La lucha contra el crimen organizado transnacional se ha convertido en uno de los asuntos centrales de la agenda diplomática del Gobierno colombiano. Durante los últimos meses, la Cancillería ha participado en diferentes escenarios internacionales en los que se han abordado mecanismos de cooperación para enfrentar redes criminales que operan en varios países.

La estrategia contempla el intercambio de información, la cooperación judicial y policial y el fortalecimiento de las capacidades institucionales frente a actividades como el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, la minería ilegal, los delitos ambientales y otras economías ilegales.

Uno de los encuentros bilaterales más relevantes se realizó el 22 de septiembre en Barranquilla, durante la reunión entre el presidente Abelardo De La Espriella y la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado. Los mandatarios abordaron la posibilidad de profundizar el intercambio de información y coordinar acciones contra las organizaciones criminales transnacionales.

En la reunión también se revisaron mecanismos regionales como las operaciones ZEUS y ORIÓN, relacionadas con la cooperación para enfrentar las redes criminales que utilizan corredores marítimos y terrestres.

Cancillería llevó la agenda a escenarios regionales y multilaterales

El 30 de septiembre, Colombia participó en la XXXII Reunión Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Quito, Ecuador. Allí, el canciller Omar Bula Escobar respaldó acciones conjuntas de los países andinos para enfrentar la delincuencia organizada transnacional.

Entre los asuntos discutidos estuvieron la implementación de la Decisión 922 de la Comunidad Andina, el reglamento del comité operativo sobre tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y la cooperación penitenciaria. También se abordó la actualización del Estatuto Migratorio Andino para fortalecer el intercambio de información entre los países miembros.

La agenda continuó el 8 de octubre con una reunión entre la viceministra de Asuntos Multilaterales, Daniella Restrepo, y la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, Noemí Espinoza. En ese encuentro se incluyó la lucha contra el crimen transnacional y el problema mundial de las drogas entre las prioridades de cooperación para el Gran Caribe.

El 19 de octubre, una delegación de parlamentarios de Türkiye se reunió en Barranquilla con representantes del Gobierno colombiano. Las conversaciones abordaron la delincuencia organizada, el terrorismo y la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras criminales mediante redes sociales.

Por su parte, el 26 de octubre, el canciller Omar Bula sostuvo una reunión en Bogotá con integrantes de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. La conversación incluyó temas de ciberdelincuencia, lucha contra las drogas, seguridad portuaria y cooperación judicial.

Colombia respalda iniciativa de Naciones Unidas sobre delitos ambientales

Otro de los escenarios de participación colombiana fue la decimotercera sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, realizada en Viena, Austria, entre el 19 y el 23 de octubre.

Durante este encuentro, Colombia respaldó iniciativas para fortalecer la respuesta internacional frente a las redes criminales y los delitos que afectan el medioambiente.

Entre las decisiones adoptadas estuvo la creación de un comité especial para negociar un protocolo adicional a la Convención de Palermo sobre determinados delitos ambientales. La iniciativa contempla asuntos como el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, la minería ilegal, el comercio ilícito de minerales y metales preciosos y el tráfico de residuos.

El proceso abre una nueva etapa de negociación internacional, por lo que el protocolo todavía deberá ser elaborado y sometido a los procedimientos correspondientes.

En octubre, Colombia también hizo parte de una declaración conjunta suscrita por otros nueve países del hemisferio, en la que los gobiernos firmantes expresaron su rechazo a actividades que atribuyen a Irán y a grupos asociados en América. El pronunciamiento se produjo en el marco del Countering Transnational Terrorism Forum, realizado en Paraguay.

La agenda diplomática refleja la apuesta del Ejecutivo por fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad. Sin embargo, el alcance de estos compromisos dependerá de su implementación, de los acuerdos que se concreten con otros Estados y de los resultados que puedan obtenerse frente a las estructuras criminales que operan dentro y fuera del territorio colombiano.

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La reciente Ley 2640 de 2026, que regula el sometimiento de actores armados ilegales a la justicia, quedó en el centro de una solicitud de corrección jurídica presentada ante el Gobierno Nacional. El penalista Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes pidió expedir un decreto de corrección de yerros para subsanar tres inconsistencias en las referencias internas de la norma.

La petición fue radicada electrónicamente el jueves 5 de noviembre, ante la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho, un día después de que el presidente Abelardo De La Espriella sancionara la ley.

En el documento, de cinco páginas, el abogado sostiene que existen referencias a disposiciones que no aparecen en el articulado definitivo y numeraciones que no corresponden con la estructura de algunos artículos. Por ello, solicita utilizar el mecanismo previsto en el artículo 45 de la Ley 4.ª de 1913, que permite corregir errores caligráficos o tipográficos en citas y referencias legales cuando no exista duda sobre la voluntad del legislador.

La solicitud advierte que este procedimiento tiene límites: puede corregir errores formales de identificación y numeración, pero no modificar el contenido aprobado por el Congreso.

Tres inconsistencias identificadas en la Ley 2640

La primera observación está en el parágrafo 3 del artículo 66A, que excluye a determinados colaboradores mediante una remisión al artículo 66H. Sin embargo, según el abogado, la Ley 2640 adiciona los artículos 66A al 66G a la Ley 418 de 1997, por lo que no existe un artículo 66H dentro del nuevo articulado.

