Por: Germán Calderón España.

Juanita León García lleva más de quince años construyendo una marca poderosa: la del periodismo independiente en Colombia. La Silla Vacía se presenta ante sus lectores como un medio que fiscaliza el poder, que revela los vínculos entre el dinero y la política, que expone los conflictos de interés de empresarios, funcionarios y políticos. Es, en sus propias palabras, un medio que cree que «el periodismo debe ser un contrapeso al poder».

Pero hay un poder que La Silla Vacía no ha contrapesado nunca: el suyo propio.

I. Una familia, un emporio, un medio

Juanita León no es simplemente una periodista que fundó un portal de noticias. Es hija de Jorge Fernando León Dub, cofundador de Quala S.A. — una de las cinco empresas de consumo masivo más grandes de Colombia, con ventas anuales superiores a los $100.000 millones de pesos y presencia en diez países de América Latina. Quala fabrica y distribuye Vive 100, la bebida energizante más vendida del país, y Bonice, una de sus marcas de helados y postres.

La familia no se detiene ahí. Jorge Fernando León Dub también fundó el Grupo Bretano, un conglomerado de empresas químicas — Química Comercial Andina, Química Aromática Andina, Marvar Comercial y Resoco — que factura entre $20.000 y $100.000 millones de pesos anuales solo en Colombia y tiene operaciones en más de siete países de América Latina.

Con ese capital familiar, en enero de 2009, se constituyó Blogosfera Producciones S.A.S., la sociedad que dio vida a La Silla Vacía. Los accionistas fundadores fueron Juanita León García, su padre Jorge Fernando León Dub, su madre Fabiola García de León, su tío José Patricio Marcelo León Dub — fundador de Disan Colombia S.A.S., con ingresos de $275.000 millones en 2021 — y su primo Nicolás Acosta Amador.

La Silla Vacía, en otras palabras, nació como una empresa familiar de una de las familias empresariales más poderosas de Colombia. Eso no es un pecado. Pero sí, en su Desarrollo, existe un conflicto de interés que el medio nunca ha declarado con suficiente ética y transparencia.

II. El NIT que lo confirma todo

Los documentos que reposan en la Cámara de Comercio de Bogotá no dejan lugar a dudas. Blogosfera Producciones S.A.S., NIT 900.265.398-8, matrícula 01868649, es en mi opinion, la sociedad detrás de La Silla Vacía. En agosto de 2024, Juanita León cedió el 100% de sus acciones a la Fundación La Silla Vacía, NIT 901.829.341-4 — una fundación que ella misma preside como representante legal —, en un movimiento que el medio presentó como una señal de independencia editorial, pero que, en la práctica, mantiene el control en las mismas manos.

Lo que los documentos revelan, adicionalmente, y que no ha sido ampliamente reportado, es la existencia de una sociedad americana: La Silla Vacia LLC, registrada en Florida el 12 de abril de 2023 bajo el documento L23000177658. Su manager designada: Juanita Leon Garcia. Su único miembro (sole member): Blogosfera Producciones S.A.S., la sociedad colombiana. La empresa tiene domicilio en 1000 Brickell Avenue, Suite 400, Miami, Florida — el corazón financiero de la ciudad que concentra las estructuras corporativas de grandes fortunas latinoamericanas.

«¿Para qué necesita un medio de periodismo político colombiano una LLC en Miami?»

— Pregunta que los registros corporativos dejan sin responder

III. Los $90 millones que La Silla no reportó

En 2018, mientras La Silla Vacía cubría activamente la política del Centro Democrático, Quala S.A. — la empresa de la familia de Juanita León — realizó tres aportes que suman $90 millones de pesos al Partido Centro Democrático, según consta en el portal Cuentas Claras de la Registraduría Nacional, de acceso público.

La Silla Vacía no publicó ni una línea sobre esta donación.

El conflicto es estructural: el partido que recibió dinero de la familia de la directora era uno de los partidos que La Silla cubría con mayor intensidad. No se trata de acusar a Juanita León de favorecer editorialmente al uribismo — su línea editorial ha sido frecuentemente crítica de ese sector. Se trata de algo más sutil y más grave: la omisión deliberada de información que afecta directamente la percepción que sus lectores tienen sobre la independencia del medio.

La Silla Vacía ha publicado decenas de artículos rastreando donaciones de empresas a partidos políticos. Nunca ha publicado uno rastreando las donaciones de su propia familia.

