La frase fue utilizada por Briceño mientras defendía la legitimidad de la elección de Abelardo de la Espriella y respondía a quienes cuestionan ese proceso.

«Aunque quieran vender una narrativa de violencia y decir que la elección de Abelardo de la Espriella no es legítima, el país sabe cuál es la verdad. Defenderemos la democracia, las libertades y la elección de los colombianos. El país conoce verdaderamente quiénes son los aliados del gobierno Petro», escribió.

Un discurso que privilegia la confrontación

Más allá del debate político, la polémica se centra en la utilización de expresiones como «peinar» a otros congresistas, una frase que para varios observadores refleja una estrategia comunicativa basada en la humillación pública, la confrontación permanente y la búsqueda de viralidad en redes sociales.

Críticos de este tipo de mensajes consideran que el ejercicio del control político pierde fuerza cuando el debate de ideas es reemplazado por expresiones destinadas a ridiculizar a los adversarios.

En un escenario político cada vez más polarizado, distintos sectores han advertido que el lenguaje utilizado por figuras públicas puede contribuir a normalizar formas de agresividad verbal, especialmente cuando el objetivo parece ser obtener mayor impacto digital antes que promover una discusión de fondo.

 

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Una publicación compartida de Daniel Briceño | El Briceñismo (@elbricenismo)

Entre las redes sociales y la construcción de imagen

Briceño se ha consolidado como una de las principales figuras del uribismo en redes sociales, donde publica de manera constante denuncias, videos y confrontaciones con funcionarios del Gobierno nacional.

Sin embargo, sus detractores sostienen que buena parte de esa estrategia privilegia la generación de interacciones y visibilidad digital mediante mensajes provocadores, antes que la construcción de consensos o el fortalecimiento del debate democrático.

Rodrigo Lara menciona a Briceño como posible presidente de la Cámara

Mientras tanto, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, confirmó que inició conversaciones con diferentes partidos para construir mayorías en el Congreso.

Según Lara, ve con buenos ojos que Alfredo Deluque, del Partido de La U, pueda llegar a la Presidencia del Senado, mientras que Daniel Briceño sea una opción para presidir la Cámara de Representantes.

La eventual llegada de Briceño a esa dignidad también ha generado debate, pues algunos consideran que quien aspire a dirigir la corporación debería promover un lenguaje institucional y de respeto hacia sus colegas, independientemente de las diferencias políticas.

Editorial Nación Paisa

La entrada Daniel Briceño desata polémica por decir que “peinó” a otros congresistas: cuestionan el tono de su discurso se publicó primero en Nación Paisa.

Las caricaturas editoriales del 12 de junio de 2026 sumaron nuevas entregas en medios de Estados Unidos, con una galería publicada por HeraldNet y una viñeta difundida por Daily Bruin bajo el título “My degree can’t tell me who to be!”.

HeraldNet publicó su selección del 12 de junio en formato de galería

HeraldNet presentó su entrega de caricaturas editoriales del 12 de junio de 2026 como “Editorial cartoons for Friday, June 12”, una compilación en la que invita a “deslizar o hacer clic para ver más”.

La publicación apareció con hora de edición a la 1:30 a. m. del 12 de junio de 2026. El sitio describió la entrega como galería diaria con “una mirada” al ciclo noticioso del día.

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Daily Bruin difundió la viñeta “My degree can’t tell me who to be!”

En otra publicación fechada el 12 de junio de 2026, Daily Bruin publicó una caricatura editorial titulada “My degree can’t tell me who to be!”. El material apareció identificado como “Editorial Cartoon”.

Ambas entregas se enmarcan en el formato habitual de caricatura editorial: piezas breves de opinión visual que acompañan la conversación pública del día. En el caso de HeraldNet, la nota se presenta como una selección navegable de varias viñetas.

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La entrada Caricaturas editoriales del 12 de junio de 2026: selección de HeraldNet y viñeta de Daily Bruin se publicó primero en Nación Paisa.

El riesgo de apagón volvió al centro del debate energético tras el anuncio del Ideam de un fenómeno de El Niño para el segundo semestre del año. En una columna de opinión, el exministro de Minas y Energía Amilkar Acosta pidió activar medidas para enfrentar una sequía que, a su juicio, elevaría la presión sobre el sistema eléctrico en 2026.

Embalses en 64% y la meta de XM: el punto de tensión para 2026

El planteamiento de Acosta parte de un escenario de estrechez hídrica. Señala que los embalses están alrededor del 64% y que ese nivel quedaría por debajo del rango que ha planteado XM como referencia, de al menos un 80%, para transitar con más holgura periodos de baja hidrología.