Giraldo Cifuentes considera que esa referencia podría corresponder al numeral 5 del artículo 66B, disposición que establece condiciones particulares para personas involucradas en delitos como lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito. No obstante, reconoce que la corrección mediante decreto solo sería procedente si la voluntad del legislador resulta inequívoca.

La segunda inconsistencia está en el literal e) del artículo 66A, relacionado con las condiciones del tratamiento penal diferenciado. El texto señala que determinada información complementa la verdad plena contemplada en el numeral 2 del mismo inciso, aunque su estructura está organizada mediante literales. Según la solicitud, la referencia correcta correspondería al literal b).

El tercer punto está en el parágrafo 1 del artículo 66C, relacionado con la redención de pena. Allí se menciona el numeral 2 del artículo, pese a que la versión definitiva no conserva esa numeración. El abogado explica que una disposición sobre redención por colaboración eficaz fue eliminada durante el trámite legislativo, pero la referencia permaneció en el texto aprobado.

Además, señala que el título del artículo todavía menciona la colaboración eficaz, aunque esa figura ya no aparece desarrollada en el contenido definitivo de la disposición.

¿Puede el Gobierno corregir estos errores por decreto?

El mecanismo invocado por el penalista tiene fundamento en el artículo 45 de la Ley 4.ª de 1913, que establece la posibilidad de corregir errores tipográficos o de referencia en las leyes cuando sea posible identificar con claridad la intención del legislador.

El escrito también cita antecedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado, que ha delimitado el alcance de esta facultad. Según la interpretación expuesta en la petición, el Gobierno puede corregir referencias y numeraciones equivocadas, pero no utilizar este procedimiento para introducir modificaciones sustanciales en una norma aprobada por el Congreso.

Como antecedente se menciona el Decreto 1736 de 2012, expedido para corregir referencias del Código General del Proceso. También se recuerdan decisiones judiciales que anularon disposiciones de decretos de corrección cuando excedieron el ámbito permitido y terminaron modificando contenidos normativos.

Por esta razón, Giraldo Cifuentes plantea que dos de las tres correcciones solicitadas tienen una referencia identificable dentro del mismo texto legal. La tercera, correspondiente al artículo 66H, dependerá de que el Gobierno pueda establecer sin ambigüedades cuál era la disposición a la que pretendía remitir el legislador.

Otras observaciones y trámite de la solicitud

El documento también identifica otras tres situaciones que, por su naturaleza, no solicita corregir mediante decreto. Entre ellas están una referencia del artículo 66D al Código Penitenciario, la denominación utilizada en el artículo 66E para identificar a los grupos y estructuras armadas ilegales y una expresión incluida en las derogatorias del artículo 27.

El abogado considera que estos asuntos podrían requerir una revisión legislativa y, por tanto, una eventual intervención del Congreso mediante una nueva ley.

La petición solicita que cualquier decreto de corrección se expida después de la publicación oficial de la Ley 2640 de 2026. También pide comunicar la decisión a la Secretaría General del Senado y a la Imprenta Nacional para que las compilaciones oficiales incorporen los ajustes correspondientes.

De acuerdo con la Ley 1755 de 2015, que regula el derecho fundamental de petición, el Gobierno cuenta con un término general de 15 días para responder solicitudes de este tipo.

¿Quién presentó la solicitud?

Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes aclaró que actúa a título personal. Es abogado penalista, conjuez del Tribunal Superior de Medellín y columnista de Ámbito Jurídico. Actualmente adelanta estudios doctorales en Derecho y es autor de publicaciones relacionadas con el análisis de contexto, la macrocriminalidad y la extinción de dominio.

El jurista ya había presentado otras observaciones relacionadas con esta iniciativa legislativa. El 14 de agosto remitió a la Presidencia y al Ministerio de Justicia una propuesta jurídica sobre el acogimiento colectivo a la justicia y, el 23 de octubre, envió observaciones técnicas a los coordinadores ponentes del proyecto.

La solicitud de corrección de yerros constituye una actuación diferente de las eventuales demandas de inconstitucionalidad que puedan presentarse contra la Ley 2640. Estas últimas corresponden a un procedimiento ante la Corte Constitucional y permiten discutir la compatibilidad de la norma con la Constitución.

Por ahora, la petición busca que el Gobierno revise las tres referencias señaladas y determine si pueden corregirse mediante decreto. Mientras no se adopte una decisión, la remisión al artículo 66H permanece en el texto de la ley, pese a que esa disposición no aparece en su articulado.

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La decisión fue adoptada durante una diligencia en la que los magistrados resolvieron la apelación relacionada con la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía General de la Nación. El Tribunal consideró que no estaban dadas las condiciones para mantener privado de la libertad al exfuncionario.

Uno de los argumentos centrales de la decisión está relacionado con la posibilidad de que Velasco pudiera continuar utilizando la estructura estatal para cometer actividades delictivas. Frente a ese planteamiento, los magistrados señalaron que las condiciones que habrían permitido el funcionamiento del supuesto entramado ya no existirían.

