El Gobierno nacional expidió los Decretos 0707 y 0708 de 2026, con los que busca fortalecer la pequeña minería en Colombia mediante mecanismos de financiación, formalización laboral y acompañamiento a las comunidades que desarrollan esta actividad.

Las normas, expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, crean un nuevo esquema institucional que pretende facilitar el acceso de los pequeños productores a recursos, asistencia técnica y programas de desarrollo productivo.

El Decreto 0707 pone en funcionamiento el Fondo de Fomento Minero, una entidad con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, que tendrá la misión de financiar proyectos relacionados con la formalización minera, la innovación, la tecnificación, la seguridad en las labores de extracción y el fortalecimiento empresarial de los pequeños mineros.

Además, el fondo podrá gestionar recursos provenientes del Gobierno nacional, entidades territoriales, organismos financieros y cooperación internacional para respaldar iniciativas en toda la cadena productiva, desde la capacitación hasta la transformación y comercialización de minerales.

Por su parte, el Decreto 0708 reglamenta el Programa de Reconversión Productiva de Actividades Mineras, orientado a brindar alternativas económicas a las comunidades que deban modificar o abandonar esta actividad por razones ambientales, sociales o económicas.

Entre las acciones previstas se encuentran programas de emprendimiento, formación, certificación de competencias laborales y acceso a nuevas oportunidades de empleo, en articulación con entidades como el SENA, Prosperidad Social y diferentes ministerios.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, aseguró que las nuevas disposiciones representan uno de los principales avances institucionales para el sector en los últimos años.

«Estos decretos marcan un antes y un después para la minería colombiana. Por primera vez el Estado crea una institucionalidad robusta para respaldar al pequeño minero y garantizar una transición con oportunidades, financiación, formación y acompañamiento para las comunidades», afirmó el funcionario.

Según el Gobierno, las medidas buscan consolidar una minería más formal, productiva, segura y sostenible, al tiempo que fortalecen las economías locales y promueven el desarrollo de miles de familias que dependen de esta actividad.

La administración nacional señaló que la estrategia hace parte de su política de transición minera y energética, con el propósito de combinar el aprovechamiento de los recursos naturales con el desarrollo económico de las regiones y el acompañamiento a las comunidades en procesos de transformación productiva.

Con información del Ministerio de Minas y Energía.

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La entidad explicó que la medida busca facilitar el acceso a las ayudas económicas dirigidas a las personas mayores en condición de vulnerabilidad y garantizar que ningún beneficiario pierda la oportunidad de reclamar el subsidio por vencimiento del plazo.

Durante este quinto ciclo de pagos, el Gobierno nacional destina una inversión superior a 649.192 millones de pesos, recursos con los que se benefician cerca de tres millones de adultos mayores en todo el territorio nacional.

Según el balance entregado por Prosperidad Social, la entrega de los incentivos ya supera el 92 %. Los departamentos con mayor nivel de cumplimiento son Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Magdalena, Sucre, Cesar, Caldas, La Guajira, Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Huila, Casanare, Arauca, Amazonas y Vichada.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, hizo un llamado a quienes aún no han reclamado el subsidio para que aprovechen la ampliación del plazo.

«Invitamos a las personas beneficiarias de Colombia Mayor a acercarse a los puntos autorizados y reclamar su transferencia antes del 30 de junio. Esta ampliación busca facilitar el acceso a los recursos y garantizar que más personas mayores reciban este apoyo fundamental para su bienestar y atención de necesidades básicas», señaló el funcionario.

La entrega de los recursos continúa a través de SuperGIROS y SuRED, operadores que cuentan con más de 31.000 puntos de atención distribuidos en zonas urbanas y rurales del país, permitiendo que los beneficiarios puedan retirar el incentivo cerca de su lugar de residencia.

Prosperidad Social también recomendó mantener actualizados los datos de contacto para recibir información sobre los próximos ciclos de pago y acudir únicamente a los puntos autorizados para evitar inconvenientes durante el proceso.