En esa lectura, el anuncio del Ideam sobre El Niño adelantó las alarmas que, hasta ahora, se concentraban en el mediano plazo. Según el exministro, el sistema venía discutiendo la necesidad de aumentar oferta para cubrir un déficit estimado en 5%, que podría crecer a partir de 2028, pero un evento climático intenso pondría a prueba el abastecimiento antes, en 2026.

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Termoeléctricas, demanda al alza y medidas para recortar picos de consumo

Acosta sostiene que, con menos aportes hídricos, las termoeléctricas asumirían una carga mayor para abastecer al país. Sin embargo, advierte que el crecimiento del consumo obliga a complementar esa respuesta con medidas que reduzcan la demanda en los momentos más exigentes del día.

Uno de los tres ejes que propone apunta a cambios en la jornada laboral para evitar concentrar consumos en horas pico. La idea, según expone, es distribuir actividades y uso de energía en franjas menos críticas, con el objetivo de aliviar el estrés operativo del sistema durante el periodo seco del segundo semestre.

Incentivos al ahorro y ajustes regulatorios: las otras dos propuestas de Amilkar Acosta

El segundo eje es un plan de ahorro de energía inspirado en el plan de ahorro de 2015, que contemplaba estímulos económicos para los hogares que lograran reducir su consumo. En su columna, el exministro plantea retomar una lógica similar para impulsar cambios de hábitos en un contexto de mayor riesgo hidrológico.

Como tercer componente, Acosta pide medidas regulatorias orientadas a disminuir presiones sobre el sistema eléctrico. En su criterio, la discusión no debería limitarse a la oferta, sino incorporar ajustes de reglas e incentivos que ayuden a prevenir un racionamiento o, en el peor escenario, un apagón como el vivido en 1992 y 1993.

El exministro también enmarca su llamado en un debate que, según afirma, viene desde hace dos años: gremios del sector han insistido en la urgencia de adoptar decisiones para aumentar la oferta de energía. En su opinión, el Gobierno no ha implementado acciones suficientes y el anuncio del Ideam eleva el sentido de urgencia para el segundo semestre y para 2026.

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Y en ese sentido, en Fenalco hemos analizado las propuestas y hemos encontrado que la propuesta de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo identifican esos principios y valores que Fendalco ha venido construyendo en los últimos 80 años. Y por eso estamos invitando a los comerciantes, a los tenderos, a los empresarios, a los trabajadores a la ciudad ciudadanía general a votar el próximo 29 de junio responsablemente.

Videocolumna por: Jaime Alberto Cabal, Presidente de Fenalco.

La entrada «Colombia necesita un cambio de rumbo»: Jaime Alberto Cabal, Presidente de Fenalco se publicó primero en Nación Paisa.

Lo más preocupante no fue únicamente el contenido de la intervención, sino que el propio fiscal reconoció que hablaba con información incompleta, “de oídas”, porque “le habían dicho”, y aun así decidió introducir públicamente el tema en una diligencia a la que asistían numerosos medios de comunicación. Todo esto bajo la tesis de que la defensa habría acudido a medios para promocionar un supuesto principio de oportunidad o un eventual preacuerdo.

Sin embargo, los registros públicos muestran una realidad distinta. Lo que realmente expresó la defensa fue que asumiría la representación judicial del procesado, que su cliente confiaba en la administración de justicia y que existía disposición para esclarecer los hechos dentro del marco de la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa.

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Nada más. Aun así, posteriormente el propio ente acusador habría terminado validando o reproduciendo ante terceros información relacionada con una posible cooperación judicial. Y ahí aparece el verdadero problema: una cosa es que jurídicamente exista la posibilidad de colaborar con la justicia y otra muy distinta es que desde la propia institucionalidad se termine exponiendo públicamente a un detenido frente a coimputados, abogados y terceros como alguien dispuesto a hablar.

La pregunta entonces es inevitable: ¿terminó la Fiscalía exponiendo innecesariamente a un posible colaborador? Porque si un fiscal decide advertirle a los demás intervinientes que uno de los detenidos podría cooperar, incluso bajo argumentos de “lealtad procesal”, las consecuencias pueden ser gravísimas. No se trata de una simple discusión entre abogados. Se trata de riesgos reales.

En Colombia cualquiera entiende lo que significa que a una persona privada de la libertad le cuelguen el letrero de “sapo”, especialmente en procesos donde existirían estructuras criminales, intereses políticos y eventuales redes de corrupción. La Constitución, la Ley 906 y la jurisprudencia han sido claras en imponer deberes reforzados de reserva, prudencia y protección frente a víctimas, testigos y eventuales cooperantes, precisamente porque una insinuación irresponsable puede poner en riesgo la vida y la integridad de una persona.