IV. Los trabajadores de Vive 100 y Bonice: el silencio más elocuente

En 2023, investigadores de la Corporación Universitaria Remington publicaron un estudio sobre la situación laboral de los vendedores ambulantes de Vive 100 en Montería. Los hallazgos son contundentes: jornadas de diez horas diarias, siete días a la semana, sin contrato formal, sin prestaciones sociales, sin seguridad social, con ingresos entre $50.000 y $80.000 pesos diarios. Los investigadores concluyen que la tercerización utilizada por las empresas fabricantes «constituye una violación directa a la dignidad y los derechos fundamentales de estos trabajadores».

En noviembre de 2025, el abogado Óscar David Benavides radicó una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo contra las empresas distribuidoras de Vive 100, entre otras marcas. El expediente lleva el número 11EE2025741100000053484.

Vive 100 es una marca de Quala S.A. La familia de Juanita León es cofundadora y accionista de Quala S.A.

La Silla Vacía, que dedica investigaciones enteras a documentar condiciones laborales en el sector público y privado, no ha publicado una sola línea sobre las condiciones de los vendedores ambulantes de los productos de su propia familia.

El silencio, en periodismo, también es una decisión editorial.

V. La gran promesa de los SuperAmigos: «No le debemos favores a nadie»

En la página web de La Silla Vacía, en un lugar destacado y con tipografía generosa, aparece el llamado a sus lectores a convertirse en SuperAmigos. La propuesta es simple: aportar desde $20.000 pesos al mes — «el costo de un café», según el propio medio — para financiar el periodismo independiente. A cambio, el donante recibe beneficios: acceso a reuniones mensuales por Zoom con el equipo editorial, boletines exclusivos por WhatsApp, descuentos en cursos, salidas grupales a museos y reservas naturales, y un sello de SuperAmigo en los comentarios del portal.

El argumento central que La Silla usa para motivar esas donaciones es contundente. Lo dice literalmente en su página:

«Para hacer sostenible este proyecto y ser fieles a nuestra independencia, diversificamos nuestros ingresos. En otras palabras: no le debemos favores a nadie, no tenemos otros negocios, no hacemos contratos con el Estado ni tenemos deudas con bancos.»

— lasillavacia.com/superamigos — Texto oficial de la página de membresía

Es una frase poderosa. También es, a la luz de los hechos documentados, profundamente inexacta.

Porque La Silla Vacía sí tiene «otros negocios»: una LLC en Miami — La Silla Vacia LLC, documento L23000177658 del Estado de Florida — cuyo único miembro es Blogosfera Producciones S.A.S. Porque su directora y fundadora es accionista de Química Comercial Andina S.A.S., empresa que firmó contratos con Ecopetrol por más de $65.000 millones entre 2018 y 2023. Porque su familia es cofundadora y accionista de Quala S.A., empresa que en 2018 donó $90 millones al Centro Democrático. Porque sus mayores financiadores — USAID, Embajada Británica, KAS, Fundación Ford — son organizaciones con agendas geopolíticas propias sobre Colombia.

Cuando un lector colombiano, convencido por esa promesa de independencia, saca $20.000 pesos de su bolsillo cada mes para sostener a La Silla Vacía, está pagando por un servicio que se anuncia como libre de conflictos de interés. Un servicio que, según los registros públicos disponibles, no lo es. Eso tiene un nombre en el derecho del consumidor colombiano: publicidad engañosa. Definida en el artículo 30 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) como aquella que «mediante alegaciones falsas, inexactas o exageradas, induzca a error al consumidor». Logicamente, esta opinion está revestida del prefijo “presuntamente”.

La ironía no es menor: mientras La Silla Vacía usa el argumento de la independencia para recaudar fondos de sus lectores, la empresa de su propia familia — Quala S.A. — fue investigada por el Estado colombiano precisamente por publicidad engañosa.

VI. Quala y la publicidad engañosa: una historia de familia

En febrero de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la apertura de investigación contra 14 empresas por presunta publicidad engañosa en productos de aseo relacionados con el COVID-19. La SIC adelantó visitas de inspección a diferentes páginas web, medios de comunicación y redes sociales, al encontrar mensajes que atribuían beneficios contra la COVID-19 — matar, eliminar y combatir el virus, hacerlo desaparecer e incluso reducir las consecuencias del contagio — sin evidencia científica que los sustentara.

Quala S.A. fue incluida en esa lista. La investigación se centró en el producto Aromax 3 Acciones, promocionado en televisión nacional con el presentador Carlos Calero, bajo la promesa de proteger a los colombianos de una pandemia que mataba miles de personas al mes.

Es decir: la familia de la directora del medio que promete no engañar a sus lectores tenía una empresa que, según la SIC, presuntamente engañaba a los consumidores colombianos aprovechando el miedo colectivo a una pandemia.