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La liquidación del Ministerio de la Igualdad avanza mientras crecen las protestas de trabajadores por la incertidumbre laboral, en un cierre que quedó marcado por el revés jurídico que tumbó la ley de creación de la cartera. El proceso reabrió la discusión sobre su tamaño presupuestal, los cuestionamientos a la ejecución y el reparto de tareas con entidades que ya operaban políticas sociales.

La Corte Constitucional tumbó la Ley 2281 de 2023 y dejó un plazo para corregir

El ministerio nació con la Ley 2281 de 2023, pero la Corte Constitucional declaró inexequible esa norma en mayo de 2024. El alto tribunal concluyó que el Congreso aprobó la creación sin el análisis de impacto fiscal exigido, un vicio de procedimiento que calificó como insubsanable.

Según esa decisión, no se expuso con claridad el costo de abrir una nueva cartera ni la fuente de financiación correspondiente. Aun así, la Corte permitió que el ministerio siguiera operando de manera transitoria para evitar traumatismos institucionales, y fijó como límite el año 2026 para resolver el problema mediante una nueva ley.

En ese marco, el Gobierno intentó impulsar otra vez el proyecto, pero no consolidó el respaldo legislativo necesario. Con esa puerta cerrada, la liquidación avanzó y dejó en primer plano el reto administrativo de ajustar competencias y personal sin perder la continuidad de programas que se habían anunciado desde la cartera.

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Presupuesto público y ejecución: las cifras que alimentaron el debate

La discusión fiscal acompañó al ministerio desde su arranque. Para 2024, la apropiación habría rondado los $1,5 billones, una cifra que en el debate público de ese periodo se comparó con presupuestos de carteras tradicionales.

Sin embargo, las críticas se concentraron en la velocidad de la inversión. En el primer trimestre de 2024 se divulgó una ejecución de inversión de 0 %, cuando el ministerio llevaba pocos meses de operación.

Hacia finales de 2024, informes periodísticos mencionaron un presupuesto cercano a los $1,8 billones y describieron desembolsos limitados, con gasto concentrado en funcionamiento y nómina. Reportes conocidos en 2026 añadieron que la ejecución de inversión durante 2025 habría cerrado en niveles cercanos al 5 %.

Liquidación del Ministerio de la Igualdad: reubicar funciones en Prosperidad Social, ICBF y otros sectores

Más allá de las cifras, otro punto de fricción fue la duplicidad de funciones. Antes de 2023, políticas para mujeres, comunidades étnicas, juventudes, discapacidad y población vulnerable ya pasaban por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el ICBF y ministerios como Interior, Trabajo y Educación, además de consejerías presidenciales.

El Gobierno defendió la creación del ministerio como una forma de visibilizar poblaciones históricamente excluidas y coordinar programas de igualdad y equidad. También sostuvo que avanzó en formulación de políticas públicas y estrategias territoriales, aunque incluso sectores cercanos al Ejecutivo han reconocido que los resultados no quedaron en proporción con el presupuesto y las expectativas.

Con la liquidación en marcha, el desafío inmediato es práctico: redistribuir programas y responsabilidades en instituciones preexistentes, mientras persisten las protestas internas por el futuro laboral. El caso, además, deja una discusión abierta sobre el diseño del Estado y el costo de crear nuevas estructuras sin estudios financieros sólidos ni una delimitación clara de competencias.

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Durante este periodo se destinarán 323.495 millones de pesos, recursos que beneficiarán a 763.312 hogares en diferentes regiones del país.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, señaló que el objetivo de estos programas es apoyar a las familias en condición de vulnerabilidad mediante transferencias económicas directas.

“Con este primer ciclo seguimos garantizando que las transferencias lleguen a los hogares que más lo necesitan. Nuestro compromiso es fortalecer la protección social, apoyar el cuidado en las familias y contribuir a que miles de hogares en situación de pobreza puedan mejorar sus condiciones de vida”, afirmó.

Hogares priorizados

La entidad explicó que, a través de la línea de valoración del cuidado, se prioriza a hogares clasificados en pobreza extrema dentro del Sisbén, especialmente:

• Familias monoparentales con niños menores de 6 años

• Hogares con personas con discapacidad que requieren cuidado permanente

Asimismo, se mantendrá el enfoque diferencial para pueblos indígenas, con transferencias dirigidas a más de 35.000 hogares indígenas durante este primer ciclo de 2026.

