Esta decisión y solicitud formal que ha tomado la cartera del Interior, señala en el informe que, esta petición se debe a las denuncias hechas por la ciudadanía a través de redes sociales donde se pudo observar a «El Gury», como es conocido en el Concejo de Medellín, con un bate de beisbol en la mano, lanzando palabras amenazantes y acaloradas contra las personas que se encontraban en la marcha ya mencionada del pasado 7 de octubre.

Ante la polémica, los debates y las criticas que han suscitado esta bochornosa situación para el funcionario público, el Ministerio del Interior señala además, que este tipo de comportamientos deben ser rechazados categóricamente recordando que en Colombia existe el derecho a la protesta pacifica la cual esta protegida por el articulo 37 de la Constitución Política de Colombia, regulado por el Decreto 003 de 2021, por lo tanto, piden valorar si el comportamiento del concejal violó dichas garantías ciudadanas.

Cabe señalar que desde la Procuraduría General de la Nación, también se surten los tramites que llevan a cabo una investigación disciplinaria por este mismo hecho, además la Fiscalía adelanta de igual forma actuaciones contra el comportamiento del funcionario.

Por último, el Ministerio del Interior le pide al Concejo de Medellín que informe sobre si se han o no, tomado medidas preventivas y correctivas relacionadas con este mismo caso.

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Hace pocas horas, la Procuraduría General de la Nación confirmó la apertura formal de una investigación disciplinaria contra el concejal del Centro Democrático Andrés Felipe Rodríguez Huerta, conocido en el Concejo de Medellín como “El Guri”, tras protagonizar un violento episodio durante las manifestaciones a favor de Palestina el pasado 7 de octubre.

Los videos que circularon ampliamente en redes sociales muestran al cabildante confrontando a los manifestantes con un bate de béisbol en la mano, acompañado por miembros de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), mientras profiere frases como “a partir de este momento les declaro la guerra a ustedes también”.

El hecho, que generó un amplio rechazo ciudadano, es considerado por juristas como una clara incitación a la violencia y un abuso de poder incompatible con el cargo de servidor público elegido por voto popular.

Según el artículo 34 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), todo servidor público debe “observar una conducta pública y privada acorde con la dignidad del cargo, con respeto a la Constitución, la ley y los derechos de las personas”. Acciones de agresión o intimidación, especialmente en medio de manifestaciones pacíficas, pueden constituir faltas disciplinarias gravísimas, de acuerdo con el artículo 48 numeral 1 del mismo código, que sanciona a quienes abusen de su autoridad o promuevan comportamientos que alteren la convivencia ciudadana.

Desde el punto de vista penal, de comprobarse la intencionalidad, las conductas del concejal podrían encuadrarse en los delitos de instigación a delinquir (artículo 348 del Código Penal Colombiano) o incitación pública a la violencia (artículo 347), los cuales castigan a quien promueva hostilidad o acciones violentas contra grupos o personas.

La Corte Constitucional ha sido reiterativa —en sentencias como la C-948 de 2002, la T-391 de 2007 y la C-442 de 2011— en que los funcionarios públicos deben garantizar neutralidad, respeto y proporcionalidad frente a la ciudadanía, evitando cualquier comportamiento que pueda interpretarse como uso indebido de la fuerza o instigación al odio.

Aunque la jornada de protesta se desarrolló de forma mayoritariamente pacífica, al finalizar se presentaron enfrentamientos entre manifestantes pro Palestina y funcionarios de la Alcaldía de Medellín, lo que refuerza la preocupación sobre el papel de servidores públicos en la escalada de la confrontación.

Tanto la Procuraduría General de la Nación como la Personería de Medellín confirmaron el inicio de investigaciones disciplinarias y administrativas contra varios funcionarios presuntamente implicados, algunos de ellos vinculados a la administración del alcalde Federico Gutiérrez.

El episodio ha encendido un debate nacional sobre el límite entre la autoridad y la provocación, y sobre el ejemplo que deben ofrecer los servidores públicos en contextos de tensión social. Para diversos sectores, lo ocurrido en Medellín refleja la normalización de la violencia política y el uso del miedo como herramienta de control ciudadano.

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En otras declaraciones, Upegui expresó su compromiso con la ciudad de Medellín y sus habitantes: «Vamos a seguir trabajando con amor por Medellín. Ya tengo la credencial que nos permite liderar la oposición, realizar un control político riguroso y, por supuesto, trabajar en pro de la paz, la juventud, la educación y el medio ambiente».

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A su vez, como líder y miembro destacado del movimiento Independientes, Upegui se presenta como la figura principal de la oposición en el Concejo Distrital de Medellín. Por su parte, Upegui ya había anunciado previamente su intención de asumir este rol con una visión alternativa, prometiendo respeto, la construcción desde las ideas y el trabajo en beneficio de todos los habitantes de Medellín.

