En un operativo conjunto liderado por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, fue capturado en el barrio Aeropuerto de Planadas, Tolima Wilmer Anyeri Arias Soto, alias «Coco», presunto cabecilla del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC.

La captura se produjo el pasado 22 de noviembre, tras una operación de seguimiento y vigilancia que se extendió por varios meses. Arias Soto es señalado de ser el responsable del ataque armado perpetrado el pasado 5 de octubre en la zona rural de Rioblanco, Tolima, donde una comitiva conformada por la alcaldesa Elisabeth Barbosa y directivos de una reconocida empresa de textiles fue blanco de un violento incidente mientras se dirigían a un resguardo indígena para llevar a cabo actividades sociales.

Alias Coco responsable de ataques en contra de la sociedad civil

Según las autoridades, Anyeri Arias Soto habría ordenado a subalternos disparar indiscriminadamente contra los vehículos que transportaban a la mandataria municipal y a los representantes de la compañía privada. La rápida reacción de unidades del Ejército Nacional, que acompañaban la comitiva, permitió repeler el ataque, resultando en un enfrentamiento armado en el que un miembro del grupo ilegal resultó herido.

La captura de alias «Coco» es un duro golpe a las disidencias de las FARC y a la seguridad ciudadana en el departamento del Tolima. Arias Soto era considerado uno de los principales cabecillas de este grupo armado ilegal, responsable de numerosos ataques contra la población civil y las autoridades.

Otros delitos

El operativo de captura fue posible gracias a la cooperación entre las autoridades colombianas y la comunidad internacional. El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), brindó asistencia técnica y financiera para el desarrollo de la operación.

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La captura de alias «Coco» es una muestra del compromiso de las autoridades colombianas en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad ciudadana. El caso continuará su curso legal mientras la sociedad espera que este hecho contribuya a la tranquilidad y la justicia en la región.