Lo más preocupante es el mensaje institucional que queda en el ambiente. La justicia no puede convertirse en un espectáculo de micrófonos, filtraciones y protagonismos mediáticos. Un fiscal no está llamado a actuar como comentarista de pasillo ni como vocero de rumores procesales. Su obligación superior es proteger el proceso y proteger a las personas involucradas en él. Más aún en un país donde cualquier expediente termina convertido en arma política y tendencia digital. Porque cuando un eventual colaborador siente que la propia institucionalidad puede revelar conversaciones, movimientos internos o intenciones procesales, el mensaje que recibe es devastador: hablar puede resultar caro.

La entrada Hablar puede resultar caro: ¿La Fiscalía terminó “dándole dedo” a un posible colaborador? se publicó primero en Nación Paisa.

Una nueva encuesta de intención de votos para las elecciones presidenciales en primera vuelta, realizada por la Corporación Miguel Maldonado Manjarrez, quien tiene autorización del Consejo Nacional Electoral con la Resolución No 06185 del 30 de julio de 2025, fue dada a conocer en las últimas horas. La encuesta refleja un escenario político altamente polarizado…

Una nueva encuesta de intención de votos para las elecciones presidenciales en primera vuelta, realizada por la Corporación Miguel Maldonado Manjarrez, quien tiene autorización del Consejo Nacional Electoral con la Resolución No 06185 del 30 de julio de 2025, fue dada a conocer en las últimas horas.

La encuesta refleja un escenario político altamente polarizado de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. Aunque Iván Cepeda lidera con una amplia ventaja del 35,3%, el verdadero foco del debate político se concentra en la disputa por el segundo y tercer lugar entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes representan dos sectores ideológicos distintos de la derecha colombiana.

Paloma Valencia, con el 27,5% de intención de voto, demuestra una consolidación importante como figura política tradicional del uribismo y del conservadurismo institucional. Su desempeño evidencia que aún existe una base electoral sólida que busca continuidad en propuestas asociadas con seguridad, autoridad y defensa del modelo económico tradicional. Además, el hecho de que su porcentaje de rechazo (“nunca votaría”) sea del 17%, considerablemente menor que el de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, le otorga una ventaja estratégica. Esto significa que, aunque no sea la candidata favorita de todos, genera menos resistencia entre sectores moderados y podría crecer en una eventual segunda vuelta.

Por otro lado, Abelardo de la Espriella alcanza un 20,4%, una cifra significativa para un candidato cuya trayectoria ha estado más vinculada al debate mediático y contestatario, más que a la confrontación de ideas y a la política electoral tradicional. Su crecimiento parece apoyarse en un discurso confrontacional y de oposición fuerte frente a la izquierda. Sin embargo, su principal debilidad está en el nivel de rechazo: el 28% asegura que nunca votaría por él. Esto indica que, aunque posee una base de apoyo considerable, tiene dificultades para ampliar su electorado hacia sectores independientes o moderados.

El caso de Iván Cepeda es particularmente interesante porque, a pesar de liderar ampliamente la intención de voto con el 35,3%, también encabeza el nivel de rechazo con un 31,5% de personas que afirman que nunca votarían por él, quizás por el lastre que carga al ser el candidato del Pacto Histórico, partido de Gobierno.

Cepeda parece concentrar el respaldo de sectores progresistas, sindicales y de izquierda que respaldan cambios estructurales en el país, especialmente en temas sociales y de paz. Sin embargo, el alto rechazo demuestra que todavía existe un temor o resistencia importante frente a proyectos políticos asociados a la paz total y los malos resultados que hoy arroja la presidencia de Gustavo Petro en esta materia. Su principal reto será convertir su liderazgo inicial en una mayoría más amplia, capaz de atraer votantes independientes y moderados que podrían definir una eventual segunda vuelta presidencial.

Continúa Claudia López quien aparece débil en esta medición con apenas un 2,1% de intención de voto. Aunque fue una figura política de gran relevancia durante los últimos años y logró posicionarse como una alternativa de centro y anticorrupción, la encuesta refleja dificultades para recuperar apoyo ciudadano. Su porcentaje de rechazo, aunque relativamente bajo frente a otros candidatos principales, tampoco se traduce en intención efectiva de voto. Esto podría indicar que muchos electores no la consideran una opción prioritaria dentro del panorama actual, posiblemente debido al desgaste político de su gestión en Bogotá o a la pérdida de fuerza del discurso de centro frente a una elección dominada por la polarización ideológica.

