Alcance del alumbrado público de Cali

El proyecto contempla modernizar 101.037 luminarias con tecnología LED para alcanzar el 100 % del parque lumínico de Cali. También prevé instalar 3.945 nuevos puntos de iluminación e incorporar un sistema de telegestión. La intervención proyectada abarca vías, parques y otros espacios públicos.

El aliado que resulte seleccionado tendrá a su cargo la modernización, expansión, administración, operación y mantenimiento del sistema. La estructuración del proceso establece que los pagos estarán asociados a obras y actividades efectivamente ejecutadas e incluye cláusulas frente a eventuales incumplimientos.

EMCALI plantea que el uso de tecnología LED reducirá el consumo de energía y que la telegestión hará más eficiente la operación. Son objetivos de un proyecto cuya ejecución depende de las etapas pendientes de la selección.

De las propuestas al informe

El plazo para presentar propuestas cerró el 25 de septiembre a las 4:30 p. m., conforme a la invitación pública. El informe preliminar, publicado el 2 de octubre, reúne las evaluaciones jurídicas, técnicas y financieras de las propuestas recibidas.

Roger Mina, gerente general de EMCALI, indicó que se presentaron tres estructuras plurales. La empresa revisará las observaciones de los proponentes en las siguientes etapas, de acuerdo con las condiciones establecidas para escoger al aliado estratégico.

EMCALI señaló que la Procuraduría General de la Nación ha realizado un acompañamiento preventivo desde la estructuración de la iniciativa y que acogió sus recomendaciones. El informe difundido sigue siendo preliminar: el periodo de observaciones debe concluir antes de que avance el proceso.

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La entrada EMCALI somete a observaciones la evaluación del alumbrado de Cali se publicó primero en Nación Paisa.

El documento solicita al Ministerio Público revisar las actuaciones atribuidas a la funcionaria para determinar si estas se ajustaron a las competencias establecidas por la ley y a los procedimientos que regulan la contratación estatal.

Solicitan revisión del proceso contractual

Según la denuncia presentada, la Procuraduría deberá establecer si durante el proceso de contratación del alumbrado público se adoptaron decisiones que excedieran las funciones asignadas a la Secretaría General y de Asuntos Legales de EMCALI.

El denunciante pide que el organismo de control analice la documentación correspondiente y determine si existen elementos suficientes para abrir una investigación disciplinaria o adelantar las actuaciones que considere pertinentes.

El proceso de contratación ha generado interés en Cali debido a la importancia que tiene el servicio de alumbrado público para la seguridad, la movilidad, la infraestructura urbana y la calidad de vida de los ciudadanos.

La denuncia no implica responsabilidad

Hasta el momento, la denuncia constituye únicamente una solicitud de investigación y no representa una declaración de responsabilidad contra la funcionaria.

Corresponderá a la Procuraduría evaluar las pruebas y los argumentos aportados para establecer si existen méritos para iniciar una actuación disciplinaria, respetando en todo momento el debido proceso y las garantías legales.

Procuraduría evaluará si abre investigación

El organismo de control deberá revisar el material allegado y determinar si las actuaciones denunciadas se ajustaron al marco jurídico que regula la contratación pública.

En caso de encontrar elementos suficientes, la Procuraduría podrá iniciar la investigación correspondiente para establecer si existieron posibles irregularidades o si las decisiones cuestionadas fueron adoptadas dentro de las competencias legales de la funcionaria.

Este medio no cuenta con información oficial verificada sobre el trámite o las decisiones que la Procuraduría General de la Nación haya adoptado respecto de la queja mencionada.

ACTUALIZACIÓN – POSICIÓN DE GUADALUPE GUERRERO LÓPEZ

En atención a una comunicación remitida posteriormente por Guadalupe Guerrero López y su representación legal, este medio actualiza la presente información con el propósito de incorporar su posición frente a los hechos contenidos en la queja disciplinaria a la que hace referencia este artículo.
Guadalupe Guerrero López rechaza los señalamientos relacionados con una presunta extralimitación de funciones y manifiesta que las actuaciones desarrolladas en su calidad de Secretaria General y de Asuntos Legales de EMCALI se han realizado con estricto apego al marco legal, reglamentario e institucional vigente.
Asimismo, la funcionaria niega haber incurrido en irregularidades en el ejercicio de sus funciones y controvierte los planteamientos formulados en la queja disciplinaria que dio origen a esta información.