Modalidad de pago

Para esta jornada, la entrega de los recursos se realizará mediante la modalidad de giro para todos los beneficiarios.

La cobertura nacional se garantizará a través de la unión temporal conformada por SuRed y Supergiros, encargadas de distribuir los pagos en los diferentes municipios del país.

Canales oficiales y advertencia a beneficiarios

Prosperidad Social reiteró que todos los trámites relacionados con estos programas son gratuitos y no requieren intermediarios, por lo que recomendó a los beneficiarios consultar únicamente los canales oficiales para evitar posibles fraudes.

Entre los medios habilitados para información y consultas se encuentran:

• Página web oficial de Prosperidad Social

• Canal de contenido de WhatsApp

• Formulario web para PQRSDF

• Gerencias territoriales y regionales de la entidad

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La nueva jefa de cartera es abogada y comunicadora social, especialista en Opinión Pública, con estudios avanzados en Análisis de Problemas Económicos, Políticos e Internacionales. Actualmente, cursa una Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad de Nebrija.

Amplia trayectoria en el sector público

Con 25 años de experiencia en gestión pública, Rojas Mantilla se ha destacado en el desarrollo urbano y la descentralización. Hasta su nombramiento, se desempeñó como subdirectora general de Prosperidad Social, donde en menos de un año logró reactivar 71 obras inconclusas, entregando 48 a las comunidades.

Durante su gestión, también lideró la estructuración y contratación de 213 nuevas obras, incluyendo los 150 Puntos de Abastecimiento Solidario (PAS), un programa clave en la lucha contra el hambre en el país.

Entre 2012 y 2013, fue directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá, donde trabajó en la reestructuración de la entidad tras el escándalo del «carrusel de la contratación», promovió el proyecto del cable aéreo de Ciudad Bolívar y gestionó 200 frentes de obra en la capital.

Además, fue concejal de Bogotá durante ocho años y presidenta del Concejo en 2021. También ha trabajado en el Consejo Nacional Electoral y ha asesorado en temas presupuestales para la implementación de los acuerdos de paz.

Prioridades en el Ministerio de Transporte

Como nueva ministra, María Fernanda Rojas Mantilla enfocará su gestión en consolidar acciones enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo, con el objetivo de cerrar brechas sociales a través de la infraestructura de transporte.

Siguiendo el programa del Gobierno del Cambio, su labor se centrará en impulsar una movilidad con enfoque de justicia social, económica y ambiental, promoviendo un modelo intermodal que integre diferentes sistemas de transporte para el desarrollo del país.

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Denuncia y archivo del proceso

La investigación inició luego de una denuncia presentada por la exsenadora Paloma Valencia y publicada el 11 de mayo de 2023 en el diario El Espectador. Sin embargo, tras analizar los hechos, la Procuraduría resolvió la terminación de la investigación y el archivo definitivo del caso, decisión que no admite recursos.

Cuando fuí directora del DPS, por el hecho de garantizar las transferencias de la renta ciudadana a través del Banco Agrario con todo el fundamento jurídico para hacerlo y a pesar de haber logrado demostrar que lo de la congestión (que siempre se había dado y esa vez se dio en… pic.twitter.com/osMlVMm7GN

— Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) February 14, 2025

Respuesta de Cielo Rusinque

Luego de conocer la resolución, la exdirectora del DPS se pronunció sobre el fallo:

🗣️ «Cuando fui directora del DPS, garantizar las transferencias de la renta ciudadana a través del Banco Agrario se convirtió en una razón para atacarme. A pesar de demostrar que la congestión en los pagos fue resultado de una campaña de desinformación y no de negligencia mía, fui difamada y perseguida. Hoy, casi dos años después, la misma Procuraduría me da la razón archivando el proceso en mi contra.»

Rusinque también recordó que, en su momento, Paloma Valencia tuvo que retractarse por las acusaciones en su contra. Además, criticó a los medios de comunicación que, según ella, «defendieron los intereses de los bancos» y contribuyeron a su desprestigio.