El resto de candidatos presenta cifras marginales que muestran poca capacidad de consolidar una opción competitiva. Sergio Fajardo, Santiago Botero, Miguel Uribe Londoño, Carlos Caicedo, Roy Barreras y Mauricio Lizcano no superan el 2% individualmente, lo que refleja dificultades para conectar con un electorado que parece inclinarse hacia figuras más visibles y polarizantes. Algunos de estos candidatos representan sectores regionales o técnicos, pero aún no logran construir un discurso nacional fuerte. También llama la atención el porcentaje de voto en blanco (5,7%), superior al apoyo de la mayoría de candidatos minoritarios, lo que evidencia un nivel importante de inconformidad o falta de identificación política entre los ciudadanos.

También resulta relevante observar que la encuesta muestra una participación electoral potencialmente alta: más del 88% afirma que votaría o probablemente votaría. Esto indica un ambiente político de fuerte movilización ciudadana, posiblemente motivado por la polarización y la incertidumbre económica y social del país.

La composición de género de la encuesta —48,7% hombres y 51,3% mujeres— sugiere además un electorado equilibrado, donde las campañas deberán conectar tanto con preocupaciones económicas y de seguridad como con temas sociales y de representación. En este contexto, Paloma Valencia podría beneficiarse de una imagen de liderazgo político institucional, mientras Abelardo de la Espriella mantiene atractivo entre votantes inconformes que buscan figuras más radicales y disruptivas.

En conclusión, aunque Iván Cepeda lidera actualmente la intención de voto, la verdadera batalla política parece estar ocurriendo entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Valencia proyecta mayor viabilidad electoral por su menor nivel de rechazo y capacidad de atraer votantes de centro-derecha, mientras De la Espriella representa un fenómeno de opinión fuerte pero más limitado por la polarización que genera.

Por su parte, Cepeda deberá enfrentar el desafío de reducir la resistencia que despierta en amplios sectores del electorado.

La entrada Nueva encuesta: Cepeda lidera; Paloma y De la Espriella disputan el pase a segunda vuelta se publicó primero en Nación Paisa.

En política, los ataques desesperados suelen revelar más temor que fortaleza. Y eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo con la reciente tendencia digital “#CuidadoConPaloma”, impulsada desde sectores cercanos al petrismo en redes sociales, en un intento evidente por golpear anticipadamente la imagen de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia.

La estrategia no nació de la nada. Todo se desencadenó luego de la circulación de una encuesta divulgada por el periodista Jorge Hernán Peláez, en la que Paloma Valencia aparece imponiéndose en un eventual escenario de segunda vuelta presidencial. Un dato que, guste o no, comenzó a mover las fibras de la conversación política nacional.

Y fue justamente ahí donde aparecieron las bodegas digitales.

El libreto es conocido: convertir una tendencia en un mecanismo de miedo. Asociar a un candidato con amenazas, retrocesos o peligros para tratar de influir emocionalmente en el electorado. Una estrategia que durante años ha utilizado la polarización política en Colombia y que hoy vuelve a repetirse, esta vez bajo la etiqueta de “#CuidadoConPaloma”.

Sin embargo, la política digital tiene algo que muchos estrategas todavía no entienden: el exceso de ataques puede producir el efecto contrario.

Lo que pretendía convertirse en una campaña de desprestigio terminó amplificando el nombre de Paloma Valencia en redes sociales y posicionándola aún más en la conversación pública. Millones de usuarios que quizás no estaban pendientes de la encuesta ahora hablan de ella, buscan sus propuestas y discuten su eventual aspiración presidencial.

En otras palabras: el petrismo terminó haciéndole campaña gratis.

La historia política reciente demuestra que cuando un sector concentra todos sus esfuerzos en destruir anticipadamente a un rival, suele enviar un mensaje involuntario pero poderoso: “ese candidato sí representa un riesgo electoral”. Y eso parece ser lo que está ocurriendo.

Porque si una tendencia nacional nace únicamente para intentar frenar a una dirigente política, es porque claramente comienza a generar preocupación en sectores del oficialismo.

La paradoja es evidente. Mientras intentaban advertir “cuidado con Paloma”, terminaron instalando su nombre en el centro del debate nacional.

Y en política, quien domina la conversación pública ya lleva ventaja.

Más allá de simpatías ideológicas, Colombia necesita debates serios, argumentos y confrontación de ideas, no campañas de miedo disfrazadas de activismo digital. El electorado está cada vez más cansado de las bodegas, de los ataques coordinados y de las narrativas construidas desde el odio político.

Al final, las urnas no se mueven por hashtags. Se mueven por credibilidad, liderazgo y percepción ciudadana.