Este medio aclara que la publicación tiene como fundamento la existencia y contenido de una queja disciplinaria dirigida a la Procuraduría General de la Nación y que los señalamientos allí contenidos corresponden a planteamientos formulados por la denunciante, sin que su publicación implique que este medio los adopte como hechos probados ni que atribuya responsabilidad disciplinaria a Guadalupe Guerrero López.
La existencia de la referida queja no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad. Este medio no hace afirmación alguna respecto del trámite, estado o decisión que eventualmente corresponda adoptar a la Procuraduría General de la Nación frente a la misma.
Esta actualización incorpora de manera expresa la posición de Guadalupe Guerrero López y ofrece a los lectores elementos adicionales de contexto frente a la información originalmente publicada.

La entrada Denuncian ante la Procuraduría a secretaria General de EMCALI por presunta extralimitación de funciones se publicó primero en Nación Paisa.

La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para que impulsen los procesos judiciales que aún permanecen abiertos contra el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, al considerar que la demora en las investigaciones podría derivar en escenarios de impunidad.

El pronunciamiento fue realizado por Pablo Bustos, presidente de la organización, quien señaló que, aunque recientemente fue ratificada una condena contra el exmandatario por hechos relacionados con corrupción en la contratación pública, todavía existen otros expedientes que continúan en trámite y que, según la veeduría, requieren mayor celeridad por parte de las autoridades.

La organización sostuvo que el avance oportuno de estas investigaciones es fundamental para evitar que algunos procesos puedan prescribir con el paso del tiempo.

Denuncias sobre una presunta influencia política

Durante el pronunciamiento, la Red de Veedurías también informó que ha recibido denuncias anónimas en las que se advierte sobre una presunta influencia política que el exgobernador continuaría ejerciendo pese a encontrarse privado de la libertad.

Según la organización, esas denuncias indican que Abadía Campo presuntamente mantendría injerencia en decisiones relacionadas con la política regional, organismos de control y algunos procesos administrativos en entidades públicas del Valle del Cauca.

No obstante, la Red de Veedurías aclaró que estas afirmaciones corresponden a información recibida por la organización y que deberán ser verificadas por las autoridades competentes dentro de las investigaciones que eventualmente se adelanten.

Señalamientos sobre EMCALI

Uno de los aspectos mencionados por la organización hace referencia a una presunta incidencia en decisiones relacionadas con Empresas Municipales de Cali (EMCALI).

De acuerdo con la veeduría, la supuesta red de influencia habría participado en la designación de personas en cargos considerados estratégicos dentro de la empresa, entre ellos el de Guadalupe Guerrero López como secretaria General y de Asuntos Legales.

Sin embargo, la organización no presentó pruebas públicas que respalden estos señalamientos y precisó que corresponde a denuncias que deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

Llamado al INPEC

La Red de Veedurías también solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) fortalecer los controles sobre el régimen de visitas y comunicaciones del exgobernador.

Según la organización, el objetivo es garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales y evitar que, desde un centro de reclusión, puedan presentarse actuaciones que eventualmente interfieran en asuntos relacionados con la administración pública.

Hasta el momento, las autoridades mencionadas no se han pronunciado sobre las solicitudes formuladas por la Red de Veedurías.

La entrada Red de Veedurías pide acelerar procesos judiciales contra el exgobernador Juan Carlos Abadía se publicó primero en Nación Paisa.

El abogado penalista Luis Gustavo Moreno Rivera, apoderado judicial del gerente general de Emcali, Roger Mina Carbonero, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen presuntas conductas delictivas que, según afirmó, habrían ocurrido el pasado 7 de julio en la ciudad de Cali.

De acuerdo con el comunicado divulgado por el jurista, la denuncia surge a partir de información conocida públicamente en redes sociales y de un correo electrónico anónimo que, según indicó, contenía detalles sobre una supuesta reunión entre el concejal de Cali Roberto Ortiz y Mauricio Tabares, realizada en una oficina del centro comercial Jardín Plaza.

Según el abogado, en ese encuentro presuntamente se habrían ejercido presiones sobre el gerente de Emcali con el propósito de influir en decisiones relacionadas con un contrato de alumbrado público para la ciudad.