En su argumentación, el Tribunal sostuvo que no encontraba cómo Luis Fernando Velasco Chávez podría seguir instrumentalizando la estructura estatal, si es que alguna vez lo hizo, como lo plantea la hipótesis investigativa.

Los magistrados también tuvieron en cuenta que los hechos investigados estarían relacionados con actuaciones del anterior Gobierno y que el actual escenario institucional sería diferente.

El Tribunal revocó la medida y señaló que contra la decisión no procede ningún recurso

Otro de los puntos relevantes del pronunciamiento es que la determinación judicial no admite recursos. Durante la audiencia se indicó que la medida consistía en revocar la decisión apelada, negar la solicitud de aseguramiento contra Velasco y ordenar su libertad inmediata e incondicional.

La decisión no representa una absolución ni significa que el exministro haya sido desvinculado del expediente. El proceso penal continuará ante la Corte Suprema de Justicia, donde deberá responder por los señalamientos formulados por la Fiscalía.

La investigación apunta a una presunta estructura que habría utilizado contratos de la UNGRD y del Instituto Nacional de Vías (Invías) para conseguir apoyos de congresistas a iniciativas legislativas del anterior Gobierno.

La Fiscalía ha señalado a Velasco por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

Luis Fernando Velasco reaccionó tras recuperar su libertad

Después de conocerse la determinación, el exministro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que manifestó que recibía con serenidad y respeto la decisión del Tribunal.

Velasco aseguró que continuará defendiendo su inocencia ante la Corte Suprema de Justicia y anunció que entregará elementos probatorios para que se profundice en la investigación y se identifique a los responsables del desfalco a la UNGRD.

También afirmó que habría sido utilizado como una «cortina de humo para desviar la atención» y agradeció el respaldo de su familia, amigos y equipo jurídico.

Con esta determinación, Luis Fernando Velasco recupera su libertad mientras continúa el proceso judicial por uno de los escándalos de presunta corrupción que ha comprometido a antiguos funcionarios del Gobierno nacional.

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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Daniel Quintero Calle por su presunta participación indebida en política mientras se desempeñaba como superintendente Nacional de Salud durante 2026.

La actuación disciplinaria está relacionada con una entrevista concedida por Quintero, cuyo video habría circulado a través de la red social TikTok. Según la información del organismo de control, durante la conversación el entonces funcionario habría manifestado públicamente su apoyo a uno de los candidatos que participaban en la segunda vuelta presidencial y expresado su rechazo al otro.

Para la Procuraduría, estas declaraciones podrían constituir una intervención indebida en asuntos político-electorales por parte de un servidor público, conducta que habría comprometido los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia que rigen el ejercicio de la función pública.

La falta fue calificada provisionalmente como gravísima

En el marco de la investigación, el Ministerio Público calificó provisionalmente la presunta falta disciplinaria como gravísima, a título de dolo.

Esta calificación corresponde a la valoración inicial del organismo de control sobre la conducta investigada y no representa una decisión definitiva sobre la responsabilidad del exfuncionario.

Con la formulación del pliego de cargos se abre paso a la etapa procesal correspondiente, en la que Daniel Quintero podrá ejercer su derecho de defensa y presentar los argumentos y elementos de prueba que considere pertinentes.

El proceso deberá determinar si las declaraciones atribuidas al exsuperintendente constituyeron una infracción al régimen disciplinario que regula la participación política de los servidores públicos.

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El Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó ante la Cámara de Representantes el proyecto de Ley de Rescate Fiscal, una iniciativa con la que pretende reducir el gasto público y aumentar los ingresos del Estado en medio de las dificultades de las finanzas nacionales. Sin embargo, varias de sus medidas han generado cuestionamientos por el impacto que podrían tener sobre los consumidores, los trabajadores y los hogares de ingresos medios.

La propuesta contempla un ajuste fiscal estimado en cerca de $45 billones, equivalente al 2,2 % del producto interno bruto (PIB), mediante recortes al gasto estatal y modificaciones al sistema tributario. Aunque el Ejecutivo sostiene que necesita estos recursos para contener el déficit y estabilizar la deuda pública, el debate se concentra en quiénes asumirían una parte importante del costo de ese ajuste.

Uno de los principales puntos de discusión es que el proyecto no se limita a reducir gastos administrativos. También propone ampliar la base de algunos impuestos y modificar beneficios tributarios que hoy favorecen a determinados contribuyentes. En consecuencia, si las medidas son aprobadas en los términos presentados, algunos ciudadanos podrían enfrentar mayores obligaciones fiscales y aumentos en el precio de bienes y servicios.