Y si algo dejó esta tendencia es una pregunta incómoda para el petrismo: ¿realmente querían debilitar a Paloma Valencia… o terminaron fortaleciéndola?

La entrada El miedo a Paloma: cuando las bodegas digitales terminan fortaleciendo a su rival se publicó primero en Nación Paisa.

Por: Germán Calderón España.

Juanita León García lleva más de quince años construyendo una marca poderosa: la del periodismo independiente en Colombia. La Silla Vacía se presenta ante sus lectores como un medio que fiscaliza el poder, que revela los vínculos entre el dinero y la política, que expone los conflictos de interés de empresarios, funcionarios y políticos. Es, en sus propias palabras, un medio que cree que «el periodismo debe ser un contrapeso al poder».

Pero hay un poder que La Silla Vacía no ha contrapesado nunca: el suyo propio.

I. Una familia, un emporio, un medio

Juanita León no es simplemente una periodista que fundó un portal de noticias. Es hija de Jorge Fernando León Dub, cofundador de Quala S.A. — una de las cinco empresas de consumo masivo más grandes de Colombia, con ventas anuales superiores a los $100.000 millones de pesos y presencia en diez países de América Latina. Quala fabrica y distribuye Vive 100, la bebida energizante más vendida del país, y Bonice, una de sus marcas de helados y postres.

La familia no se detiene ahí. Jorge Fernando León Dub también fundó el Grupo Bretano, un conglomerado de empresas químicas — Química Comercial Andina, Química Aromática Andina, Marvar Comercial y Resoco — que factura entre $20.000 y $100.000 millones de pesos anuales solo en Colombia y tiene operaciones en más de siete países de América Latina.

Con ese capital familiar, en enero de 2009, se constituyó Blogosfera Producciones S.A.S., la sociedad que dio vida a La Silla Vacía. Los accionistas fundadores fueron Juanita León García, su padre Jorge Fernando León Dub, su madre Fabiola García de León, su tío José Patricio Marcelo León Dub — fundador de Disan Colombia S.A.S., con ingresos de $275.000 millones en 2021 — y su primo Nicolás Acosta Amador.

La Silla Vacía, en otras palabras, nació como una empresa familiar de una de las familias empresariales más poderosas de Colombia. Eso no es un pecado. Pero sí, en su Desarrollo, existe un conflicto de interés que el medio nunca ha declarado con suficiente ética y transparencia.

II. El NIT que lo confirma todo

Los documentos que reposan en la Cámara de Comercio de Bogotá no dejan lugar a dudas. Blogosfera Producciones S.A.S., NIT 900.265.398-8, matrícula 01868649, es en mi opinion, la sociedad detrás de La Silla Vacía. En agosto de 2024, Juanita León cedió el 100% de sus acciones a la Fundación La Silla Vacía, NIT 901.829.341-4 — una fundación que ella misma preside como representante legal —, en un movimiento que el medio presentó como una señal de independencia editorial, pero que, en la práctica, mantiene el control en las mismas manos.

Lo que los documentos revelan, adicionalmente, y que no ha sido ampliamente reportado, es la existencia de una sociedad americana: La Silla Vacia LLC, registrada en Florida el 12 de abril de 2023 bajo el documento L23000177658. Su manager designada: Juanita Leon Garcia. Su único miembro (sole member): Blogosfera Producciones S.A.S., la sociedad colombiana. La empresa tiene domicilio en 1000 Brickell Avenue, Suite 400, Miami, Florida — el corazón financiero de la ciudad que concentra las estructuras corporativas de grandes fortunas latinoamericanas.

«¿Para qué necesita un medio de periodismo político colombiano una LLC en Miami?»

— Pregunta que los registros corporativos dejan sin responder

III. Los $90 millones que La Silla no reportó

En 2018, mientras La Silla Vacía cubría activamente la política del Centro Democrático, Quala S.A. — la empresa de la familia de Juanita León — realizó tres aportes que suman $90 millones de pesos al Partido Centro Democrático, según consta en el portal Cuentas Claras de la Registraduría Nacional, de acceso público.

La Silla Vacía no publicó ni una línea sobre esta donación.

El conflicto es estructural: el partido que recibió dinero de la familia de la directora era uno de los partidos que La Silla cubría con mayor intensidad. No se trata de acusar a Juanita León de favorecer editorialmente al uribismo — su línea editorial ha sido frecuentemente crítica de ese sector. Se trata de algo más sutil y más grave: la omisión deliberada de información que afecta directamente la percepción que sus lectores tienen sobre la independencia del medio.

La Silla Vacía ha publicado decenas de artículos rastreando donaciones de empresas a partidos políticos. Nunca ha publicado uno rastreando las donaciones de su propia familia.

