El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, lanzó cuestionamientos a la política monetaria del Banco de la República, al advertir que el incremento en las tasas de interés podría afectar el crecimiento económico, el empleo y el costo de la deuda pública.

Durante la instalación del foro económico sobre política monetaria, el funcionario puso en duda la meta de inflación del 3 % que ha guiado las decisiones del Emisor durante años. “¿Queremos reducir la inflación a costa de una recesión? ¿Quién definió que ese umbral es el óptimo?”, planteó.

El pronunciamiento se da en medio del reciente aumento de tasas por parte del Banco de la República, que en 2026 acumula un alza de 200 puntos básicos. Esta decisión generó tensiones dentro del Gobierno, al punto que el ministro se retiró de una de las sesiones de la Junta Directiva.

Ávila sostuvo que Colombia ha aplicado una de las políticas monetarias más restrictivas en el contexto internacional, incluso en medio de factores externos como conflictos internacionales y presiones inflacionarias de origen externo.

Según el jefe de la cartera económica, el aumento de tasas tendría un impacto directo en el crecimiento del país, que podría pasar de una proyección de 2,9 % a 2,6 %, así como en el mercado laboral, con un posible incremento del desempleo y la pérdida o no generación de cerca de 48.000 empleos.

El ministro también señaló que el endurecimiento monetario elevaría el costo de la deuda pública en aproximadamente $1,8 billones, lo que —según indicó— tendría efectos sobre sectores como la industria, la construcción, la agricultura y las pequeñas y medianas empresas.

En su intervención, insistió en que la inflación en Colombia responde en gran medida a factores de oferta, como el comportamiento de los precios internacionales, condiciones climáticas y costos de insumos, lo que, a su juicio, limita la efectividad de las tasas de interés como herramienta principal de control.

Además, cuestionó los mecanismos de consulta del Banco de la República con el sector financiero, al advertir que existe una desconexión con otros actores de la economía real, como empresarios, académicos y productores.

El ministro reconoció que la situación fiscal del país es compleja, aunque aseguró que responde a problemas estructurales acumulados y no exclusivamente a decisiones recientes. En ese contexto, mencionó presiones como el pago de la deuda pública y el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

Pese a este panorama, destacó que el recaudo tributario ha mostrado crecimiento y que se mantienen las metas proyectadas para el año, en medio de un escenario de restricciones fiscales y decisiones judiciales que han limitado nuevas fuentes de financiación.

El pronunciamiento abre un nuevo frente de debate sobre el rumbo de la política económica en Colombia, en particular sobre el equilibrio entre control de la inflación, crecimiento y generación de empleo.