Cierre de un caso polémico

Con esta decisión, la Procuraduría pone punto final a una investigación que generó controversia en el ámbito político y administrativo. El fallo refuerza la legalidad del contrato con el Banco Agrario y desestima las acusaciones de irregularidades en la ejecución del programa Familias en Acción.

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Así lo expresó la subdirectora de Programas y Proyectos de la entidad, María Fernanda Rojas, quien participó este jueves en la Mesa de seguimiento de los compromisos y acciones del derecho a la seguridad alimentaria, en el marco del Plan de Acción Provisional de esa sentencia.

En respuesta al compromiso establecido para responder a la crisis en el departamento, Prosperidad Social implementó un proyecto para desarrollar 2.400 unidades productivas de alimentos para el autoconsumo (UPAA), en las comunidades wayuu de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia.

Así respondió al objetivo 2 del fallo, que señala la necesidad de mejorar los programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura de los programas de seguridad alimentaria en La Guajira.

2.100 hogares fueron atendidos durante la intervención realizada entre diciembre de 2022 y octubre de 2023. Con las lecciones aprendidas de la primera intervención, Prosperidad Social realizó un ajuste en la metodología, para atender a 300 hogares faltantes, mediante una intervención comunitaria.

La entidad ha venido trabajando de la mano con las 74 comunidades indígenas de Manaure, lo que le permitirá llegar a cerca de 2.450 hogares en total; es decir, que superará la meta inicialmente establecida en el compromiso.

Con las UPAA, la entidad promueve el acceso y consumo de alimentos saludables en poblaciones pobres y vulnerables, a través de la producción de alimentos para el autoconsumo, y la promoción de una alimentación y estilos de vida saludables.

El Dato:

• Prosperidad Social ha acompañado a 2.100 hogares wayuu, a través de unidades de producción de alimentos, en el marco del Plan Provisional, y espera superar la meta anunciada en este compromiso.

• La subdirectora de Programas y Proyectos de la entidad, María Fernanda Rojas, participó este jueves en la Mesa de seguimiento de los compromisos y acciones de la Sentencia T-302.

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Para alcanzar este propósito, el Departamento trabaja integralmente en la formulación y ejecución de políticas sociales, además realiza la coordinación de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Centro de Memoria Histórica.

Este Departamento está a cargo del programa Tránsito a Renta Ciudadana, al q​ue el gobierno del Cambio destinó $7 billones para garantizar la atención a las familias beneficiadas. Este programa beneficiará a cerca de 3,3 millones de hogares, 1,4 millones más de los que tuvo Familias en Acción a su cargo, lo que representa un aumento de 42,4% en cobertura.

Así, el Gobierno asegura que garantizará un ingreso digno, de hasta $500.000 mensuales, a las familias en pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad. De esta manera, podrán conseguir autonomía económica y acceso a los derechos fundamentales de educación y salud.

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La entrada Laura Sarabia se posesionó como directora del Departamento de Prosperidad Social se publicó primero en Nación Paisa.

En Tuchín, la entidad aprovechó el incentivo de Tránsito a Renta Ciudadana para motivar a sus beneficiarios a participar del Mercado Campesino por la Inclusión. Fueron convocados 30 productores locales, que también hacen parte de la población vulnerable y que han sido apoyados por otros programas de Prosperidad Social. Sirleydis Beltrán es integrante del pueblo zenú. Vino con su familia desde Flechas, comunidad apoyada por uno de los ciclos recientes del programa Iraca, de Prosperidad Social. Trajeron yuca, coco, guayaba agria, berenjena y huevos. Habló con satisfacción de la jornada: “Todo lo que traíamos se vendió. Las personas del municipio de Tuchín que están cobrando la Renta Ciudadana nos compraron todo lo que trajimos del campo”.

Arleth Flórez es una artesana del pueblo zenú. Reclamó alrededor de 600 mil pesos de Tránsito a Renta Ciudadana. Comprar alimentos para sus cuatro hijos y un ventilador fue una de sus prioridades. En Tuchín la temperatura promedio es de 37 grados, según los registros oficiales; pero la gente dice que puede llegar fácilmente a los 40. “Comprar útiles escolares, una cama, un escaparate, todo eso es bienestar”, dice. También tiene un anhelo en relación con la comercialización de los sombreros vueltiaos que elabora: “Somos un pueblo indígena de bajos recursos. Vivimos del día a día. Necesitamos una cooperativa que venda directamente para que recibamos lo que valen nuestras artesanías. Somos los que las fabricamos con nuestras propias manos”.