IV. Los trabajadores de Vive 100 y Bonice: el silencio más elocuente

En 2023, investigadores de la Corporación Universitaria Remington publicaron un estudio sobre la situación laboral de los vendedores ambulantes de Vive 100 en Montería. Los hallazgos son contundentes: jornadas de diez horas diarias, siete días a la semana, sin contrato formal, sin prestaciones sociales, sin seguridad social, con ingresos entre $50.000 y $80.000 pesos diarios. Los investigadores concluyen que la tercerización utilizada por las empresas fabricantes «constituye una violación directa a la dignidad y los derechos fundamentales de estos trabajadores».

En noviembre de 2025, el abogado Óscar David Benavides radicó una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo contra las empresas distribuidoras de Vive 100, entre otras marcas. El expediente lleva el número 11EE2025741100000053484.

Vive 100 es una marca de Quala S.A. La familia de Juanita León es cofundadora y accionista de Quala S.A.

La Silla Vacía, que dedica investigaciones enteras a documentar condiciones laborales en el sector público y privado, no ha publicado una sola línea sobre las condiciones de los vendedores ambulantes de los productos de su propia familia.

El silencio, en periodismo, también es una decisión editorial.

V. La gran promesa de los SuperAmigos: «No le debemos favores a nadie»

En la página web de La Silla Vacía, en un lugar destacado y con tipografía generosa, aparece el llamado a sus lectores a convertirse en SuperAmigos. La propuesta es simple: aportar desde $20.000 pesos al mes — «el costo de un café», según el propio medio — para financiar el periodismo independiente. A cambio, el donante recibe beneficios: acceso a reuniones mensuales por Zoom con el equipo editorial, boletines exclusivos por WhatsApp, descuentos en cursos, salidas grupales a museos y reservas naturales, y un sello de SuperAmigo en los comentarios del portal.

El argumento central que La Silla usa para motivar esas donaciones es contundente. Lo dice literalmente en su página:

«Para hacer sostenible este proyecto y ser fieles a nuestra independencia, diversificamos nuestros ingresos. En otras palabras: no le debemos favores a nadie, no tenemos otros negocios, no hacemos contratos con el Estado ni tenemos deudas con bancos.»

— lasillavacia.com/superamigos — Texto oficial de la página de membresía

Es una frase poderosa. También es, a la luz de los hechos documentados, profundamente inexacta.

Porque La Silla Vacía sí tiene «otros negocios»: una LLC en Miami — La Silla Vacia LLC, documento L23000177658 del Estado de Florida — cuyo único miembro es Blogosfera Producciones S.A.S. Porque su directora y fundadora es accionista de Química Comercial Andina S.A.S., empresa que firmó contratos con Ecopetrol por más de $65.000 millones entre 2018 y 2023. Porque su familia es cofundadora y accionista de Quala S.A., empresa que en 2018 donó $90 millones al Centro Democrático. Porque sus mayores financiadores — USAID, Embajada Británica, KAS, Fundación Ford — son organizaciones con agendas geopolíticas propias sobre Colombia.

Cuando un lector colombiano, convencido por esa promesa de independencia, saca $20.000 pesos de su bolsillo cada mes para sostener a La Silla Vacía, está pagando por un servicio que se anuncia como libre de conflictos de interés. Un servicio que, según los registros públicos disponibles, no lo es. Eso tiene un nombre en el derecho del consumidor colombiano: publicidad engañosa. Definida en el artículo 30 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) como aquella que «mediante alegaciones falsas, inexactas o exageradas, induzca a error al consumidor». Logicamente, esta opinion está revestida del prefijo “presuntamente”.

La ironía no es menor: mientras La Silla Vacía usa el argumento de la independencia para recaudar fondos de sus lectores, la empresa de su propia familia — Quala S.A. — fue investigada por el Estado colombiano precisamente por publicidad engañosa.

VI. Quala y la publicidad engañosa: una historia de familia

En febrero de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la apertura de investigación contra 14 empresas por presunta publicidad engañosa en productos de aseo relacionados con el COVID-19. La SIC adelantó visitas de inspección a diferentes páginas web, medios de comunicación y redes sociales, al encontrar mensajes que atribuían beneficios contra la COVID-19 — matar, eliminar y combatir el virus, hacerlo desaparecer e incluso reducir las consecuencias del contagio — sin evidencia científica que los sustentara.

Quala S.A. fue incluida en esa lista. La investigación se centró en el producto Aromax 3 Acciones, promocionado en televisión nacional con el presentador Carlos Calero, bajo la promesa de proteger a los colombianos de una pandemia que mataba miles de personas al mes.

