El magistrado estará al frente de la Jurisdicción Especial para la Paz durante el periodo 2026-2028. Entre las medidas anunciadas están el traslado de sede, la reducción de esquemas de seguridad y un recorte del 85 % en los contratos de prestación de servicios.

El magistrado Danilo Rojas Betancourth asumió ayer, jueves 5 de noviembre, la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para el periodo 2026-2028. Su elección había sido definida por la Sala Plena el pasado 20 de octubre. La magistrada Diana María Vega Laguna lo acompañará como vicepresidenta.

La llegada de la nueva dirección coincide con un escenario de ajustes financieros para la Jurisdicción, luego de una reducción presupuestal de 170.000 millones de pesos. Durante su discurso de posesión, Rojas presentó tres medidas para disminuir los gastos de funcionamiento y mantener las actividades centrales de la entidad.

«Hemos tomado decisiones difíciles y dado pasos claros para ajustarnos al hecho cierto de la reducción presupuestal, tratando de preservar al máximo la misionalidad de la JEP», afirmó el magistrado.

Traslado de sede y reducción de gastos

Una de las principales decisiones será entregar, en marzo de 2027, el edificio de aproximadamente 15.000 metros cuadrados que ocupa actualmente la Jurisdicción y trasladar sus operaciones a una sede de 4.200 metros cuadrados. Según lo anunciado, el cambio representaría un ahorro cercano a los 26.000 millones de pesos anuales.

La reducción del espacio físico implicará implementar el trabajo virtual como regla general y establecer un modelo de asistencia rotativa para los funcionarios. También se buscará apoyo en universidades, entidades territoriales, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y otras instituciones públicas y privadas.

La segunda medida contempla disminuir los esquemas de protección de magistrados, víctimas, testigos y comparecientes. El presidente de la JEP señaló que algunos funcionarios, entre ellos fiscales y el secretario ejecutivo, decidieron prescindir de este servicio.

El ajuste representaría un ahorro aproximado de 37.000 millones de pesos al año. Debido a las implicaciones de esta decisión, la Jurisdicción solicitará al Gobierno Nacional que asuma las responsabilidades de protección correspondientes, de acuerdo con las disposiciones legales.

El tercer anuncio corresponde a la reducción del 85 % de los contratos de prestación de servicios, con un ahorro estimado de 83.000 millones de pesos. Estos contratos respaldaban actividades como la defensa técnica, la atención psicosocial y los encuentros restaurativos entre víctimas y comparecientes.

Rojas explicó que será necesario reorganizar la planta de personal para atender, en la medida de lo posible, las funciones que podrían verse afectadas por la disminución de estos servicios.

La JEP mantendrá sus funciones judiciales

Pese a los ajustes económicos, el nuevo presidente aseguró que la Jurisdicción continuará con sus responsabilidades en materia de investigación, juzgamiento y sanción de los máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Entre sus tareas también está resolver la situación jurídica de más de 17.000 comparecientes sometidos a la justicia transicional.

El magistrado sostuvo que la entidad mantendrá su compromiso con los derechos de las víctimas, especialmente en el acceso a la verdad y la justicia, y afirmó que sus decisiones se adoptarán con independencia e imparcialidad.

Por su parte, la vicepresidenta Diana María Vega Laguna manifestó que, aunque la JEP atraviesa un momento complejo, continuará trabajando para cumplir los objetivos del modelo de justicia transicional y fortalecer la articulación con otras instituciones.

Rojas pidió a la ciudadanía informarse sobre el trabajo de la JEP

Durante su intervención, el magistrado también se refirió a las críticas y a las campañas de desinformación que, según afirmó, han afectado la credibilidad de la Jurisdicción.

Rojas señaló que las observaciones fundamentadas son necesarias para mejorar la labor institucional, pero pidió a la ciudadanía diferenciar las críticas de la difusión de información falsa.

Asimismo, recordó que la JEP no creó las sanciones ni los beneficios contemplados en el modelo de justicia transicional, sino que tiene la responsabilidad de aplicarlos conforme a las normas vigentes.

También explicó que la Jurisdicción investiga y juzga a exintegrantes de las Farc-EP, miembros de la fuerza pública y terceros que comparecen ante ella, dentro de sus competencias.

Sobre las sanciones propias del sistema, indicó que incluyen restricciones a la libertad de movimiento y mecanismos de seguimiento por parte de la JEP. Según el magistrado, estos mecanismos están vinculados al cumplimiento de las obligaciones impuestas y al aporte de verdad a las víctimas.

¿Quiénes son los nuevos directivos de la JEP?

Danilo Rojas Betancourth es abogado de la Universidad Libre y cuenta con estudios de especialización, maestría y doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. También tiene formación en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante, España, y en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás.

En su trayectoria se desempeñó como magistrado y presidente del Consejo de Estado, consultor de organismos internacionales y director nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. También ha ejercido como docente universitario y director del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional.

La vicepresidenta Diana María Vega Laguna es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho. Cuenta con cerca de 20 años de experiencia en entidades como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía y la Procuraduría.

Actualmente es magistrada de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP y también desarrolla actividades académicas en programas de posgrado.

Con esta nueva dirección, la Jurisdicción inicia un periodo marcado por restricciones presupuestales y decisiones administrativas que tendrán efectos sobre su funcionamiento, mientras continúa con los procesos judiciales relacionados con el conflicto armado colombiano.

Discurso de posesión: https://www.youtube.com/watch?v=nBYQB7WGi6o&t=323s