Al observar las alarmantes cifras de fallecimientos por causa del COVID-19 que se vienen presentando en Colombia, la Procuraduría General de la Nación pidió a las centrales obreras y demás convocantes de las marchas del próximo miércoles, en la jornada del Paro Nacional, a considerar la posibilidad de aplazarlas.

El incremento de la velocidad de contagio del virus, la confirmación de la presencia de dos nuevas cepas en algunas de las principales ciudades, la alta ocupación de UCIs en todo el territorio nacional, y la escasez de oxígeno en varias regiones llevaron a la titular de la entidad, Margarita Cabello, a pronunciarse en este sentido.

«La Procuraduría General de la Nación llama a todos los mandatarios del país a reforzar las medidas que se vienen tomando para proteger la vida, la salud y la integridad de los ciudadanos al tiempo que insta a la población a observar un mayor cuidado y acatar las recomendaciones que desde el sector salud se vienen realizando», expresó el ente de control en sus canales oficiales.

A su vez, manifestó su preocupación y hace un llamado a todos los actores sociales del país respecto del riesgo que representa en este momento para la salud pública, cualquier tipo de aglomeración.

Lo anterior, haciendo alusión directa a las manifestaciones que se están convocando desde hace algunos días «y que podrían conllevar, si no se realizan con suma cautela y sensatez, un aumento en el número de contagios y eventualmente en el número de fallecimientos», según la Procuraduría.

«En consecuencia, la Procuraduría recomienda a quienes están convocando marchas públicas o concentraciones multitudinarias y aquellos que piensen participar de ellas, obrar en consecuencia del difícil momento por el que atraviesa el país y considerar la posibilidad de aplazarlas, o acudir a otro tipo de expresiones que no pongan en riesgo su vida y la de la ciudadanía en general», agregó.

En todo caso, el ente de control reiteró el deber que le asiste en relación con garantizar el derecho a la protesta y enfatizó que, cualquiera sea la decisión que tomen los ciudadanos, estará a su lado velando porque se mantenga el orden público y el derecho a la movilidad, y para que se respeten los derechos individuales y colectivos tanto de los ciudadanos.