No al paquetazo fiscal! La llamada Ley de Rescate Económico, radicada como Proyecto de Ley 477 de 2026, es un nuevo golpe al bolsillo de los colombianos. Desde 2028 pretende llevar al 19 % de IVA productos de la canasta familiar como el café, el azúcar, las pastas, las frutas y las verduras, además de gravar el servicio de internet de los estratos 1, 2 y 3. Y no nos engañemos con el supuesto alivio de devolver el IVA a quienes compren con factura electrónica: esa propuesta es una cortina de humo, porque la mayoría de las personas no realiza sus compras mediante factura electrónica ni tiene acceso efectivo a ese mecanismo. En la práctica, millones de hogares terminarían pagando más por alimentos y servicios básicos, mientras los grandes capitales reciben nuevos beneficios tributarios a través del RUGE.
Pero el paquetazo no termina ahí: también amenaza el empleo y debilita el Estado. El proyecto le entrega al presidente facultades extraordinarias para fusionar o suprimir entidades públicas, plantea reducir un 20 % los gastos de personal y recortar a la mitad los recursos destinados a contratos de prestación de servicios en 2027. Esto significa despidos, menos oportunidades laborales y un Estado con menor capacidad para atender a la ciudadanía. A eso se suman mayores cargas para trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos y la reducción de beneficios tributarios sobre sus ingresos. Es decir, les cobran más a quienes viven de su trabajo y les alivian la carga a quienes más tienen. En 2021 enfrentamos el paquetazo de Duque y Carrasquilla y hoy volveremos a hacerlo: la crisis fiscal no puede seguir pagándola el pueblo trabajador mientras los poderosos conservan sus privilegios. ¡Esto no es un rescate económico, es un paquetazo contra Colombia!

— Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) October 31, 2026

El IVA, uno de los puntos más sensibles

Aunque el proyecto mantiene la tarifa general del impuesto al valor agregado (IVA) en el 19 %, plantea eliminar desde 2028 la tarifa reducida del 5 % y modificar el tratamiento tributario de diferentes productos y servicios.

Entre los rubros que podrían experimentar incrementos se encuentran el café procesado, el azúcar, los aceites, las pastas, el chocolate y la medicina prepagada. La iniciativa también contempla cambios para vehículos eléctricos e híbridos, bicicletas, determinados equipos tecnológicos y servicios que actualmente cuentan con exclusiones o tratamientos preferenciales.

La propuesta incluye, además, gravar con la tarifa general del IVA las entradas a cine y eventos deportivos, los juegos de suerte y azar por internet y algunos servicios digitales. También plantea retirar el beneficio tributario del internet fijo para hogares de determinados estratos.

El alcance de estos cambios genera preocupación porque el IVA es un impuesto asociado al consumo. Cuando un producto o servicio aumenta de precio por efecto de un gravamen, el costo adicional puede trasladarse al comprador, aunque el impacto final dependerá de las condiciones del mercado y de la aplicación de la medida.

En el caso de los alimentos y otros productos de consumo frecuente, el debate no se limita al recaudo que obtendría el Estado. También involucra la capacidad de compra de los hogares y las consecuencias que un aumento generalizado de costos podría tener sobre sus presupuestos.

La ley de rescate fiscal aumentaría la informalidad laboral. https://t.co/pOHgD8Ekbc

— Mateo Amaya Quimbayo (@mateoamayaq) October 30, 2026

Más presión tributaria sobre las personas naturales

Otro de los componentes controvertidos es el ajuste al impuesto de renta de las personas naturales. El proyecto propone reducir de 1.090 a 720 unidades de valor tributario (UVT) el umbral a partir del cual comenzaría a aplicarse una tarifa marginal distinta de cero, con una tarifa del 9 % para el tramo correspondiente.

La iniciativa también plantea reducir el límite de la exención general del 25 % sobre los ingresos laborales, restringir el monto máximo de rentas exentas y deducciones y eliminar la deducción adicional de 72 UVT por dependientes.

Estos cambios podrían ampliar el grupo de contribuyentes que paga impuesto de renta o aumentar la obligación tributaria de algunas personas que ya declaran. No significa, sin embargo, que todos los trabajadores con un ingreso determinado deban pagar automáticamente ese impuesto: el cálculo depende de la base gravable y de las deducciones y condiciones aplicables.

El efecto sobre los ingresos disponibles es uno de los aspectos que deberá examinar el Congreso. Una menor capacidad para descontar rentas exentas y deducciones puede traducirse en una mayor carga fiscal para ciertos trabajadores y familias.

Se llama ley de rescate fiscal, pero favorece a los ricos y hunde los pobres. ¿A quién están rescatando entonces? Hablamos de un proyecto de reforma tributaria regresiva, empobrecedora y que incluso podría significar una amenaza ambiental para el país. https://t.co/wDxWFuZvlu

— Patricia Caicedo Omar (@patcaicedo) October 30, 2026

Los aportes a salud también entrarían en la discusión

La propuesta plantea modificar los aportes a salud de empleados e independientes mediante tarifas diferenciadas según el nivel de ingresos.

Para los trabajadores dependientes, el proyecto contempla mantener el aporte del 4 % para quienes devenguen hasta dos salarios mínimos y establecer porcentajes progresivos para los rangos superiores, hasta llegar al 8 % para ingresos que superen los veinte salarios mínimos, a partir de 2027.

En el caso de los independientes, también se propone una escala progresiva de cotización que podría llegar al 15,5 % para quienes tengan ingresos superiores a veinte salarios mínimos.

A esto se suma una modificación de las exoneraciones de aportes parafiscales y de salud que reciben los empleadores por determinados trabajadores. El proyecto reduciría el alcance de ese beneficio, que actualmente cubre a empleados que devengan hasta diez salarios mínimos, para concentrarlo en quienes reciben hasta dos.