La Silla Vacía, que en ese mismo período publicó extensos reportajes sobre la gestión del COVID-19 en Colombia, sobre las irregularidades en la compra de insumos sanitarios, sobre las empresas que se aprovecharon de la crisis, no publicó una sola línea sobre la investigación de la SIC contra Quala.

La estructura del presunto engaño, en ambos casos, es análoga: prometer un beneficio — protección contra el virus en el caso de Quala, independencia periodística en el caso de La Silla — que los hechos documentados ponen en seria duda.

VII. La aritmética de la «independencia»

Las pequeñas donaciones realizadas por los SuperAmigos representaron el 3,2% de los ingresos en 2024. Al cierre del año, La Silla Vacía contaba con 527 SuperAmigos. La propia Silla Vacía lo dice en su página oficial.

El dato merece ser leído con detenimiento. El programa de SuperAmigos — la bandera de la independencia ciudadana del medio, la justificación ética de la marca — representa apenas el 3,2% de los ingresos totales de La Silla Vacía. Un porcentaje menor al que representa Bancolombia y Grupo Sura solos. Un porcentaje que en valores absolutos equivale a cerca de $144 millones de pesos anuales sobre un presupuesto de $4.500 millones.

«Los SuperAmigos no financian la independencia de La Silla Vacía. Financian su legitimidad.»

— Análisis del modelo de financiación 2024

Y hay algo más que La Silla no dice a sus SuperAmigos cuando les pide el aporte mensual: que las donaciones a la Fundación La Silla Vacía tienen beneficio tributario. Lo confirma la propia página de membresía: «La Silla Vacía es una fundación y, por lo tanto, el aporte tiene una deducción en los impuestos.» Lo que significa que parte del dinero que el lector entrega como donación no sale realmente de su bolsillo — sale del fisco colombiano. El Estado, al que La Silla fiscaliza, subsidia indirectamente la operación de La Silla a través del sistema tributario.

Un penalista reconocido me dijo algún día que la SILLATÓN, como le llaman al mecanismo utilizado por La Silla Vacía para recaudar en forma masiva y habitual de donaciones del público para su supervivencia, podría configurar presuntamente un delito, porque esas operaciones debieron contar previamente con permiso de la Superintendencia Financiera, porque, de conformidad con el artículo 316 del Código Penal Colombiano, se incurre en el delito CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS AGRAVADO, cuando:

“El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si para dichos fines el agente hace uso de los medios de comunicación social u otros de divulgación colectiva, la pena se aumentará hasta en una cuarta parte.”

Le respondí al penalista que La Silla Vacía tiene sus asesores jurídicos que, con toda seguridad, no la dejarían cometer un error de tal magnitud.

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Durante la sesión, congresistas de distintas bancadas manifestaron preocupaciones sobre lo que consideran un tratamiento desigual en la cobertura de temas políticos y sociales, especialmente frente a actores como Paloma Valencia, candidata del partido Centro Democrático y al debate minero en el municipio de Jericó.

El diputado Manuel García, del Pacto Histórico, aseguró que existe una “prevalencia significativa” de voces afines a ese sector político dentro del canal, lo que —según indicó— genera inquietudes sobre la pluralidad informativa. En esa misma línea, cuestionó la limitada participación de sectores de oposición en los espacios del medio regional.

“Llama profundamente la atención la línea política del canal frente a las intervenciones de congresistas del Centro Democrático, que tienen una prevalencia muy importante», aseguró el diputado Manuel García.

Por su parte, el diputado Camilo Calle, de la Alianza Verde, planteó señalamientos adicionales relacionados con presuntas irregularidades contractuales y un supuesto enfoque favorable hacia la multinacional AngloGold Ashanti en contenidos asociados a su actividad en Jericó.

“Claramente es un canal que se ha convertido en una plataforma de naturaleza política, favoreciendo una narrativa alineada con el gobierno departamental y sectores como el Centro Democrático”, añadió Camilo Calle.

Según el corporado, esta situación podría estar afectando la visibilidad de procesos sociales y comunitarios que se oponen a proyectos extractivos en la región.

Reacciones desde el territorio

Desde Jericó, algunas organizaciones campesinas también han expresado inconformidad con la cobertura del canal, señalando que, a su juicio, no se reflejan de manera equilibrada las posiciones de las comunidades frente a la actividad minera.

Estos cuestionamientos se dan en un contexto de alta sensibilidad social en el suroeste antioqueño, donde el debate sobre la minería ha generado movilizaciones y acciones jurídicas en los últimos años.