Delitos que solicitará investigar

En el comunicado, Moreno Rivera señaló que solicitará a la Fiscalía establecer si los hechos podrían configurar delitos contemplados en el Código Penal, entre ellos:

• Presunto constreñimiento ilegal.
• Presunto tráfico de influencias de servidor público.
• Presunto interés indebido en la celebración de contratos.

El abogado aclaró que será la Fiscalía la encargada de determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación y establecer eventuales responsabilidades.

Solicitarán inspecciones y revisión de pruebas

Como parte de las actuaciones solicitadas, la defensa pidió que se adelanten inspecciones judiciales, revisión de cámaras de seguridad del centro comercial donde supuestamente ocurrió la reunión, análisis de registros de ingreso y demás elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

También solicitó que se verifique si existieron otras personas presentes durante el encuentro y que se analicen los registros de comunicaciones de los involucrados, dentro del marco de las investigaciones que eventualmente adelante la Fiscalía.

En el comunicado, el abogado sostuvo que estas actuaciones buscan establecer si las críticas formuladas desde el Concejo de Cali frente a la contratación pública obedecen al ejercicio del control político o si, por el contrario, existieron presuntas actuaciones irregulares que deban ser investigadas por las autoridades competentes.

Hasta el momento de la publicación de esta información, el concejal Roberto Ortiz no se había pronunciado públicamente sobre el anuncio de la denuncia.

La entrada Abogado de gerente de Emcali anuncia denuncia penal contra concejal Roberto Ortiz por presuntas presiones en contratación se publicó primero en Nación Paisa.

El alumbrado público en Cali volvió a abrir una discusión clave en la ciudad tras un pronunciamiento de Sintraemcali, que pidió sacar a los operadores privados y pasar a una operación directa a cargo de Emcali. Además, el sindicato reclamó revisar quién llevará el componente legal del próximo proceso contractual, por considerarlo determinante antes de comprometer recursos públicos.

Operación directa: el sindicato pide cerrar un modelo que califica de “fallido”

En un comunicado firmado por su junta directiva y por su presidente, David Vargas Cardona, Sintraemcali afirmó que las próximas semanas serán decisivas para que la Administración Distrital defina el rumbo del sistema de iluminación.

El sindicato sostuvo que, luego de 20 años de delegación en privados, el balance es “fallido”. Con ese argumento, insistió en retirar de forma definitiva el esquema que describe como privatización y consolidar una operación pública integral desde Emcali.

En su balance, la organización también atribuyó al modelo privado “altos costos” para la ciudadanía, a través del impuesto de alumbrado público. Además, aseguró que la modernización no alcanzó los niveles esperados y que hubo zonas que permanecieron a oscuras durante años.

La alerta por el trámite legal en Emcali: Secretaría General y mención a Guadalupe Guerrero

El componente más sensible del pronunciamiento se enfocó en el frente jurídico del proceso que definirá el futuro modelo del servicio. Sintraemcali dijo estar preocupado por la posibilidad de que el trámite quede en manos de la Secretaría General de Emcali.

En esa línea, el sindicato mencionó a Guadalupe Guerrero como titular del área y afirmó que ha recibido cuestionamientos por una presunta cercanía con Juan Carlos Abadía. Ese señalamiento corresponde a una versión del sindicato y, en el texto, no se acompaña de decisiones o hallazgos oficiales.

Por eso, Sintraemcali pidió a la administración del alcalde Alejandro Eder y a la Gerencia General de Emcali una revisión “inmediata y rigurosa”, y reclamó garantías de transparencia antes de avanzar en el proceso contractual.

Emcali ya administra una modernización temporal de luminarias, según el sindicato

Sintraemcali calificó como “saludable” que la Alcaldía haya prorrogado de forma temporal la delegación para que Emcali administre y modernice cerca de 60.000 luminarias. Sin embargo, reiteró que la meta, a su juicio, debe ser una operación pública definitiva, sin tercerización.

Comunicado oficial

El alumbrado público en Cali volvió al centro del debate tras un pronunciamiento de Sintraemcali, que rechazó mantener operadores privados y reclamó que Emcali asuma la operación directa del servicio. Además, el sindicato pidió revisar quién liderará el trámite legal del proceso contractual dentro de la empresa.