Este punto tiene implicaciones que van más allá del ingreso disponible de los trabajadores. Al aumentar los costos asociados a determinados empleos formales, la medida abre interrogantes sobre sus posibles efectos en las decisiones de contratación, especialmente en empresas con márgenes estrechos. El resultado dependerá de cómo respondan los empleadores y de las condiciones de cada sector económico.

Menos renta para las empresas y beneficios para grandes inversiones

Mientras propone nuevos gravámenes y cambios en las obligaciones de personas naturales, el Gobierno plantea reducir la tarifa general del impuesto de renta empresarial del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028.

El proyecto también crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), dirigido a determinados proyectos de inversión en sectores como infraestructura, agroindustria, tecnología e industria. Entre sus incentivos se incluyen tarifas especiales de renta, beneficios patrimoniales y estabilidad jurídica por periodos prolongados, condicionados al cumplimiento de requisitos de inversión y empleo.

La reducción de impuestos empresariales puede ser defendida como una herramienta para atraer capital, estimular la actividad económica y promover la generación de puestos de trabajo. Sin embargo, el proyecto deja abierto un debate sobre la distribución de los beneficios y los costos del ajuste: mientras ciertos proyectos de inversión podrían acceder a condiciones tributarias preferenciales, otros contribuyentes enfrentarían restricciones en sus deducciones o mayores cargas sobre el consumo.

La efectividad de los incentivos dependerá de que las inversiones anunciadas se materialicen, generen empleo formal y produzcan beneficios económicos que compensen el costo fiscal de las ventajas otorgadas.

La devolución del IVA, una compensación que deberá evaluarse

Como contrapartida de los cambios tributarios, el Gobierno propone crear EfectIVA, un mecanismo para devolver total o parcialmente el IVA pagado por hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica.

La iniciativa contempla una devolución del 100 % para determinados hogares de menores ingresos y porcentajes inferiores para otros grupos, con un límite mensual de 5,5 UVT por beneficiario. El mecanismo está previsto para comenzar en enero de 2028.

Aunque la devolución podría reducir el impacto de los nuevos gravámenes en parte de la población, su alcance dependerá de la identificación de los beneficiarios, la capacidad operativa del sistema y la oportunidad con la que se realicen los pagos.

Por esa razón, la compensación propuesta no elimina la necesidad de evaluar cuánto aumentarían los gastos de los hogares antes de recibir una devolución, qué personas quedarían cubiertas y cómo se atendería a quienes tengan dificultades para acceder a los mecanismos de pago.

@PalomaValenciaL , qué fácil es pescar en río revuelto y repartir lecciones de responsabilidad fiscal cuando no se tiene que gobernar.

Usted y el @CeDemocratico se han dedicado a cuestionar la Ley de Rescate Económico. Pero tengo una pregunta que merece una respuesta seria: ¿cuál era su fórmula concreta para enfrentar el hueco fiscal que dejó el gobierno de Gustavo Petro?

Usted habló de reducir el déficit en $50 billones. Perfecto. ¿Cómo lo habría conseguido? ¿Qué gastos habría recortado? ¿Qué partidas habría sacrificado? ¿De dónde saldrían los recursos y en cuánto tiempo habría logrado ese objetivo?

Porque decir «Estado austero y no más impuestos» suena muy bonito en una publicación de X, pero gobernar exige números, decisiones y asumir consecuencias.

Lo curioso es que ahora utiliza todos los reflectores mediáticos para amplificar sus críticas, pero Colombia necesita algo más que titulares, oposición y discursos convenientes: necesita soluciones.

Y una pregunta adicional: ¿por qué no puso sobre la mesa una alternativa fiscal completa en lugar de limitarse a descalificar la propuesta del Gobierno?

Paloma, la Presidencia no se gana pescando en río revuelto, ni haciendo campaña permanente desde la oposición. Se necesita liderazgo, propuestas y capacidad de gobernar.

Y que quede claro: ni con todos los micrófonos, ni con todos los titulares, ni con todos los reflectores, jamás usted será presidente de Colombia 🇨🇴!
#LeyDeRescate
https://t.co/lkWjkIogcb

— philarika 🇨🇴 (@PilarEscobarBX) October 31, 2026

Recorte del gasto público: el otro frente del ajuste

El proyecto también establece metas de austeridad para la administración pública. Entre ellas figura una reducción del 50 % en el costo de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en 2027, frente a 2026, así como una disminución del 20 % en los gastos de personal del Presupuesto General de la Nación para 2028, bajo las condiciones planteadas en la iniciativa.

Además, el Ejecutivo busca obtener facultades extraordinarias durante seis meses para reorganizar entidades, fusionar o suprimir organismos y redistribuir funciones. La propuesta contempla igualmente restricciones a gastos como viajes, viáticos, publicidad oficial y arrendamientos, entre otras medidas de control del funcionamiento estatal.

El desafío será establecer si los recortes se traducen en una reducción sostenible del gasto sin deteriorar la prestación de servicios públicos, la capacidad institucional o la atención a la ciudadanía. Una reducción presupuestal no equivale automáticamente a mayor eficiencia: sus resultados dependerán de qué partidas se ajusten, cómo se ejecuten los cambios y qué mecanismos de control se implementen.

