El proyecto que avanza en el Congreso creará juzgados y tribunales rurales especializados para resolver conflictos de tierras y fortalecer la justicia en el campo colombiano.
La Jurisdicción Agraria y Rural está cada vez más cerca de convertirse en una realidad en Colombia. El proyecto de ley que define las competencias de esta nueva figura judicial avanza actualmente en el Congreso de la República y busca transformar el acceso a la justicia en las zonas rurales del país.
La iniciativa contempla la creación de juzgados y tribunales agrarios y rurales en todo el territorio nacional, especializados en atender conflictos relacionados con la tierra, la producción agropecuaria y los derechos campesinos.
El proyecto, que ya cursa su tercer debate legislativo, definirá además las funciones de la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, así como de los Tribunales Agrarios y los Juzgados Agrarios y Rurales.
Según el Gobierno nacional, el objetivo principal es fortalecer el acceso a una justicia especializada para resolver problemáticas históricas relacionadas con la tenencia y uso de la tierra en el campo colombiano.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que esta propuesta representa una de las principales promesas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
“Este es un proyecto muy importante; no solo fue una de las promesas del presidente Gustavo Petro en campaña, sino que también atiende conflictos del campo que históricamente no habían recibido atención especializada”, afirmó Benedetti.
El funcionario destacó que contar con jueces especializados permitirá resolver disputas sobre pertenencia, titularidad de predios y conflictos rurales menores, contribuyendo a fortalecer la presencia institucional y la construcción de paz en los territorios.
La reforma también contempla la creación de centros de servicios judiciales y administrativos de apoyo técnico agrario y rural, encargados de brindar acompañamiento especializado y soporte pericial en los procesos relacionados con tierras.
Asimismo, se crearán figuras denominadas facilitadores agrarios y rurales, quienes orientarán a la ciudadanía sobre el acceso a la justicia en asuntos vinculados con predios y conflictos agrarios.
Otro de los puntos centrales del proyecto es que los procesos de selección de funcionarios priorizarán conocimientos en derechos fundamentales campesinos, enfoques étnicos, de género y comprensión territorial.
La iniciativa ya superó etapas clave en su trámite jurídico y político. Bajo la coordinación del Ministerio del Interior se aprobó previamente la reforma constitucional que permitió crear esta jurisdicción, además de la ley estatutaria revisada por la Corte Constitucional.
El alto tribunal avaló la mayoría de los artículos del proyecto y remitió el texto ajustado para continuar su proceso de aprobación y eventual sanción presidencial.
Entre los conflictos que deberá resolver la nueva jurisdicción se encuentran disputas sobre uso y tenencia de la tierra, contratos agrarios, ocupaciones de hecho, servidumbres rurales, posesión de predios y actuaciones relacionadas con la Agencia Nacional de Tierras.
Para el Gobierno Petro, esta reforma hace parte de una política más amplia de transformación rural, formalización de tierras y fortalecimiento institucional en el campo colombiano.