He decidido aceptar la curul en el Concejo de Medellín. Vamos a liderar la oposición y a trabajar con amor por las causas que hemos defendido siempre. 💛✊🏻 pic.twitter.com/e5DCDUt0i4

— Juan Carlos Upegui (@JuanCaUpeguiV) November 4, 2023

«He decidido aceptar la curul en el Concejo de Medellín. Vamos a liderar la oposición y a trabajar con amor por las causas que hemos defendido siempre», comentó Juan Carlos Upegui en sus redes sociales.

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Durante la campaña electoral, Upegui había hecho acusaciones contra el alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, alegando que se había llevado a cabo una persecución política en su contra para evitar que asumiera su curul de oposición según lo dispuesto en el Estatuto de Oposición.

Cabe destacar tales acusaciones de persecución política realizadas por Upegui carecen de cualquier evidencia sólida que respalde dichas afirmaciones, pero el ahora concejal se ha quedado corto con nuevas denuncias que crecen en su contra como presuntos recursos ilícitos en su campaña.

Por: Sara Pardo Del Río

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E imputó los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción, al ordenar el pago de una pensión de jubilación y retroactivos a favor de la señora Berta Tarón, en 2014, mientras fungía como director del Fondo de Pensiones de Cartagena.

Esta decisión se da como resultado de una denuncia presentada ante la Fiscalía, en febrero de este año, por el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, en contra del cabildante.

De acuerdo con las pruebas aportadas por la Fiscalía, el concejal Marín habría expedido, de manera irregular e ilegal, la resolución 7300 del 24 de octubre de 2014, mediante la cual se otorga una pensión de jubilación a la señora Berta Tarón.

Sin que se cumpliera con el lleno de los requisitos que establece el Acuerdo Laboral Definitivo, suscrito entre las extintas Empresas de Servicios Públicos Distritales de Cartagena y sus extrabajadores el 4 de agosto de 199

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«Desde la dictadura con ropajes de legalidad y democracia, con las que el Centro Democrático se pretende endosar y enlodar las elecciones presidenciales, nos permitimos adherir de manera decidida a la mejor propuesta con miras a las presidenciales», dijo el cabildante.

El líder indicó que la iniciativa de apoyar a Petro ha tenido gran acogida al interior de distintas colectividades, «toda vez que las maquinarias tradicionales que continúan apegadas al poder quieren obligar a las bases electorales a votar por Rodolfo Hernández», agregó Corredor.

«No me identifico con ninguna campaña que reciba el apoyo del uribismo y comparta intereses con la vieja y amangualada clase política que a menudo nos recuerdan que se limpian el trasero con la Constitución y la ley, mientras acuden a actos misóginos», resaltó el concejal.

📹 #EnVideo | Albert Corredor (@AlbertCorredor), concejal de Medellín quien renunció al Centro Democrático (@CeDemocratico) anunció que votará en la segunda vuelta presidencial por Gustavo Petro (@petrogustavo), en una decisión que generó comentarios en redes sociales. pic.twitter.com/68oBfYD5xK

— Nación Paisa (@NacionPaisa) June 10, 2022

Corredor precisó que no es un concejal de izquierda y que ha creado empresas en Colombia y a nivel internacional, considera que estas son motor del desarrollo en el libre mercado. Se considera así mismo como un capitalista con sentido social en sintonía con el medio ambiente.

«Me mamé de la tiranía y de la autocracia interna en el Centro Democrático y que intentasen obligarme a decidir en contra de mi criterio y de las propuestas por las que fui elegido; me mamé del uribismo por esas políticas recalcitrantes, retrogradas y abusadoras», manifestó.

Finalmente, cabe indicar que en las próximas horas se espera la adición de más activistas del Centro Democrático a la campaña de Petro, de cara a los comicios del próximo 19 de junio.

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Después de dos audiencias, el jurista Enrique Del Rio, apoderado de la cabildante, expuso los motivos por los cuales su defendida era inocente y pidió cese la medida de aseguramiento contra ella y su pareja, Martín Barreto. En el proceso también está inmerso el comerciante Avelino Villamizar.

Petición a la que accedió el juez 11 penal con funciones de garantías Guido Guillermo Guevara, quien revocó la medida y ordenó libertad para los acusados.

En la diligencia se reprodujo un audio de una conversación entre Barreto y el capitán Iván Cadena, quien tendría información privilegiada del complot contra la concejala.

En el proceso que se adelanta por este caso se escuchó el testimonio del patrullero Alexander Salas Mercado, agente de la Policía Nacional que lideró lo que sería este ‘falso operativo’ contra la concejala y quien presuntamente puso el kilogramo de cocaína bajo la silla del conductor.

«Es lamentable que se pueda permear a una institución de esa manera, y que unos agentes de policía puedan instrumentalizar a la administración de justicia de esta forma», dijo Guevara, con tono de indignación, durante la audiencia.

En la diligencia judicial también se mencionaron como autores intelectuales a un actual concejal, dos ediles, y un alcalde de la localidad 2 de la capital bolivarense.

La defensa la hizo Del Río ante la delegada de la Procuraduría, y el Delegado de la Fiscalía, Ángel Matos.

La actual presidenta del Concejo Distrital, su compañero sentimental y el comerciante seguirán vinculados a la investigación, pero la concejal podrá volver a sus actividades.

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