El Congreso tendrá la última palabra

La Ley de Rescate Fiscal todavía debe surtir su trámite legislativo. Por tanto, las modificaciones tributarias y las medidas de austeridad incluidas en el proyecto no deben entenderse como obligaciones definitivas mientras no sean aprobadas y entren en vigor conforme a la ley.

La discusión parlamentaria tendrá que examinar tanto la necesidad de corregir el desequilibrio de las finanzas públicas como la distribución de los costos del ajuste. También será clave determinar si las medidas propuestas permiten alcanzar las metas de recaudo y ahorro sin imponer una presión desproporcionada sobre los hogares y los trabajadores.

La pregunta de fondo es si el saneamiento fiscal puede lograrse con una combinación más equilibrada de reducción del gasto, control de la evasión, revisión de beneficios tributarios y generación de ingresos, sin que el mayor peso recaiga sobre el consumo cotidiano y la capacidad económica de los ciudadanos.

El Gobierno defiende el proyecto como una respuesta a la crisis fiscal. Sus críticos cuestionan el impacto de varios de sus componentes sobre la clase media y los consumidores. El debate en el Congreso deberá determinar qué medidas permanecen, cuáles se modifican y quiénes terminarán asumiendo el costo de la estabilización de las cuentas públicas.

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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunció que no aplicará las decisiones consignadas en el Acta N.º 11, suscrita entre su Dirección Regional Cauca y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), al considerar que los acuerdos se adoptaron por fuera de las competencias delegadas a esa dependencia y contradicen las orientaciones institucionales para la contratación pública.

El pronunciamiento se refiere a los compromisos establecidos durante las reuniones del 27 y 28 de octubre de 2026, en las que se abordaron las condiciones para dar continuidad a los contratos de aporte del Modelo Propio del CRIC destinados a la atención de la primera infancia.

Según el ICBF, las decisiones consignadas en el documento se apartan de las instrucciones impartidas el 7 de octubre por las direcciones de Primera Infancia y de Contratación, que establecieron los lineamientos para contratar los servicios correspondientes a noviembre y diciembre.

La entidad sostuvo que las direcciones regionales actúan por delegación de la Dirección General y deben sujetarse a las directrices nacionales. Por esa razón, considera que los acuerdos registrados en el acta no pueden modificar las condiciones definidas por el nivel central.

Disputa por la continuidad de los contratos

Uno de los principales puntos de desacuerdo es la continuidad de los contratos con los operadores vinculados al CRIC. El acta incluyó compromisos orientados a mantener las condiciones que venían rigiendo durante 2026 y a avanzar en la contratación para los dos últimos meses del año sin exigir contrapartidas, según la descripción presentada por el Instituto.

Frente a estos acuerdos, el ICBF manifestó que la continuidad de un operador no constituye un derecho automático ni obliga a la entidad a renovar los contratos existentes. De acuerdo con su posición, la contratación debe estar respaldada por una evaluación integral de la idoneidad del prestador y cumplir las disposiciones legales y los procedimientos institucionales.

El organismo también cuestionó que el acta incluyera un reconocimiento general sobre la ausencia de incumplimientos de los operadores del CRIC, sin identificar contratos, periodos específicos ni informes de supervisión que respaldaran esa conclusión.

Para el Instituto, este tipo de declaraciones no puede sustituir los mecanismos formales de seguimiento y evaluación de las obligaciones contractuales.

Diferencias por la contrapartida y las garantías

La discusión también comprende la contrapartida del 2 % prevista en las orientaciones del ICBF para los operadores de primera infancia, conforme a las condiciones aplicables a cada servicio.

La entidad cuestionó que el acta calificara ese porcentaje como referencial, permitiera avanzar con un compromiso de aporte y aplazara para una reunión prevista el 9 de noviembre la definición de los mecanismos para acreditar su cumplimiento.

Según el Instituto, las directrices nacionales exigen cuantificar la contrapartida en la oferta y mantener el porcentaje establecido. En el caso de las organizaciones étnicas, se contempla que el aporte pueda definirse en dinero o en especie, de acuerdo con sus usos y costumbres, sin reducir el porcentaje exigido.

Otro aspecto señalado por el ICBF es la inclusión de acuerdos con futuros operadores sobre los porcentajes de las pólizas de cumplimiento, calidad del servicio y pago de salarios. La entidad sostuvo que estas garantías deben establecerse a partir de los estudios previos y del análisis de riesgos elaborado por la institución contratante.

El debate sobre las competencias y las normas aplicables

Durante la reunión, según el pronunciamiento del ICBF, los asesores del CRIC defendieron la aplicación de las disposiciones relacionadas con el Sistema Educativo Indígena Propio frente a las instrucciones internas de la entidad.

El Instituto respondió que el Decreto Ley 481 de 2025 no regula los contratos de aporte del ICBF ni las contrapartidas objeto de la discusión. Añadió que el ejercicio de la administración propia de los pueblos indígenas debe desarrollarse en armonía con el marco legal vigente.

