La posesión de De la Espriella abrió un cruce político por el lugar del acto, después de que el Gobierno de Gustavo Petro negara que la ceremonia vaya a realizarse en una base militar y subrayara que solo el Congreso puede decidir un traslado de su sede.
El mensaje oficial: no habrá acto en instalaciones militares
El Gobierno respondió a las versiones sobre una eventual ceremonia de posesión en una base militar y rechazó esa posibilidad. La posición oficial, según lo expresado por el Ejecutivo, es que no se trata de un acto programado ni avalado en ese tipo de instalaciones.
En esa misma línea, el Gobierno enmarcó la discusión en un punto institucional: la sede de los actos del Congreso no puede cambiarse por decisión unilateral de otro poder. El énfasis, en este caso, fue que la determinación corresponde al Legislativo.
Qué está en juego con la sede del Congreso, según el Ejecutivo
En el pronunciamiento, el Ejecutivo sostuvo que cualquier movimiento de la sede del Congreso es una competencia que recae en el propio Parlamento. Con ese argumento buscó cortar de raíz la lectura de que el Gobierno estaría “moviendo” el escenario del acto de posesión.
La reacción se produjo en el marco del debate público por la sede del Congreso como espacio institucional, un punto que en este caso se volvió central por el simbolismo y las implicaciones políticas de elegir un recinto militar para una ceremonia asociada a la actividad legislativa.
Posesión de De la Espriella: el cruce político queda instalado en el lugar del acto
La controversia gira alrededor de la ceremonia de posesión de De la Espriella y de quién tiene la facultad para fijar el sitio del evento. El Gobierno, al negar la opción de una base militar, trasladó el foco hacia la competencia del Congreso sobre su funcionamiento y su sede.
Por ahora, lo verificable en este episodio es el doble mensaje del Ejecutivo: no existe una decisión gubernamental de hacer la posesión en una base militar y, de acuerdo con su postura, cualquier cambio de sede pasa por una decisión del Congreso. Ese marco es el que determina el alcance real del anuncio en el debate político.
