Hoy fueron dados a conocer los detalles de la denuncia radicada por Roberto Carlos Vidal presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este proceso tiene que ver con el ocultamiento de información y la no extradición a Seuxis Paucias Hernández Solarte o más conocido como: Jesús Santrich, una de las factibles implicadas era la exdirectora de Asuntos internacionales Ana Castro Rivera. Esta denuncia penal interpuesta para la persona o grupo de individuos implicados en los hechos descritos aquí.

El líder de la JEP considera que los hechos descritos se adecúan a los delitos de Fraude a resolución judicial o administrativa de policía (art. 454 del Código Penal) y Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio (art. 454b del Código Penal).

También existían órdenes judiciales de la Sección de Revisión de la JEP y de la Corte Constitucional, la fiscalía general de la Nación de entonces no le entregó a la Jurisdicción toda la información -que fue requerida en varias oportunidades-, para tomar la decisión en el caso Hernández Solarte. Esto último afectó la credibilidad en la JEP y en el Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Estado colombiano y las Farc-EP.

La denuncia de la JEP se interpuso por una recomendación de la Plenaria de la corporación, luego de recibir un informe de una Comisión de Seguimiento creada para el caso. La denuncia penal viene acompañada por un estudio forense realizado por Guernica Chambers, una firma de abogados con sede en Londres, Inglaterra, que relata los hechos que demuestran que hubo múltiples irregularidades.

La Jurisdicción Especial para la Paz basa su actividad judicial en el principio ético de la justicia restaurativa, lo cual implica el reconocimiento de las víctimas y del daño provocado por la actividad criminal como partes fundamentales de la reparación. Con la presente denuncia invocamos tales principios éticos en cuanto a que la JEP fue víctima de hechos que pudieron constituir delitos que tuvieron como propósito impedir el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales de administración de justicia y con ello causar un grave perjuicio al Estado de Derecho.