Es decir: la familia de la directora del medio que promete no engañar a sus lectores tenía una empresa que, según la SIC, presuntamente engañaba a los consumidores colombianos aprovechando el miedo colectivo a una pandemia.

La Silla Vacía, que en ese mismo período publicó extensos reportajes sobre la gestión del COVID-19 en Colombia, sobre las irregularidades en la compra de insumos sanitarios, sobre las empresas que se aprovecharon de la crisis, no publicó una sola línea sobre la investigación de la SIC contra Quala.

La estructura del presunto engaño, en ambos casos, es análoga: prometer un beneficio — protección contra el virus en el caso de Quala, independencia periodística en el caso de La Silla — que los hechos documentados ponen en seria duda.

VII. La aritmética de la «independencia»

Las pequeñas donaciones realizadas por los SuperAmigos representaron el 3,2% de los ingresos en 2024. Al cierre del año, La Silla Vacía contaba con 527 SuperAmigos. La propia Silla Vacía lo dice en su página oficial.

El dato merece ser leído con detenimiento. El programa de SuperAmigos — la bandera de la independencia ciudadana del medio, la justificación ética de la marca — representa apenas el 3,2% de los ingresos totales de La Silla Vacía. Un porcentaje menor al que representa Bancolombia y Grupo Sura solos. Un porcentaje que en valores absolutos equivale a cerca de $144 millones de pesos anuales sobre un presupuesto de $4.500 millones.

«Los SuperAmigos no financian la independencia de La Silla Vacía. Financian su legitimidad.»

— Análisis del modelo de financiación 2024

Y hay algo más que La Silla no dice a sus SuperAmigos cuando les pide el aporte mensual: que las donaciones a la Fundación La Silla Vacía tienen beneficio tributario. Lo confirma la propia página de membresía: «La Silla Vacía es una fundación y, por lo tanto, el aporte tiene una deducción en los impuestos.» Lo que significa que parte del dinero que el lector entrega como donación no sale realmente de su bolsillo — sale del fisco colombiano. El Estado, al que La Silla fiscaliza, subsidia indirectamente la operación de La Silla a través del sistema tributario.

Un penalista reconocido me dijo algún día que la SILLATÓN, como le llaman al mecanismo utilizado por La Silla Vacía para recaudar en forma masiva y habitual de donaciones del público para su supervivencia, podría configurar presuntamente un delito, porque esas operaciones debieron contar previamente con permiso de la Superintendencia Financiera, porque, de conformidad con el artículo 316 del Código Penal Colombiano, se incurre en el delito CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS AGRAVADO, cuando:

“El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si para dichos fines el agente hace uso de los medios de comunicación social u otros de divulgación colectiva, la pena se aumentará hasta en una cuarta parte.”

Le respondí al penalista que La Silla Vacía tiene sus asesores jurídicos que, con toda seguridad, no la dejarían cometer un error de tal magnitud.

La entrada La periodista y el imperio familiar: los conflictos de interés que La Silla Vacía no cuenta se publicó primero en Nación Paisa.

Durante la sesión, congresistas de distintas bancadas manifestaron preocupaciones sobre lo que consideran un tratamiento desigual en la cobertura de temas políticos y sociales, especialmente frente a actores como Paloma Valencia, candidata del partido Centro Democrático y al debate minero en el municipio de Jericó.

El diputado Manuel García, del Pacto Histórico, aseguró que existe una “prevalencia significativa” de voces afines a ese sector político dentro del canal, lo que —según indicó— genera inquietudes sobre la pluralidad informativa. En esa misma línea, cuestionó la limitada participación de sectores de oposición en los espacios del medio regional.

“Llama profundamente la atención la línea política del canal frente a las intervenciones de congresistas del Centro Democrático, que tienen una prevalencia muy importante», aseguró el diputado Manuel García.

Por su parte, el diputado Camilo Calle, de la Alianza Verde, planteó señalamientos adicionales relacionados con presuntas irregularidades contractuales y un supuesto enfoque favorable hacia la multinacional AngloGold Ashanti en contenidos asociados a su actividad en Jericó.

“Claramente es un canal que se ha convertido en una plataforma de naturaleza política, favoreciendo una narrativa alineada con el gobierno departamental y sectores como el Centro Democrático”, añadió Camilo Calle.

Según el corporado, esta situación podría estar afectando la visibilidad de procesos sociales y comunitarios que se oponen a proyectos extractivos en la región.

Reacciones desde el territorio

Desde Jericó, algunas organizaciones campesinas también han expresado inconformidad con la cobertura del canal, señalando que, a su juicio, no se reflejan de manera equilibrada las posiciones de las comunidades frente a la actividad minera.

