La obra, financiada con cerca de $283 millones mediante la estrategia Obras PDET, habría sido entregada a la comunidad en noviembre de 2022, pero no ha entrado en funcionamiento por falta de conexión a servicios públicos esenciales. Seis personas que participaron en labores de supervisión e interventoría son objeto de una investigación disciplinaria.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra seis contratistas que participaron en actividades de supervisión, seguimiento e interventoría de la construcción de una caseta comunal en la vereda La Palma, en el municipio de Segovia, Antioquia.
El proyecto, financiado a través de la estrategia Obras PDET, destinada a impulsar iniciativas en territorios priorizados por el conflicto armado, tuvo un costo cercano a los $283 millones. Sin embargo, según la información divulgada por el organismo de control, la infraestructura no ha podido entrar en funcionamiento debido a la falta de conexión a servicios públicos esenciales.
De acuerdo con la Procuraduría, desde la fase inicial del proyecto se habrían presentado dificultades relacionadas con la disponibilidad de servicios como agua y energía eléctrica. Pese a esta situación, se habría aprobado la factibilidad de la obra.
Seis personas bajo investigación disciplinaria
La investigación busca esclarecer las presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto y establecer si hubo posibles faltas disciplinarias en las actuaciones de quienes tuvieron a su cargo labores de supervisión e interventoría.
Las personas investigadas son Miguel Ángel Báez Báez, Luis Enrique Moreno Moreno, Sandra Liliana Ordoñez Oliveros, Óscar Mauricio Sáenz García, Evelio Ramírez Guzmán y Sandra Milena Amaya Hernández. Según la información de la Procuraduría, participaron en diferentes momentos en actividades de seguimiento y control de la obra.
La infraestructura habría sido entregada a la comunidad en noviembre de 2022. No obstante, la falta de conexión a los servicios públicos habría impedido su puesta en funcionamiento, lo que plantea interrogantes sobre la planeación, el seguimiento y las condiciones en las que se ejecutó el proyecto.
La apertura de la investigación disciplinaria no implica que las personas involucradas sean responsables de las presuntas irregularidades. El proceso deberá determinar las circunstancias de lo ocurrido y establecer si hay lugar a eventuales sanciones.
El caso pone en discusión la importancia de verificar las condiciones técnicas y de disponibilidad de servicios públicos antes de dar por concluida una obra destinada al uso comunitario, especialmente cuando se ejecuta con recursos públicos.