La exigencia: operación directa y cierre de la tercerización

En un comunicado firmado por la junta directiva y por su presidente, David Vargas Cardona, el sindicato sostuvo que las próximas semanas serán determinantes para que la Administración Distrital defina el rumbo del sistema de iluminación de la ciudad.

Sintraemcali aseguró que, después de 20 años de delegación a privados, el balance ha sido “fallido”. Por eso, planteó que la salida debe ser una operación pública a cargo de Emcali, con el retiro definitivo del esquema que describe como privatización.

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La alerta por la Secretaría General de Emcali y el nombre de Guadalupe Guerrero

El señalamiento más sensible del pronunciamiento se concentró en el componente jurídico del proceso que definirá el futuro modelo del servicio. Sintraemcali manifestó preocupación porque el trámite quede bajo la Secretaría General de Emcali.

En esa línea, el sindicato mencionó a Guadalupe Guerrero como titular del área. También afirmó que ella ha recibido cuestionamientos por una presunta cercanía con Juan Carlos Abadía. Ese señalamiento es una versión del sindicato y no viene acompañado, en el comunicado, de decisiones o hallazgos oficiales.

La organización pidió a la administración del alcalde Alejandro Eder y a la Gerencia General de Emcali una revisión “inmediata y rigurosa”, y reclamó garantías de transparencia antes de comprometer recursos públicos en el proceso contractual.

Modernización, costos y un antecedente

En su balance, Sintraemcali dijo que el modelo privado se ha traducido en altos costos para la ciudadanía a través del impuesto de alumbrado público. Además, sostuvo que la modernización no alcanzó los niveles esperados y que amplias zonas permanecieron a oscuras durante años.

El sindicato calificó como “saludable” que la Alcaldía haya prorrogado de forma temporal la delegación para que Emcali administre y modernice cerca de 60.000 luminarias. Sin embargo, insistió en que la meta debe ser consolidar una operación pública integral y definitiva.

Comunicado oficial

El alumbrado público en Cali volvió a tensar el debate local luego de que Sintraemcali rechazara que se mantenga un modelo con operadores privados y reclamara que Emcali asuma la operación directa del servicio. En el mismo pronunciamiento, el sindicato lanzó una alerta sobre quién llevará el trámite legal del próximo proceso contractual dentro de la empresa.

El sindicato pide que Emcali asuma el servicio sin tercerización

En un comunicado firmado por su junta directiva y por su presidente, David Vargas Cardona, Sintraemcali planteó que las próximas semanas serán clave para que la Administración Distrital defina el futuro del sistema de iluminación de la ciudad.

La organización sostuvo que, tras 20 años de delegación en privados, el balance es “fallido” y que la salida debe ser una operación pública. El sindicato pidió dejar atrás lo que describió como un esquema de privatización y trasladar de forma definitiva la responsabilidad a Emcali.

Alerta por la Secretaría General de Emcali y mención a Guadalupe Guerrero

El punto más delicado del comunicado se centró en el manejo jurídico del proceso que definirá el esquema del servicio. Sintraemcali dijo estar preocupado porque el trámite quedaría a cargo de la Secretaría General de Emcali.

En esa línea, mencionó a la titular del área, Guadalupe Guerrero, sobre quien afirmó que ha recibido cuestionamientos por una presunta cercanía con Juan Carlos Abadía. El sindicato pidió una revisión “inmediata y rigurosa” por parte de la Alcaldía y de la Gerencia General de Emcali, y reclamó garantías de transparencia antes de comprometer recursos públicos.

En el comunicado, la solicitud se dirige a la administración del alcalde Alejandro Eder y a la dirección de la empresa de servicios públicos.

Comunicado oficial

Sintraemcali rechaza tercerización del alumbrado público y lanza dura alerta por contratación El debate en torno al futuro del alumbrado público en la capital del Valle del Cauca ha entrado en una fase crítica de alta tensión política. A través de un enérgico comunicado firmado por su junta directiva y el presidente de la organización, David Vargas Cardona, el sindicato Sintraemcali manifestó su rechazo absoluto a que se mantenga el modelo de privatización y exigió que las Empresas Municipales de Cali (Emcali) asuman la operación directa del servicio.

Según la organización sindical, las próximas semanas serán definitivas para que la Administración Distrital decida el rumbo de las luminarias de la ciudad, luego de un balance que calificaron como "fallido" tras 20 años de delegación a operadores privados.