Estos cuestionamientos se dan en un contexto de alta sensibilidad social en el suroeste antioqueño, donde el debate sobre la minería ha generado movilizaciones y acciones jurídicas en los últimos años.

Los diputados anunciaron que continuarán haciendo seguimiento al rol del canal público, especialmente en lo relacionado con la garantía de pluralidad, el equilibrio informativo y el uso de recursos públicos.

El debate se mantiene abierto en el ámbito político regional, en medio de llamados a fortalecer la transparencia y la independencia editorial en los medios públicos del departamento.

Respuesta del canal

Consultada sobre los señalamientos, la gerente de Teleantioquia, Margarita Arango, indicó que el cuestionario del debate no incluía preguntas relacionadas con minería, por lo que decidió no pronunciarse sobre ese tema en particular. Nación Paisa consultó al equipo de comunicaciones y recibió la misma respuesta.

Hasta el momento, el canal no ha emitido un pronunciamiento ampliado frente a las demás denuncias relacionadas con su línea editorial o el manejo de contenidos políticos.

Editorial – Nación Paisa

2/ El diputado @manuelgarcia_52 cuestionó la línea editorial de @Teleantioquia y la presencia reiterada de sectores del @CeDemocratico.

“Llama profundamente la atención la línea política del canal frente a las intervenciones de congresistas del Centro Democrático, que tienen una… pic.twitter.com/ljQK5dVG2Y

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4/ Además, en el debate también se cuestionó la cobertura del canal frente a la minería en Jericó, donde comunidades y diputados señalan un presunto tratamiento informativo favorable a la multinacional. El tema sigue generando controversia en Antioquia. ⛏️https://t.co/xmNLVEB16b

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5/ Desde @Teleantioquia, la gerente Margarita Arango respondió que el debate citado no incluía preguntas sobre minería, por lo que no se referirá a ese tema. Nación Paisa la buscó y recibió la misma respuesta que dió en la @asambleadeant durante el debate de control político.… pic.twitter.com/ZVhBj8DW6A

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La controversia surge por el contenido de la columna titulada “Capitán cavernícola”, en la que el autor lanza fuertes críticas al comportamiento político del concejal, al tiempo que menciona procesos judiciales en los que aparecería su nombre.

En uno de los apartes, el texto señala:

“Revisando la página de consulta de procesos de la Rama Judicial hay tres largas páginas con su nombre. En al menos 27 procesos aparece como demandado o denunciado”.

Además, la columna hace referencia a procesos penales, indicando —según el texto— la existencia de investigaciones relacionadas con:

“procesos por tráfico de estupefacientes y otras infracciones de 2009 y 2010”.

Estos señalamientos, que no constituyen fallos judiciales en el texto citado sino referencias a registros y procesos, desataron la reacción del cabildante.

🚨 #URGENTE | El “Gury” contraataca

⚠️ Una columna de @elespectador menciona procesos judiciales, incluso referencias a drogas en su contra.

El concejal @AndresGuryRod responde y anuncia acciones legales: habla de errores y hasta de un “homónimo”.

Esto le dijo a Nación Paisa… pic.twitter.com/tqIt94sr9g

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Respuesta del concejal

En ejercicio del derecho a la réplica, este medio consultó a Andrés Felipe Rodríguez sobre su postura frente a la publicación. En respuesta, el concejal aseguró que las afirmaciones deberán ser rectificadas y defendió su situación jurídica:

“Puede que existan muchas denuncias en contra mía, pues igual tenía muchas más. Y eso porque han venido desapareciendo con el tiempo (…) le va a tocar retractarse”.

Rodríguez también sostuvo que ya inició gestiones para aclarar los señalamientos:

“Ya se solicitó a los juzgados que aclaren ese tema. Al parecer tengo un homónimo”.

Asimismo, cuestionó a quienes han difundido la información:

“Está muy bien que sigan metiendo las patas públicamente”.

Anuncio de acciones legales

Aunque no detalló el tipo de recurso judicial que interpondrá, el concejal reiteró que buscará que se verifique la información publicada y que se produzcan rectificaciones si hay lugar a ello.

Hasta el momento, el diario El Espectador no se ha pronunciado públicamente sobre una eventual acción legal.

La columna también cuestiona el estilo político del concejal, al que describe en términos críticos y menciona episodios relacionados con su esquema de seguridad y actuaciones públicas.

El caso reabre el debate sobre los límites entre la opinión periodística, la libertad de expresión y el derecho al buen nombre de los funcionarios públicos, especialmente cuando se citan procesos judiciales o antecedentes sin decisiones condenatorias.

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