hasta diez salarios mínimos, para concentrarlo en quienes reciben hasta dos.
Este punto tiene implicaciones que van más allá del ingreso disponible de los trabajadores. Al aumentar los costos asociados a determinados empleos formales, la medida abre interrogantes sobre sus posibles efectos en las decisiones de contratación, especialmente en empresas con márgenes estrechos. El resultado dependerá de cómo respondan los empleadores y de las condiciones de cada sector económico.
Menos renta para las empresas y beneficios para grandes inversiones
Mientras propone nuevos gravámenes y cambios en las obligaciones de personas naturales, el Gobierno plantea reducir la tarifa general del impuesto de renta empresarial del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028.
El proyecto también crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), dirigido a determinados proyectos de inversión en sectores como infraestructura, agroindustria, tecnología e industria. Entre sus incentivos se incluyen tarifas especiales de renta, beneficios patrimoniales y estabilidad jurídica por periodos prolongados, condicionados al cumplimiento de requisitos de inversión y empleo.
La reducción de impuestos empresariales puede ser defendida como una herramienta para atraer capital, estimular la actividad económica y promover la generación de puestos de trabajo. Sin embargo, el proyecto deja abierto un debate sobre la distribución de los beneficios y los costos del ajuste: mientras ciertos proyectos de inversión podrían acceder a condiciones tributarias preferenciales, otros contribuyentes enfrentarían restricciones en sus deducciones o mayores cargas sobre el consumo.
La efectividad de los incentivos dependerá de que las inversiones anunciadas se materialicen, generen empleo formal y produzcan beneficios económicos que compensen el costo fiscal de las ventajas otorgadas.
La devolución del IVA, una compensación que deberá evaluarse
Como contrapartida de los cambios tributarios, el Gobierno propone crear EfectIVA, un mecanismo para devolver total o parcialmente el IVA pagado por hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica.
La iniciativa contempla una devolución del 100 % para determinados hogares de menores ingresos y porcentajes inferiores para otros grupos, con un límite mensual de 5,5 UVT por beneficiario. El mecanismo está previsto para comenzar en enero de 2028.
Aunque la devolución podría reducir el impacto de los nuevos gravámenes en parte de la población, su alcance dependerá de la identificación de los beneficiarios, la capacidad operativa del sistema y la oportunidad con la que se realicen los pagos.
Por esa razón, la compensación propuesta no elimina la necesidad de evaluar cuánto aumentarían los gastos de los hogares antes de recibir una devolución, qué personas quedarían cubiertas y cómo se atendería a quienes tengan dificultades para acceder a los mecanismos de pago.
@PalomaValenciaL , qué fácil es pescar en río revuelto y repartir lecciones de responsabilidad fiscal cuando no se tiene que gobernar.
Usted y el @CeDemocratico se han dedicado a cuestionar la Ley de Rescate Económico. Pero tengo una pregunta que merece una respuesta seria: ¿cuál era su fórmula concreta para enfrentar el hueco fiscal que dejó el gobierno de Gustavo Petro?
Usted habló de reducir el déficit en $50 billones. Perfecto. ¿Cómo lo habría conseguido? ¿Qué gastos habría recortado? ¿Qué partidas habría sacrificado? ¿De dónde saldrían los recursos y en cuánto tiempo habría logrado ese objetivo?
Porque decir «Estado austero y no más impuestos» suena muy bonito en una publicación de X, pero gobernar exige números, decisiones y asumir consecuencias.
Lo curioso es que ahora utiliza todos los reflectores mediáticos para amplificar sus críticas, pero Colombia necesita algo más que titulares, oposición y discursos convenientes: necesita soluciones.
Y una pregunta adicional: ¿por qué no puso sobre la mesa una alternativa fiscal completa en lugar de limitarse a descalificar la propuesta del Gobierno?
Paloma, la Presidencia no se gana pescando en río revuelto, ni haciendo campaña permanente desde la oposición. Se necesita liderazgo, propuestas y capacidad de gobernar.
Y que quede claro: ni con todos los micrófonos, ni con todos los titulares, ni con todos los reflectores, jamás usted será presidente de Colombia 🇨🇴!
#LeyDeRescate
https://t.co/lkWjkIogcb— philarika 🇨🇴 (@PilarEscobarBX) October 31, 2026
Recorte del gasto público: el otro frente del ajuste
El proyecto también establece metas de austeridad para la administración pública. Entre ellas figura una reducción del 50 % en el costo de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en 2027, frente a 2026, así como una disminución del 20 % en los gastos de personal del Presupuesto General de la Nación para 2028, bajo las condiciones planteadas en la iniciativa.
Además, el Ejecutivo busca obtener facultades extraordinarias durante seis meses para reorganizar entidades, fusionar o suprimir organismos y redistribuir funciones. La propuesta contempla igualmente restricciones a gastos como viajes, viáticos, publicidad oficial y arrendamientos, entre otras medidas de control del funcionamiento estatal.
El desafío será establecer si los recortes se traducen en una reducción sostenible del gasto sin deteriorar la prestación de servicios públicos, la capacidad institucional o la atención a la ciudadanía. Una reducción presupuestal no equivale automáticamente a mayor eficiencia: sus resultados dependerán de qué partidas se ajusten, cómo se ejecuten los cambios y qué mecanismos de control se implementen.
El Congreso tendrá la última palabra
La Ley de Rescate Fiscal todavía debe surtir su trámite legislativo. Por tanto, las modificaciones tributarias y las medidas de austeridad incluidas en el proyecto no deben entenderse como obligaciones definitivas mientras no sean aprobadas y entren en vigor conforme a la ley.
La discusión parlamentaria tendrá que examinar tanto la necesidad de corregir el desequilibrio de las finanzas públicas como la distribución de los costos del ajuste. También será clave determinar si las medidas propuestas permiten alcanzar las metas de recaudo y ahorro sin imponer una presión desproporcionada sobre los hogares y los trabajadores.
La pregunta de fondo es si el saneamiento fiscal puede lograrse con una combinación más equilibrada de reducción del gasto, control de la evasión, revisión de beneficios tributarios y generación de ingresos, sin que el mayor peso recaiga sobre el consumo cotidiano y la capacidad económica de los ciudadanos.
El Gobierno defiende el proyecto como una respuesta a la crisis fiscal. Sus críticos cuestionan el impacto de varios de sus componentes sobre la clase media y los consumidores. El debate en el Congreso deberá determinar qué medidas permanecen, cuáles se modifican y quiénes terminarán asumiendo el costo de la estabilización de las cuentas públicas.
