La decisión de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de retirar la única medida vigente —un chaleco antibalas— al concejal de Medellín y líder social José Luis Marín Mora, conocido como “Aquino”, ha generado preocupación y rechazo por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos.

El propio concejal dejó constancia pública de la resolución, señalando en su cuenta de X:

“Después de las múltiples amenazas a mi vida denunciadas en Medellín, la @UNPColombia considera que no existe riesgo para mi integridad y por tanto retira la única medida existente, chaleco antibalas. Esta constancia, ante cualquier efecto”.

Resolución cuestionada

La UNP, a través del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), clasificó el nivel de riesgo de Marín como “ordinario”. La decisión, oficializada en agosto de 2021 y reiterada en la más reciente resolución, implica que el Estado no mantendrá esquemas de protección a pesar de las denuncias y amenazas que pesan sobre el concejal.

Para organizaciones sociales como la Fundación Sumapaz y la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), esta medida desconoce la realidad de riesgo que enfrentan líderes sociales y políticos en Medellín y Antioquia, territorios históricamente marcados por la violencia y la presencia de estructuras criminales.

Reacciones de organizaciones sociales

La Fundación Sumapaz expresó que la resolución de la UNP “reduce a una categoría burocrática el alto nivel de riesgo” que enfrenta Aquino, y la calificó como una fractura del compromiso institucional con la seguridad de los defensores de derechos humanos.

“Esta respuesta de la UNP se aparta de los principios de protección que deben imperar y revela una desconexión entre el discurso protector y la realidad vivida”, indicó la organización, señalando que se trata de un acto que pone en entredicho el deber del Estado como garante de derechos fundamentales.

Por su parte, Corpades denunció lo que considera un “desmonte sistemático” de esquemas de seguridad en el país, advirtiendo que las decisiones de la UNP ponen en riesgo directo la vida de líderes sociales.

“Responsabilizamos directamente al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, y a las instituciones con voz y voto en el CERREM por cualquier hecho que afecte la vida o integridad de José Luis Marín. Este caso es reflejo de la crisis ética y política que atraviesan las instituciones en Colombia”, afirmó la corporación.

Contexto de amenazas a líderes sociales

La alerta no es nueva. En 2020, la UNP había advertido sobre el alto nivel de riesgo que enfrentan líderes y lideresas en Medellín, una situación que según organizaciones locales se ha mantenido e incluso agravado.

Colombia continúa registrando cifras alarmantes de asesinatos y amenazas contra defensores de derechos humanos, sindicalistas y líderes comunitarios. En este escenario, la decisión de retirar medidas de protección es vista por críticos como un retroceso y una muestra de indiferencia estatal.

Llamado urgente

Las organizaciones hicieron un llamado al presidente Gustavo Petro, a la sociedad civil y a organismos internacionales para que intervengan en este caso y se garantice la protección del concejal Marín.

“El derecho a la vida y la integridad no puede reducirse a un trámite administrativo. La protección no es un favor, es un deber ético y político”, concluyeron Sumapaz y Corpades en sus pronunciamientos.