La alerta sindical: cuestionamientos en la Secretaría General de Emcali El punto más álgido del pronunciamiento radica en una seria advertencia sobre el proceso contractual que definirá el esquema del servicio. Sintraemcali expresó su profunda preocupación al conocer que el trámite legal quedará bajo la responsabilidad de la Secretaría General de la empresa de servicios públicos.

El sindicato señaló directamente a la titular de esa cartera jurídica:

"La alerta es aún mayor cuando se anuncia que el proceso contractual estará a cargo de la Secretaría General de la empresa, cuya titular, Guadalupe Guerrero, ha recibido graves cuestionamientos relacionados con una presunta cercanía con Juan Carlos Abadía".

Frente a este escenario, la organización de trabajadores exigió una revisión inmediata y rigurosa por parte de la Alcaldía de Cali, liderada por Alejandro Eder, y de la propia Gerencia General de Emcali, advirtiendo que dichos ruidos políticos ameritan total transparencia antes de comprometer los recursos de los caleños.

El balance de las bombillas: altos costos y zonas a oscuras Al evaluar las últimas dos décadas del esquema privado, Sintraemcali denunció que el modelo se tradujo en altos costos asumidos por la ciudadanía mediante el cobro del impuesto de alumbrado público. A pesar del recaudo, afirmaron que los niveles de modernización nunca se alcanzaron y que buena parte de la ciudad se mantuvo a oscuras durante años.

Si bien el sindicato calificó como "saludable" la decisión del alcalde Alejandro Eder de prorrogar temporalmente la delegación para que Emcali administre y modernice cerca de 60.000 luminarias, advirtieron que la meta final debe ser consolidar la operación pública integral y definitiva.

El espejo internacional: el modelo de las grandes capitales Para argumentar que la gestión en manos del Estado es viable y eficiente, Sintraemcali expuso casos de éxito en el panorama global donde la infraestructura urbana no está tercerizada:

Los Ángeles (EE. UU.): Opera 233.000 luminarias LED de manera directa a través de su Bureau of Street Lighting (BSL) y su Departamento de Agua y Energía.

Londres (Reino Unido): Los 32 Borough Councils y la entidad Transport for London (TfL) administran entre 350.000 y 400.000 luminarias.

Singapur: Gestiona un inventario de 110.000 luminarias por medio de la estatal Autoridad de Transporte Terrestre.

La junta directiva concluyó asegurando que Emcali cuenta con la capacidad técnica para transformar el alumbrado público en la piedra angular de una "Cali Inteligente", integrando analítica urbana, seguridad, movilidad y telecomunicaciones, por lo que toda la base de trabajadores se declaró lista para asumir el control del sistema de iluminación sin intermediarios privados.

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La entrada Alumbrado público en Cali: Sintraemcali pide que Emcali opere sin privados y cuestiona el manejo jurídico del contrato se publicó primero en Nación Paisa.

La situación se presenta días después de que la Procuraduría General de la Nación ordenara la suspensión provisional por tres meses del funcionario, al advertir presuntas irregularidades en la planeación y manejo del proceso contractual. Tras conocerse la medida, Mina aseguró públicamente que desde la gerencia no existía ningún proceso en curso, que únicamente se había adelantado un estudio de mercado y que había atendido todos los requerimientos de los entes de control.

No obstante, el veedor ciudadano y abogado Angello Vásquez reveló que tuvo acceso a comunicaciones oficiales enviadas por Emcali a potenciales oferentes, las cuales evidenciarían que sí se estaba desarrollando un proceso con estructura definida. Según Vásquez, los documentos incluyen un cronograma detallado, con etapas, fechas y procedimientos claramente establecidos.

“Lo que conocimos no corresponde a simples intercambios informales. Se trata de un cronograma oficial remitido a los proponentes, donde se fijan fases del proceso y plazos concretos”, señaló el veedor, al advertir que la información contradice de manera directa las declaraciones del gerente suspendido.

Los documentos también contemplan fechas para responder observaciones y remitir términos actualizados, lo que, según el denunciante, demuestra la existencia de una planeación previa y un proceso en desarrollo. A juicio de Vásquez, negar la existencia de dicho procedimiento podría configurar una falsa motivación ante la opinión pública y los organismos de control.