La entidad también señaló que el acta reconoce la obligación de respetar el Manual de Contratación y las normas superiores. Según el comunicado, durante la reunión se dejó constancia de que las decisiones sobre el manual y la disponibilidad presupuestal corresponden al nivel central del Instituto, y no a la dirección regional.

A partir de estos argumentos, el ICBF concluyó que las decisiones consignadas en el documento no se ajustan a las competencias delegadas ni a sus orientaciones de contratación, por lo que anunció que no producirán efectos para la entidad.

Atención a la primera infancia, pendiente de las decisiones contractuales

El desacuerdo se presenta mientras deben definirse las condiciones para la prestación de los servicios de atención a la primera infancia en el Cauca durante noviembre y diciembre.

El ICBF aseguró que reconoce el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas y su importancia en el cuidado de los niños y niñas. Sin embargo, insistió en que los contratos financiados con recursos públicos deben cumplir las obligaciones legales y contar con mecanismos de verificación.

La institución indicó que la selección de los operadores se realizará conforme a la ley, al Manual de Contratación y a las directrices vigentes. También anunció que adoptará las medidas necesarias para evitar interrupciones en la atención a la primera infancia en el departamento.

El pronunciamiento del ICBF fija así la posición institucional frente a los acuerdos alcanzados entre su Dirección Regional Cauca y el CRIC, en una discusión que involucra las competencias administrativas, las condiciones de contratación pública y la continuidad de los servicios dirigidos a la población infantil indígena.

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La ministra de Cultura, Paola Holguín, propuso impulsar la articulación entre los sectores cultural, creativo y empresarial del Cauca mediante la creación de un clúster de industrias culturales y creativas. La iniciativa fue planteada durante la inauguración del XXIV Congreso Gastronómico de Popayán, realizado entre el 22 y el 25 de octubre.

En su intervención, la funcionaria invitó a la Cámara de Comercio a promover espacios de coordinación que permitan identificar las capacidades existentes en el departamento y fortalecer los encadenamientos productivos relacionados con la gastronomía, la música, las artesanías y otras expresiones culturales.

“El Cauca tiene un enorme potencial en cocina, en música, en artesanías, pero para diseñar una nueva política de competitividad para este sector, primero tenemos que saber qué tenemos. Debemos tener datos y una base para hacer los encadenamientos productivos”, señaló Holguín.

La propuesta apunta a reunir información sobre las actividades culturales y creativas del departamento para identificar sus capacidades y establecer posibles líneas de trabajo conjunto. Sin embargo, el anuncio no detalla un cronograma, los recursos previstos ni los mecanismos para poner en marcha el clúster.

Cocinas tradicionales e identidad cultural

Durante el encuentro, la ministra también se refirió al papel de las cocinas tradicionales en la preservación de la identidad colombiana y en el reconocimiento de las distintas raíces culturales que han contribuido a la formación del país.

“La cocina puede ser un elemento de encuentro de la nación y una herramienta de proyección de nuestro país”, afirmó.

El Congreso Gastronómico de Popayán, que se realiza desde 2003, reúne a representantes del sector gastronómico y a participantes institucionales alrededor de las tradiciones culinarias del suroccidente colombiano.

La edición número 24 se desarrolló bajo el lema Cocinas Rurales: crear y recrear desde el origen. Entre sus invitados estuvieron Arequipa, en Perú; Manizales, en Caldas, y El Tambo, en el Cauca. El arroz fue el producto protagonista de esta edición.

Al cierre de su participación, Holguín expresó su solidaridad con las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto y señaló la importancia de que los procesos de recuperación incluyan el fortalecimiento de las comunidades y de sus expresiones artísticas y culturales.

La propuesta de crear un clúster cultural y creativo abre el debate sobre cómo articular las actividades culturales del Cauca con oportunidades económicas, a partir de información sectorial y mecanismos de cooperación entre actores públicos, privados y comunitarios.

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El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, visitó este viernes Puerto Antioquia, en Urabá, junto con integrantes del gabinete ministerial, empresarios y representantes de organismos multilaterales. Durante el recorrido se abordaron iniciativas relacionadas con infraestructura, conectividad, saneamiento básico y atracción de inversión para la subregión antioqueña.

En el encuentro, Restrepo destacó las condiciones agroindustriales y logísticas de Urabá, así como el papel que puede desempeñar Puerto Antioquia en la conexión de Colombia con los mercados internacionales.

“Urabá no es solamente una subregión de Antioquia; es un territorio con potencial para impulsar el crecimiento de toda Colombia”, señaló el vicepresidente. También indicó que la combinación de capacidades agroindustriales e infraestructura portuaria puede contribuir a atraer inversiones y generar oportunidades económicas.

Por su parte, Alejandro Costa Posada, CEO de Puerto Antioquia, afirmó que la visita permitió avanzar en una agenda de trabajo enfocada en el desarrollo regional. Según explicó, durante la reunión se revisaron propuestas para fortalecer la infraestructura, mejorar la conectividad, ampliar el saneamiento básico y promover nuevas inversiones.

Costa Posada también destacó la participación de representantes de la banca multilateral, entre ellos la CAF y el Banco Mundial, además de los ministros de Comercio, Transporte y Agricultura, empresarios y representantes de la sociedad urabaense.