Los diputados anunciaron que continuarán haciendo seguimiento al rol del canal público, especialmente en lo relacionado con la garantía de pluralidad, el equilibrio informativo y el uso de recursos públicos.

El debate se mantiene abierto en el ámbito político regional, en medio de llamados a fortalecer la transparencia y la independencia editorial en los medios públicos del departamento.

Respuesta del canal

Consultada sobre los señalamientos, la gerente de Teleantioquia, Margarita Arango, indicó que el cuestionario del debate no incluía preguntas relacionadas con minería, por lo que decidió no pronunciarse sobre ese tema en particular. Nación Paisa consultó al equipo de comunicaciones y recibió la misma respuesta.

Hasta el momento, el canal no ha emitido un pronunciamiento ampliado frente a las demás denuncias relacionadas con su línea editorial o el manejo de contenidos políticos.

Editorial – Nación Paisa

2/ El diputado @manuelgarcia_52 cuestionó la línea editorial de @Teleantioquia y la presencia reiterada de sectores del @CeDemocratico.

“Llama profundamente la atención la línea política del canal frente a las intervenciones de congresistas del Centro Democrático, que tienen una… pic.twitter.com/ljQK5dVG2Y

— Nación Paisa (@NacionPaisa) April 11, 2026

4/ Además, en el debate también se cuestionó la cobertura del canal frente a la minería en Jericó, donde comunidades y diputados señalan un presunto tratamiento informativo favorable a la multinacional. El tema sigue generando controversia en Antioquia. ⛏️https://t.co/xmNLVEB16b

— Nación Paisa (@NacionPaisa) April 11, 2026

5/ Desde @Teleantioquia, la gerente Margarita Arango respondió que el debate citado no incluía preguntas sobre minería, por lo que no se referirá a ese tema. Nación Paisa la buscó y recibió la misma respuesta que dió en la @asambleadeant durante el debate de control político.… pic.twitter.com/ZVhBj8DW6A

— Nación Paisa (@NacionPaisa) April 11, 2026

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La controversia surge por el contenido de la columna titulada “Capitán cavernícola”, en la que el autor lanza fuertes críticas al comportamiento político del concejal, al tiempo que menciona procesos judiciales en los que aparecería su nombre.

En uno de los apartes, el texto señala:

“Revisando la página de consulta de procesos de la Rama Judicial hay tres largas páginas con su nombre. En al menos 27 procesos aparece como demandado o denunciado”.

Además, la columna hace referencia a procesos penales, indicando —según el texto— la existencia de investigaciones relacionadas con:

“procesos por tráfico de estupefacientes y otras infracciones de 2009 y 2010”.

Estos señalamientos, que no constituyen fallos judiciales en el texto citado sino referencias a registros y procesos, desataron la reacción del cabildante.

🚨 #URGENTE | El “Gury” contraataca

⚠️ Una columna de @elespectador menciona procesos judiciales, incluso referencias a drogas en su contra.

El concejal @AndresGuryRod responde y anuncia acciones legales: habla de errores y hasta de un “homónimo”.

Esto le dijo a Nación Paisa… pic.twitter.com/tqIt94sr9g

— Nación Paisa (@NacionPaisa) April 7, 2026

Respuesta del concejal

En ejercicio del derecho a la réplica, este medio consultó a Andrés Felipe Rodríguez sobre su postura frente a la publicación. En respuesta, el concejal aseguró que las afirmaciones deberán ser rectificadas y defendió su situación jurídica:

“Puede que existan muchas denuncias en contra mía, pues igual tenía muchas más. Y eso porque han venido desapareciendo con el tiempo (…) le va a tocar retractarse”.

Rodríguez también sostuvo que ya inició gestiones para aclarar los señalamientos:

“Ya se solicitó a los juzgados que aclaren ese tema. Al parecer tengo un homónimo”.

Asimismo, cuestionó a quienes han difundido la información:

“Está muy bien que sigan metiendo las patas públicamente”.

Anuncio de acciones legales

Aunque no detalló el tipo de recurso judicial que interpondrá, el concejal reiteró que buscará que se verifique la información publicada y que se produzcan rectificaciones si hay lugar a ello.

Hasta el momento, el diario El Espectador no se ha pronunciado públicamente sobre una eventual acción legal.

La columna también cuestiona el estilo político del concejal, al que describe en términos críticos y menciona episodios relacionados con su esquema de seguridad y actuaciones públicas.

El caso reabre el debate sobre los límites entre la opinión periodística, la libertad de expresión y el derecho al buen nombre de los funcionarios públicos, especialmente cuando se citan procesos judiciales o antecedentes sin decisiones condenatorias.

