La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Gobernación del Chocó, seis alcaldías municipales y la empresa Aguas del Chocó información sobre los avances en las acciones destinadas a garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento básico de comunidades indígenas del departamento.
La solicitud fue dirigida a la Gobernación y a las alcaldías de Alto Baudó, Bajo Baudó, Bagadó, Bojayá, Lloró y Riosucio, en el marco de una actuación preventiva liderada por la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial del Ministerio Público.
Según la Procuraduría, la actuación se originó a partir de una alerta de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, relacionada con la falta de respuesta de las entidades frente a las condiciones de acceso al agua potable y saneamiento básico en estas comunidades.
El Ministerio Público pidió un informe detallado sobre las dificultades identificadas, las gestiones adelantadas y el estado de los proyectos que hacen parte del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-080 de 2018 de la Corte Constitucional.
Seguimiento a proyectos de agua potable
Dentro de los requerimientos también se encuentra la empresa Aguas del Chocó, a la que la Procuraduría reiteró la obligación de informar sobre los avances de diferentes proyectos destinados a mejorar el abastecimiento y la calidad del agua.
Entre ellos se encuentran la implementación de Sistemas No Convencionales de Captación y Potabilización de Aguas Lluvias (SCALL) en Bagadó y Lloró, la construcción de sistemas diferenciales de abastecimiento y la optimización de sistemas existentes en Bajo Baudó.
La entidad también solicitó información sobre el estado del Programa Escuelas Rurales.
La Procuraduría señaló que el seguimiento busca conocer el estado de las medidas y proyectos previstos para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento básico de las comunidades indígenas, así como identificar las dificultades que puedan estar retrasando su ejecución.
La información solicitada deberá permitir establecer qué acciones han sido adelantadas por las autoridades territoriales y cuáles permanecen pendientes dentro del seguimiento a las obligaciones derivadas de la Sentencia T-080 de 2018.