Adicionalmente, se denuncian posibles actuaciones orientadas a favorecer a uno de los proponentes, lo que habría limitado la participación de otros interesados en el proceso licitatorio. Estas presuntas irregularidades deberán ser evaluadas por el Ministerio Público, en el marco de las investigaciones disciplinarias en curso.

La entrada Cuestionan versión del gerente de Emcali tras revelarse documentos sobre contratación de alumbrado público se publicó primero en Nación Paisa.

La decisión cobija a Roger Mina Carbonero, gerente general de EMCALI, y a José David Insuasti Avendaño, gerente de la Unidad Estratégica de Negocio de Energía, quienes deberán separarse de sus cargos mientras avanza el proceso disciplinario.

De acuerdo con la determinación adoptada por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, la suspensión provisional se fundamenta en la naturaleza de la falta investigada y en un juicio de inferencia que, según el ente de control, evidencia la posibilidad de que el comportamiento presuntamente irregular continúe o se repita.

El organismo disciplinario señaló que la medida es necesaria y proporcional, en la medida en que busca proteger el correcto funcionamiento de la administración pública mientras se adelantan las actuaciones correspondientes. En ese sentido, la suspensión se aplicará de manera inmediata y deberá ser sometida al grado de consulta ante la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación.

Además de ordenar la suspensión, la Procuraduría dispuso la práctica de pruebas dentro de la investigación y la notificación formal a los funcionarios implicados, quienes podrán ejercer su derecho a la defensa y solicitar rendir versión libre sobre los hechos materia de investigación.

La decisión también fue comunicada al alcalde del Distrito de Santiago de Cali, Alejandro Eder, para los fines administrativos correspondientes.

Por ahora, el proceso disciplinario continúa en etapa de instrucción, mientras se evalúa el alcance de las presuntas irregularidades y la eventual responsabilidad de los funcionarios suspendidos.

La entrada Procuraduría abre investigación y suspende por tres meses a altos directivos de EMCALI se publicó primero en Nación Paisa.

En un oficio fechado el 5 de diciembre de 2025, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública señaló que EMCALI no ha definido de manera clara un procedimiento contractual, con etapas, plazos y reglas públicas, lo que impide determinar con precisión si el proceso de selección del aliado estratégico se encuentra abierto, en planeación o en ejecución.

El organismo de control indicó que, aunque EMCALI aseguró no haber iniciado formalmente un proceso de contratación, sí envió invitaciones no vinculantes a posibles interesados, las cuales —según la Procuraduría— no cuentan con un soporte documental que las ubique claramente dentro de una etapa de planeación. Esta falta de definición, advierte el ente, genera riesgos frente a los principios de transparencia, publicidad y debido proceso.

La Procuraduría también cuestionó que EMCALI haya sustentado parte de su respuesta en normas y jurisprudencia del Estatuto General de Contratación Pública, a pesar de que la propia empresa ha reconocido que su régimen contractual se encuentra exceptuado de dicho estatuto. Para el ente de control, esta argumentación no da respuesta concreta a los requerimientos formulados, especialmente en lo relacionado con un contrato de consultoría suscrito con Moreno Servicios Legales S.A.S.

En ese punto, el documento advierte que EMCALI no precisó cuáles actuaciones se adelantaron tras la finalización del contrato ni qué requerimientos específicos se realizaron al contratista durante la etapa de liquidación, limitándose a respuestas generales que, según la Procuraduría, no permiten verificar el cumplimiento de los deberes contractuales ni el uso de los recursos públicos.

Otro de los aspectos señalados fue la falta de publicación de información en el SECOP II. La Procuraduría recordó que la Ley 2195 de 2022 obliga a publicar los documentos contractuales desde la etapa precontractual, independientemente de si el proceso se considera formalmente abierto o no. La ausencia de esta información, indicó, impide el acceso ciudadano y el control social.

Ante estas inconsistencias, la Procuraduría exhortó a EMCALI a reiniciar el proceso de selección del aliado estratégico, definir previamente un procedimiento claro y público, establecer un cronograma completo y garantizar la publicidad de toda la actuación contractual, desde sus fases iniciales.

El ente de control solicitó a EMCALI entregar una respuesta detallada y documentada a todas las observaciones en un plazo de tres días, advirtiendo que la omisión o evasión de información podría constituir una vulneración de los deberes de los servidores públicos.