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Los hechos ocurridos en el partido ante Millonarios por Copa Sudamericana derivaron en una multa de 110 mil dólares y en una orden simbólica, pero contundente: exhibir el mensaje “El respeto es titular”. Una frase que, más allá de la sanción, expone una realidad incómoda.

Porque cuando un club es castigado por conductas discriminatorias de su entorno, no solo pierde dinero o reputación internacional. Pierde autoridad moral.

Un problema que no solo está en la tribuna

Si bien la sanción responde a comportamientos de hinchas —incluyendo actos de discriminación, agresiones y uso de elementos prohibidos—, sería un error reducir la discusión únicamente a lo ocurrido en las gradas del estadio.

Las señales de alerta también aparecen en otros frentes. Uno de ellos, la relación del club con la prensa.

En los últimos meses, distintos sectores periodísticos han advertido sobre restricciones en el acceso a espacios informativos, dinámicas limitadas en ruedas de prensa y filtros previos a las preguntas. Prácticas que, de confirmarse, chocan directamente con los principios de transparencia y libertad de expresión.

En ese contexto, Nación Paisa ha sido uno de los medios que no ha podido acceder en igualdad de condiciones al cubrimiento de actividades deportivas del club. Un hecho que, sin ser comparable en magnitud a los actos sancionados por la Conmebol, sí plantea una preocupación de fondo: la discriminación también puede manifestarse en lo institucional.

Cuando el mensaje no coincide con las prácticas

Resulta contradictorio que mientras el club está obligado a promover un mensaje de respeto, en su entorno se perciban barreras para el ejercicio libre del periodismo.

El periodismo incómodo —el que pregunta, cuestiona y contrasta— no es un enemigo. Es una herramienta fundamental para la construcción de instituciones más sólidas. Limitarlo, condicionarlo o excluirlo no resuelve las crisis. Por el contrario, las profundiza.

La grandeza también se mide fuera de la cancha

Atlético Nacional es, históricamente, uno de los clubes más grandes de Colombia y del continente. Su hinchada, su historia y sus títulos lo respaldan.

Pero la grandeza no puede sostenerse solo en lo deportivo.

Hoy, el club enfrenta retos que van más allá de los resultados: reconstruir la confianza, garantizar entornos respetuosos y fortalecer su relación con la sociedad, incluida la prensa.

Aceptar la crítica, permitir el acceso equitativo y responder con argumentos —no con restricciones— es parte de ese camino.

Porque el respeto no se impone con pancartas.

Se demuestra con acciones.

Y hoy, Nacional tiene la oportunidad —y la obligación— de hacerlo.

La entrada La discriminación en Atlético Nacional: una sanción que trasciende la cancha se publicó primero en Nación Paisa.

El silencio, la cautela o incluso la negación fueron la constante mientras se configuraba una de las mayores capturas del Estado por estructuras ilegales. Hoy, ese mismo medio, bajo el liderazgo de Luz María Sierra, pretende reescribir la historia.

En Antioquia han existido investigaciones y procesos judiciales sobre estructuras como los llamados “Doce Apóstoles”, un caso que durante años ha estado bajo la lupa de la justicia por presuntos vínculos entre actores armados ilegales y sectores de poder regional. Invocar ahora la “pureza electoral” desde escenarios históricamente cercanos a esas élites no solo resulta contradictorio, sino que exige un mínimo de autocrítica antes de lanzar acusaciones sin sustento.

Lo publicado por el periódico El Colombiano en su editorial no es una alerta democrática: es un intento de instalar una equivalencia falsa que distorsiona uno de los capítulos más documentados y dolorosos de la historia reciente del país.

La parapolítica no fue una “lectura de mapas” ni una insinuación periodística. Fue un sistema criminal comprobado judicialmente: más de 60 congresistas investigados, decenas condenados, acuerdos como el de Ralito que evidenciaron la coordinación entre estructuras paramilitares y dirigentes políticos y un patrón claro de control armado del territorio traducido en votos.

En regiones como Antioquia, Córdoba y Sucre, las Autodefensas Unidas de Colombia no solo intimidaban: definían candidatos, financiaban campañas y garantizaban resultados electorales mediante coerción directa.

En Medellín y el nordeste antioqueño, operaciones como Orión, en la Comuna 13, dejaron graves denuncias de coordinación entre fuerza pública y estructuras paramilitares como el Bloque Cacique Nutibara, así como registros posteriores de desapariciones forzadas y control territorial. Ese no es un “patrón sospechoso”: es un hecho documentado en procesos judiciales y en informes de derechos humanos.

