El Gobierno nacional anunció la implementación de una nueva subasta de energía eléctrica a largo plazo, que deberá ponerse en marcha antes del 31 de julio de 2026, con el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y fortalecer la transición energética en el país.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 40208 del 21 de abril de 2026 del Ministerio de Minas y Energía, en cumplimiento del Decreto 1091 de 2025, que establece los lineamientos de política pública para la contratación energética de largo plazo.

Según la normativa, el nuevo esquema permitirá la contratación de proyectos de generación, almacenamiento, transmisión y distribución de energía, ampliando el alcance de planificación del sector eléctrico para responder a la creciente demanda y a los riesgos asociados al cambio climático.

La subasta estará abierta a generadores, autogeneradores y comercializadores, quienes podrán participar en un mecanismo que busca diversificar la matriz energética e incentivar la inversión en fuentes no convencionales de energía renovable.

Uno de los puntos clave es que se adjudicarán contratos de hasta 15 años, con inicio de obligaciones desde 2030, incluyendo productos específicos para energía solar, proyectos híbridos con almacenamiento y suministro en horas de alta demanda. Además, se contempla una subasta adicional con inicio en 2035, lo que extiende la planeación energética a más largo plazo.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que esta estrategia busca reducir la exposición del mercado eléctrico a la volatilidad de precios y prevenir riesgos de desabastecimiento.

“El país necesita dejar atrás la improvisación energética y construir seguridad con visión de largo plazo. Esta subasta abre la puerta a nuevas inversiones en energías limpias y permitirá proteger a los usuarios frente a la volatilidad tarifaria”, afirmó el funcionario.

La decisión se produce en medio de alertas sobre posibles riesgos de cobertura de la demanda a partir de 2027, especialmente ante escenarios de estrés climático y fenómenos como El Niño, que podrían afectar la generación energética.

Con esta medida, el Gobierno apuesta por una matriz energética más resiliente, diversificada y menos dependiente de fuentes vulnerables al cambio climático, en un contexto donde la transición energética se consolida como uno de los principales desafíos del país.