El Ministerio Público investiga al exmandatario Morel Alonso Mazo Gutiérrez por el presunto uso de recursos destinados a agua potable, saneamiento básico y medio ambiente para atender obligaciones financieras de una vigencia anterior.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Morel Alonso Mazo Gutiérrez, quien fue alcalde de Sabanalarga, Antioquia, entre 2020 y 2023, por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos de inversión provenientes de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Según informó el Ministerio Público, los recursos correspondían a transferencias del sector eléctrico y estaban destinados a financiar proyectos relacionados con agua potable, saneamiento básico y medio ambiente durante la vigencia 2023.
La investigación se centra en el presunto direccionamiento de estos recursos hacia el pago de obligaciones financieras correspondientes a una vigencia anterior.
Procuraduría cuestiona destinación de los recursos
De acuerdo con la información entregada por la Procuraduría, el entonces alcalde habría destinado los recursos a cubrir acreencias financieras de la vigencia anterior, pese a que, según el organismo de control, debía conocer las disposiciones aplicables a este tipo de transferencias y su destinación específica.
El Ministerio Público señaló que para establecer los hechos también fueron tenidos en cuenta la información técnica suministrada por EPM y la normativa ambiental relacionada con la utilización de estos recursos.
La actuación disciplinaria es adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santafé de Antioquia, que calificó provisionalmente la conducta atribuida al exalcalde como una falta gravísima cometida a título de dolo.
Esta calificación corresponde a la etapa de formulación de cargos dentro del proceso disciplinario y no constituye, por sí misma, una decisión definitiva sobre la responsabilidad del exmandatario.
El proceso continuará con las etapas correspondientes, en las que la defensa de Mazo Gutiérrez podrá ejercer su derecho de contradicción y presentar las explicaciones y pruebas que considere pertinentes.
La Procuraduría deberá determinar posteriormente si existe responsabilidad disciplinaria y, de ser el caso, qué decisión corresponde de acuerdo con las pruebas que obren en el expediente.