En Tuchín, son 6.556 los hogares beneficiados del programa. De estos, 6.135 son indígenas. Es el municipio con la mayor concentración de familias de comunidades étnicas participantes. Por la situación de desnutrición y mortalidad infantil en el modelo de priorización territorial, el municipio recibe cerca de 4.610 millones de pesos, uno de los montos más altos para estos entes territoriales. Tuchín cobró relevancia en el análisis de la proyección de la inversión que Tránsito a Renta Ciudadana realizó, porque la cantidad de inversión que el programa entregará en 2023 es grande en relación con el tamaño de su economía (PIB municipal) y tiene uno de los PIB –Producto Interno Bruto– per cápita más bajos de Colombia. En Córdoba un total de 137.555 hogares en pobreza extrema o vulnerabilidad tienen disponible ya la primera transferencia de Tránsito a Renta Ciudadana. El presupuesto destinado para este primer pago, en el departamento, es de $61.842.760.000 (cerca de 61.843 millones de pesos) con un incremento del 114,2 %, en comparación con 2022.

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El subdirector de Programas y Proyectos de Prosperidad Social, Carlos Chinchilla Imbett, anunció este martes (21 de febrero) que la entidad tendrá 11.450 hogares participantes durante la intervención actual (2022-2023) del programa Familias en su Tierra, con el que ofrece atención integral a hogares víctimas de desplazamiento. Esta cifra incluye 3.828 hogares de la zona 1, para la cual la entidad anunció atención en diciembre pasado. Familias en su Tierra es un programa que contribuye a la estabilización socioeconómica de los hogares víctimas de desplazamiento forzado, que han retornado a su tierra o han sido reubicados. Como intervención integral que es, incluye el fortalecimiento del capital humano y social, la seguridad alimentaria, la habitabilidad y la generación o fortalecimiento de proyectos productivos.

Esta es la novena intervención del programa. Los cupos están distribuidos en cuarenta municipios, de diecisiete departamentos, que la entidad agrupa en tres zonas de intervención. Para la ejecución, Prosperidad Social destinará más de 101.437 millones de pesos ($101.437.929.299). Los departamentos con más cupos son Antioquia (2.400), Cauca (1.651) y Norte de Santander (1.440). En la zona 1 ya está en implementación. Para la zona 2, comenzó esta semana el trabajo de articulación municipal, para definir las veredas y corregimientos a donde llegará el programa. Se prioriza los de mayor concentración de hogares víctimas. Y para la zona 3 se espera que inicie proceso las próximas semanas. Chinchilla expuso esta y otras acciones de Prosperidad Social para el cumplimiento de la Ley de Víctimas (1448 de 2011), durante la sesión de seguimiento a las recomendaciones del noveno informe de la Comisión para el Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la ley (CSMLV), este martes. La comisión está conformada por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría General de la República y representantes de las Víctimas.

Durante la sesión la entidad expuso también estados, avances y resultados en otros programas con los cuales la entidad respondió a las recomendaciones de la comisión: 1.968 jóvenes víctimas atendidos durante 2022 con el piloto Jóvenes Transformadores (en alianza con Propacífico) y 1.113 víctimas entre los participantes del cuarto bono de impacto social (BIS) que ejecuta –en alianza con la Corporación Inversor–, en Medellín, Barranquilla y Bogotá. La Ley de Víctimas establece medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Reconoce los derechos que tienen las víctimas a saber la verdad, a ser reparadas en el daño sufrido, a recibir justicia y a que los hechos que les causaron dolor en el pasado no vuelvan a ocurrir. Ordenó la conformación de la CSMLV, para hacer seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de las medidas contenidas en esta ley, y entregar los informes al Congreso de la República.

La entrada Víctimas de desplazamiento forzado serán beneficiados con más de 101.437 millones de pesos se publicó primero en Nación Paisa.