La Personería Distrital de Medellín ha iniciado una investigación disciplinaria en respuesta a múltiples denuncias ciudadanas y alertas del Observatorio de Participación Ciudadana sobre posibles irregularidades en el programa del Bono Alimentario. La entidad ha tomado medidas tras realizar una Indagación Previa por presuntas irregularidades.
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En el centro de la investigación se encuentran Tatiana Beltrán Sierra, exsecretaria de Suministros del Distrito de Medellín durante la época de los hechos, y Juan David Vasco Mejía, director técnico del Equipo de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del Distrito de Medellín, así como supervisor de los contratos con la Unión Temporal Bonos Alimentarios y con Corpollanos.
Las supuestas irregularidades señalan debilidades en la supervisión de los contratos, dando lugar a problemas en el suministro del Bono Alimentario. Entre las inconsistencias destacan la entrega de bonos a beneficiarios de comunas o corregimientos incorrectos, la asignación de múltiples bonos a miembros de una misma familia y la presunta manipulación de precios en algunos supermercados donde se redimen los bonos. Además, se ha señalado que algunos productos entregados tienen fechas de vencimiento cercanas.
🚨 Presuntamente se estarían entregando bonos alimentarios a varios miembros de una familia. Más información 👉🏽 https://t.co/mYlSWQBFB6 pic.twitter.com/IFyk9fQdnI
— Personería Distrital de Medellín (@personeriamed) January 25, 2024
La investigación busca esclarecer las denuncias y determinar la existencia de irregularidades en el programa. Una vez completada la etapa investigativa, el delegado instructor tomará decisiones basadas en las pruebas recabadas, como formular pliego de cargos o archivar las diligencias, de acuerdo con el marco legal correspondiente.
Este proceso refleja el compromiso de la Personería Distrital en garantizar la transparencia y eficiencia en la implementación de programas sociales, velando por el bienestar de la comunidad y la adecuada utilización de recursos públicos. La investigación seguirá su curso para determinar la veracidad de las alegaciones y tomar acciones disciplinarias en consecuencia.