En el Bajo Cauca, el Nordeste y el Magdalena Medio antioqueño, durante años el voto no fue libre, sino condicionado por el dominio armado.

Frente a ese antecedente, lo que hoy plantea el diario es, en el mejor de los casos, una analogía débil; en el peor, una operación narrativa. Se aíslan cifras, se cruzan con la presencia real de grupos armados y se sugiere, sin una sola prueba judicial, la existencia de una “nueva parapolítica”.

No hay testimonios, no hay decisiones de fondo: solo insinuación.

El periodismo tiene la obligación de investigar, pero también el deber de no fabricar equivalencias sin sustento. Si existen delitos electorales, que actúen las instituciones con rigor. Lo que no puede hacer un medio es sustituir la evidencia por sospechas y venderlas como verdad histórica.

Colombia ya vivió lo que significa que los votos estén condicionados por las armas. Banalizar ese episodio para usarlo como herramienta política no solo es irresponsable: es una forma de desinformación.

La historia no se reescribe según la conveniencia del momento. Y menos por quienes aún tienen cuentas pendientes con su propio silencio.

Editorial Nación Paisa, Sistema Informativo Nación Colombia.

La entrada Empresarios que callaron, hoy acusan con megáfono: la memoria selectiva de El Colombiano se publicó primero en Nación Paisa.

La hinchada, fiel como pocas, empieza a perder la paciencia. Aunque el club es líder en la Liga Betplay, los recientes resultados internacionales no corresponden a la historia ni a la inversión, y cada partido refuerza la sensación de que algo más profundo está fallando en la institución.

Dudas en el banquillo

En el banquillo, las dudas son evidentes. El actual cuerpo técnico, encabezado por Diego Arias, enfrenta cuestionamientos naturales ante un equipo que, pese a tener una nómina competitiva, no logra consolidar una idea de juego clara ni transmitir liderazgo dentro del campo.

Sin embargo, cargar toda la responsabilidad sobre el entrenador sería simplificar un problema mucho más complejo.

El verdadero debate debería centrarse en la dirección deportiva y administrativa. Desde hace varias temporadas, Atlético Nacional parece tomar decisiones desconectadas de un proyecto serio: fichajes que responden más al impacto mediático que a necesidades tácticas, plantillas desbalanceadas y una ausencia evidente de planificación a largo plazo.

La indisciplina no cesa en Atlético Nacional

A este panorama se suman situaciones extradeportivas que también han generado ruido alrededor del club. Uno de los casos más recientes es el del jugador Nicolás Rodríguez, quien fue denunciado ante la Fiscalía por un presunto caso de acceso carnal en persona incapaz de resistir.

Aunque el proceso se encuentra en etapa de investigación y no hay una decisión judicial de fondo, el hecho ha impactado la imagen institucional y ha abierto debate sobre el manejo interno de este tipo de situaciones.

En paralelo, el delantero Alfredo Morelos también ha estado en el centro de la controversia luego de verse involucrado en un incidente de tránsito en el que habría embestido a un motociclista, presuntamente conduciendo bajo los efectos del alcohol.

El caso, que igualmente está en manos de las autoridades, ha generado cuestionamientos sobre la conducta de algunos jugadores fuera de las canchas y su impacto en la reputación del club.

Atlético Nacional y la relación con la prensa

También hay señales preocupantes en la relación del club con la prensa. Desde distintos sectores periodísticos se ha percibido un manejo restrictivo en los espacios de comunicación, donde, al parecer, se limita el acceso a ciertos medios y se condicionan las dinámicas de participación en ruedas de prensa.

En algunos casos, incluso, se ha señalado que las preguntas pasan por filtros previos, lo que restringiría la posibilidad de ejercer un periodismo crítico y libre.

En ese contexto, Nación Paisa ha sido uno de los medios que no ha podido acceder en igualdad de condiciones, una situación que resulta preocupante en un entorno donde la transparencia y el debate abierto deberían ser la norma, no la excepción.

El periodismo incómodo cumple una función esencial: cuestionar, contrastar y exigir. Silenciarlo —o intentar hacerlo— no soluciona las crisis; por el contrario, las profundiza.

Atlético Nacional necesita cambios, sí. En lo deportivo, en lo administrativo y también en su manera de comunicarse con el entorno.

Los grandes clubes no le temen a la crítica: la enfrentan, la responden y, cuando es necesario, la corrigen con resultados.

Porque la grandeza no solo se mide en títulos, sino también en la capacidad de escuchar.

Y hoy, Nacional parece estar fallando en ambas.