La entrada Procuraduría cuestiona respuesta de EMCALI y advierte falta de claridad en alianza para alumbrado público se publicó primero en Nación Paisa.

La petición fue radicada ante la Unidad Anticorrupción y la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía. Según el documento, la solicitud se sustenta en el papel de la Junta Directiva como máximo órgano de dirección y control de la empresa, con responsabilidad en la aprobación de decisiones estratégicas y en la supervisión de los procesos contractuales.

🚨Alerta #Cali | Solicitamos vincular a la Junta Directiva de EMCALI a investigación penal por presunto direccionamiento contractual

La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, en cabeza de su presidente, el exjuez de la República Luis Miguel Marimón Reyes, solicitó a la… pic.twitter.com/cY70iWD64R

— Control360/Veeduría Nacional (@Control360_jus) December 17, 2025

De acuerdo con la Veeduría, el contrato de alumbrado público, por su cuantía, alcance y duración, requería estudios previos completos, una planeación rigurosa y reglas claras que garantizaran la libre concurrencia y la selección objetiva. La entidad advirtió que la ausencia o posible manipulación de estos elementos podría configurar delitos contra la administración pública, como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado.

El comunicado también señala que resulta relevante establecer si la Junta Directiva de EMCALI conoció, autorizó, permitió u omitió acciones frente a un proceso contractual de alto impacto económico que actualmente es objeto de investigación penal.

La Veeduría citó jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, según la cual los órganos directivos de entidades estatales no pueden eludir su responsabilidad de control mediante delegaciones administrativas, y advirtió que la omisión en el ejercicio de vigilancia puede derivar en consecuencias disciplinarias, fiscales y penales.

Hasta el momento, EMCALI no se ha pronunciado públicamente frente a la solicitud presentada ante la Fiscalía.

La entrada Veeduría pide vincular a la Junta Directiva de EMCALI a investigación penal por contrato de alumbrado público se publicó primero en Nación Paisa.

El ente de control señaló que la empresa no ha definido un documento oficial que establezca las etapas, plazos y reglas del proceso, lo que impide determinar en qué momento inicia formalmente la selección del aliado estratégico. La Procuraduría también advirtió inconsistencias en la afirmación de EMCALI según la cual la “invitación no vinculante” enviada a potenciales interesados forma parte de la etapa de planeación, sin que exista un soporte previo que lo respalde.

Preocupación por uso del Manual de Contratación

El oficio menciona que EMCALI habría aplicado artículos de su Manual de Contratación para justificar la solicitud de ofertas no vinculantes, pese a que dicho manual excluye las alianzas estratégicas de su ámbito de aplicación. Según la Procuraduría, esa interpretación podría desconocer normas internas y principios constitucionales como transparencia, buena fe y debido proceso.

Observaciones sobre un contrato de consultoría

La Procuraduría también cuestionó la respuesta de la empresa frente a las observaciones sobre el contrato 500-CCT-3176-2025, relacionado con la consultoría del proceso. Indicó que EMCALI utilizó jurisprudencia sobre el Estatuto General de Contratación Pública, pese a que ese régimen no aplica a la empresa. Además, señaló que la entidad no detalló qué actuaciones se han realizado desde la finalización del contrato ni qué requerimientos se han dirigido al contratista en etapa de liquidación.

Falta de información en SECOP II y ausencia de archivos solicitados

El organismo reiteró que EMCALI no ha publicado en SECOP II los documentos del proceso, incluidos aquellos de carácter precontractual como la invitación no vinculante y las ofertas recibidas, pese a lo dispuesto por la Ley 2195 de 2022. También reportó que la carpeta digital enviada por la empresa no contiene los correos con las ofertas ni sus destinatarios, lo que impide conocer la trazabilidad del procedimiento.

Recomendación: reiniciar todo el proceso

Tras analizar todas las respuestas, la Procuraduría concluyó que persisten posibles vulneraciones a principios como transparencia y publicidad, y recomendó a EMCALI reiniciar el proceso de selección del aliado estratégico, garantizar la publicación de todos los documentos desde la etapa precontractual, definir un procedimiento claro y contar con los productos completos de la consultoría antes de continuar.

La Procuraduría solicitó una respuesta detallada en máximo tres días, con documentos de soporte y aclaraciones completas.

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