Un grupo congresistas colombianos radicarán un proyecto de ley que contempla la prohibición de la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales de hidrocarburos en el territorio nacional mediante la tecnología de fracturamiento hidráulico.

Los 52 parlamentarios de diferentes colectividades que firmaron la iniciativa, que será radicada en la secretaría general del Senado, buscan la prohibición de esta debatida técnica mejor conocida como fracking, la cual será presentada por tercera vez ante el Congreso.

“La prohibición prevista en esta disposición es una medida legal fundada en el principio constitucional de precaución para la protección del medio ambiente y la salud de las actuales y futuras generaciones; la prevención de conflictos socioambientales asociados a estas actividades; y, para contribuir al cumplimiento efectivo de las metas del Acuerdo de París”, indica el proyecto de ley.

Esta iniciativa, impulsada por el colectivo de ambientalistas ‘Alianza Colombia libre de Fracking’, también establece que no se podrán otorgar o suscribir contratos, licencias, concesiones o permisos ambientales para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos mediante estas técnicas.

A su vez, el proyecto señala que se deberán cumplir los tratados y protocolos internacionales sobre la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en el país, en especial, aquellos principios de precaución, prevención, de priorización del agua para la vida, de la acción climática efectiva, con el fin de establecer unos márgenes para estas actividades extractivas.

El incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias previstas en la Ley 1333 de 2009 o la que la modifique o sustituya, sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que haya lugar en materia penal, fiscal y disciplinaria”, indica el proyecto de ley.

Por último, la iniciativa contempla las autoridades competentes en el país tendrán un plazo de dos años para consolidar una política pública de acción climática efectiva que vincule la promoción de energías renovables y un plan de diversificación energética para fomentar la sustitución de la exploración y explotación de combustibles fósiles en el país.

Asimismo, esta política pública deberá establecer unas metas progresivas, medibles, con la intención de disminuir la explotación en un 50 % durante los próximos diez años y de exploración en un 80 % durante este periodo, en el que se deberá fomentar la transición energética y las economías locales.

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