La entrada Atlético Nacional: dudas en la cancha… y silencio fuera de ella se publicó primero en Nación Paisa.

La lectura política es inevitable. Después de meses de intensa exposición mediática, campañas institucionales y una estrategia comunicacional permanente desde la administración municipal, el llamado “fiquismo” no logró consolidar una mayoría política contundente. Por el contrario, los resultados muestran un escenario mucho más equilibrado de lo que algunos pretendían instalar en la opinión pública.

Durante este primer tramo de gobierno han surgido cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en estrategias de comunicación, contratación y posicionamiento político, así como críticas por decisiones administrativas y prioridades de gobierno. Mientras desde la Alcaldía se insiste en una narrativa de recuperación institucional, en distintos sectores de la ciudad crece la percepción de que parte importante del esfuerzo gubernamental se ha concentrado en controlar el relato político más que en resolver problemas estructurales de Medellín.

El dato electoral es claro: 227 mil votos. Ese fue el tamaño real del respaldo político del movimiento Creemos en las urnas. No es una cifra menor, pero tampoco representa la hegemonía política que algunos intentaron proyectar desde el poder local.

De cara a las próximas elecciones a la Alcaldía de Medellín, el panorama empieza a perfilarse con mayor claridad. Todo indica que la disputa volverá a darse entre sectores cercanos al Centro Democrático y fuerzas vinculadas al Pacto Histórico, en medio de una oposición cada vez más activa y un electorado que parece dispuesto a pasar factura cuando percibe exceso de propaganda y poca autocrítica en la gestión pública.

La política, al final, siempre termina pasando por las urnas. Y las urnas, esta vez, dejaron un mensaje claro: Medellín sigue políticamente dividida y nadie tiene hoy el monopolio del respaldo ciudadano.

La entrada Empate político en Medellín: Creemos y Daniel Quintero sacan prácticamente los mismos votos se publicó primero en Nación Paisa.

El director de Comunicaciones, Camilo Moreno Tamayo, ha sostenido que la situación consultada por este medio “es personal” y que, por tanto, “ni siquiera debería mencionarse a la Alcaldía”. La respuesta, más que aclarar, abre un debate mayor:
¿Desde cuándo las preguntas sobre el entorno y las relaciones de los funcionarios públicos se convierten en un asunto prohibido?

🚨#URGENTE | Piden investigar a alcaldesa de Bello

🧵 La Red de Veedurías de Colombia (@redveeduriascol) pidió a las autoridades abrir una investigación contra Lorena González Ospina (@Lore_GonzalezOs) de la @AlcaldiadeBello.

🔴Aquí las razones👇https://t.co/B10CgTZ0Ac

— Nación Paisa (@NacionPaisa) March 12, 2026

Conviene recordar que las preguntas de este medio no surgieron de una opinión editorial ni de un ataque político. Se derivan de una solicitud pública presentada por una organización de veeduría ciudadana, es decir, de un mecanismo legítimo de control social. En lugar de responder con información verificable, la reacción institucional ha sido intentar etiquetar el cuestionamiento como ideológico, una práctica que históricamente se ha utilizado para deslegitimar a la prensa incómoda.

Cuando desde una oficina pública se pretende señalar al periodista en lugar de responder a la ciudadanía, el problema deja de ser mediático y pasa a ser institucional.

El argumento de que todo pertenece a la “vida personal” tampoco puede convertirse en un escudo automático cuando se trata de funcionarios públicos. La línea entre lo personal y lo público se vuelve relevante cuando existen interrogantes sobre relaciones, encuentros o vínculos con personas condenadas por corrupción en el propio municipio.

No se trata de afirmar culpabilidades ni de lanzar juicios anticipados. Se trata, simple y llanamente, de preguntar.

Y las preguntas siguen ahí, esperando respuestas claras:

• ¿Existen o han existido encuentros entre funcionarios de la Alcaldía de Bello y personas privadas de la libertad por casos de corrupción relacionados con el municipio, particularmente con el exalcalde condenado?

• ¿Quiénes han visitado centros penitenciarios en ese contexto y con qué propósito?

• ¿Se han realizado reuniones de carácter político o administrativo con personas que hoy están en prisión?

• ¿Puede garantizar la administración municipal que desde la cárcel no se está intentando influir en decisiones públicas, contratos o nombramientos?

Estas no son acusaciones. Son preguntas que cualquier sociedad democrática tiene derecho a formular. Y son preguntas que una administración transparente debería estar dispuesta a responder sin recurrir a la descalificación del periodismo.