Infraestructura y desarrollo regional

De acuerdo con el directivo de Puerto Antioquia, el encuentro dejó una hoja de ruta para continuar trabajando en proyectos orientados a fortalecer la economía de Urabá y ampliar las oportunidades para sus habitantes.

El directivo señaló que los asuntos abordados incluyen obras viales, infraestructura, saneamiento básico y mecanismos para incentivar la llegada de capital a la región. Sin embargo, la información divulgada sobre la visita no detalla los montos de inversión, los cronogramas de ejecución ni las entidades responsables de cada iniciativa.

La reunión se enmarca en las discusiones sobre el papel estratégico de Urabá para el desarrollo económico de Antioquia y del país, particularmente por su actividad agroindustrial y su conexión portuaria con el comercio internacional.

Puerto Antioquia manifestó que continuará promoviendo el trabajo conjunto entre el sector público, las empresas y las comunidades para impulsar proyectos de infraestructura y desarrollo en la subregión.

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El arriendo del ICBF en Sevilla

El contrato contemplaba el traslado de un centro zonal al inmueble. De acuerdo con el ICBF, hasta el 31 de julio de 2026 se habían acumulado pagos superiores a 400 millones de pesos, aunque el lugar no habría sido utilizado para la atención prevista. La solicitud de Restrepo busca que los organismos de control examinen el caso.

La revisión deberá establecer si hubo irregularidades en el manejo de los recursos y, de ser el caso, determinar responsabilidades. El señalamiento sobre la falta de uso del inmueble corresponde a lo informado por la entidad; no equivale a una conclusión de las autoridades sobre el contrato.

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Contratos del ICBF bajo revisión

La administración de Restrepo informó, además, que encontró contratos de atención a la primera infancia vencidos desde el 31 de julio en 11 departamentos. La situación puso en riesgo la continuidad de servicios de educación y alimentación, de acuerdo con lo reportado por la entidad.

El ICBF también anunció revisiones a operadores con procesos administrativos sancionatorios activos que continuaban prestando servicios. Esas verificaciones se suman al examen de la contratación y de la operación de los programas para la población infantil atendida por el instituto.

En otro frente, Restrepo puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación presuntas amenazas y hostigamientos difundidos en redes sociales después de la publicación de un video sobre su intervención ante la Comisión Séptima del Senado. La directora sostiene que el video habría sido editado de forma que alteró el contexto de sus declaraciones.

La Fiscalía deberá establecer las circunstancias de esos hechos y si existen responsabilidades penales. No se ha acreditado públicamente una conexión entre quienes cuestionan a Restrepo y los contratos sometidos a revisión.

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La ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, calificó la situación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) como «una crónica del desastre del modelo de salud», durante un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado.

En su intervención, la funcionaria cuestionó los resultados del modelo de atención en salud adoptado mediante el Acuerdo 003 de 2024 y señaló que el aumento de los recursos destinados al sistema debería traducirse en una mayor prestación de servicios para los docentes y sus familias.

Hoyos sostuvo que el Gobierno encontró problemas estructurales que venían de administraciones anteriores y advirtió que las fallas en la atención han afectado los derechos fundamentales del magisterio. Según indicó, la administración actual busca adoptar medidas para superar la crisis y mejorar la prestación de los servicios.

Diagnóstico reporta 59 hallazgos y patrimonio negativo

La ministra señaló que el diagnóstico técnico elaborado por el Ministerio de Educación identificó 59 hallazgos, principalmente relacionados con aspectos financieros y de salud. Además, reportó un patrimonio negativo de $3,198 billones a junio de 2026.

Ante este panorama, Hoyos informó que solicitó al presidente de la República una auditoría forense para examinar posibles irregularidades en el manejo del Fondo. La petición, según explicó, responde a alertas sobre una posible cadena de corrupción, cuya existencia deberá establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

La funcionaria también indicó que el Ministerio de Educación interpuso siete acciones de tutela contra la administración anterior con el propósito de obtener información de Fiduprevisora relacionada con el contrato de fiducia.

Estas actuaciones y los hallazgos mencionados forman parte de las alertas expuestas por la ministra. La eventual existencia de responsabilidades individuales deberá determinarse por las autoridades competentes.

Mesas de trabajo y nuevo Consejo Directivo

Como parte de las acciones anunciadas, la ministra informó que se adelantan mesas de trabajo con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y los ministerios de Salud y Hacienda para construir alternativas frente a la situación del Fondo.

También señaló que solicitó al Ministerio de Hacienda dar prioridad a los recursos pendientes y que se reunió con la fiscal general para pedir atención a las investigaciones relacionadas con el caso. De igual forma, informó sobre gestiones ante organismos de control y manifestó su disposición a participar en la mesa central de Fecode.

La ministra anunció que el próximo Consejo Directivo del FOMAG está previsto para el 30 de octubre de 2026. Según indicó, la prioridad es adoptar decisiones que permitan atender las dificultades del Fondo y proteger el acceso a la salud de los docentes y sus familias.

El alcance de las medidas anunciadas y los resultados de las auditorías e investigaciones serán determinantes para establecer las causas de los problemas identificados y las acciones necesarias para corregirlos.

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