Este miércoles 24 de enero, la Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario y suspendió provisionalmente por tres meses, al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán. La decisión fue tomada por las posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes.

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En tal sentido, se informó que la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo.

La primera, al declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.

En segundo lugar, el organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.

De igual manera, se destacó que, sobre la decisión de la suspensión provisional, la Sala Disciplinaria sostuvo que la medida se tomó en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes.

Finalmente, la Entidad dispuso el archivo de la investigación a favor del secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez.

Mientras este proceso sigue su curso, en otra instancia, persiste la posibilidad de que Thomas Greg & Sons, la única empresa que participó en el infructuoso proceso licitatorio, inicie una demanda millonaria contra el Estado. Alega que se vulneraron sus derechos como contratista cuando el proceso de licitación quedó sin adjudicación.