En lugar de estigmatizar el trabajo de los medios, la Alcaldía de Bello tiene hoy una oportunidad: abrir las puertas a la información, aclarar los hechos y demostrar que no existe ninguna relación indebida entre la administración municipal y personas condenadas por corrupción.

La transparencia no se defiende atacando a la prensa; se defiende con respuestas.

Porque cuando las instituciones se molestan más por las preguntas que por los hechos que generan esas preguntas, lo que está en juego ya no es la reputación de un medio, sino la confianza pública.
Y esa, en democracia, se construye con información, no con silencios.

La entrada ¿Preguntar es ideológico? El preocupante mensaje del jefe de Comunicaciones de la Alcaldía de Bello se publicó primero en Nación Paisa.

Escuchamos en la opinión pública muchos comentarios de quemados y ganadores, pero queremos resaltar el papel de la Procuraduría, a la cual le damos el rótulo de una de las instituciones ganadoras de la jornada. Sobre las 4:00 de la tarde en punto, cuando sonó el himno nacional que anunciaba que las elecciones habían terminado, se podía hablar de éxito de la contienda electoral. Mientras muchos se quedaban expectantes a los temas de números, cifras, cocientes y resultados finales; la Procuraduría iniciaba su balance y se venían buenas noticias para la democracia.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, quien resaltó que la jornada electoral había sido un éxito ante la asistencia masiva de los colombianos a las urnas. Al hacer su balance, Eljach señaló que la ciudadanía se comportó bien. Dijo en su primer reporte: “No hubo mayores tropiezos y el desarrollo de la gestión logística estuvo adecuado, salvo dos o tres puntos de 14.000 que no pudieron llegar a tiempo por problemas de invierno o problemas de la carretera”.

Uno de los puntos a favor del Ministerio Público, dentro de las herramientas para la vigilancia de la jornada electoral, fue la activación del Centro de Comunicaciones y Logística del Ministerio Público, instalado en la sede principal de la entidad con el objeto de recibir y tramitar las quejas o denuncias relacionadas con posibles irregularidades electorales. El Centro de Comunicaciones recibió 433 denuncias o quejas relacionadas con presuntas posibles irregularidades electorales en todo el territorio nacional. También recibió información de que al menos 10.329 jurados no asistieron a los puestos asignados.

En general, la jornada democrática del pasado domingo 8 de marzo se llevó a cabo con mucha tranquilidad y los colombianos sintieron el acompañamiento de instituciones como la Procuraduría General. Gregorio Eljach se puso la camiseta amarilla de la “PAZ ELECTORAL”, lideró su equipo y su balance lo demuestra: “El resultado es satisfactorio, es bastante alentador lo que se ha logrado con este modelo”.
Y va a continuar. No hay descanso. El equipo está listo y desde ya se están preparando en la “Procu”, de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo. Eljach Pacheco sigue trabajando con su equipo, con todo el compromiso de servir a la democracia. Y como él mismo lo enfatizó ante los medios: “Soy el Rapitendero de la Constitución. Yo le hago los mandados a la Constitución, a nadie más”.

Sigue el trabajo de la PAZ ELECTORAL. El “Rapitendero” Eljach continúa pedaleando por todo el país, haciendo sus mandados únicamente a la Constitución, ley suprema del país.

Por: Norberto Patarroyo

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Hay momentos en los que las “papas queman”. Pasa en la vida, en el trabajo, en la política y también en el fútbol. Son esos momentos en los que las cosas no salen, el partido se complica y la presión aparece. Y justo ahí se abren dos caminos.

El primero es el más fácil y más recurrente. Quejarse, mirar al pasado, poner mala cara, echarle la culpa a los demás o hacerse el loco mientras todo se incendia alrededor. Es la actitud de quien se queda protestando mientras el partido se escapa.

El segundo camino es distinto. Es agarrar las papas calientes y hacer algo con ellas. Tomar responsabilidad, cambiar la actitud y buscar cómo resolver. No perder tiempo en excusas, avanzar en lo que sí se puede hacer.

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En el fútbol se ve clarísimo. Cuando el partido está difícil, hay jugadores que desaparecen, reclaman, bajan la cabeza y se desesperan. Pero también están los otros. Los que piden la pelota cuando nadie la quiere.

Ahí aparecen los que cambian la historia. Como Messi, que pide la pelota cuando todo está cerrado. O como Cristiano Ronaldo, que encara, insiste, le pega y termina cambiando el marcador. Es actitud.

En los momentos difíciles todos tenemos las mismas dos opciones. Los que avanzan en la vida casi siempre toman la misma decisión. Piden la pelota, avanzan y cambian el rumbo, cuando más quema.

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