En un golpe a la integridad de las fuerzas armadas, la Fiscalía General de la Nación ha imputado cargos ante un juez de control de garantías al coronel en retiro del Ejército Nacional, Gabriel Fernando Marín Peñalosa. El alto oficial es señalado como el presunto responsable de una serie de irregularidades en contrataciones durante su desempeño como segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Séptima División, así como comandante de la Décima Primera Brigada, en el periodo comprendido entre 2015 y 2017.

Las acusaciones señalan que el coronel en retiro habría orquestado el direccionamiento irregular de al menos 12 contratos, abarcando servicios de cafetería y restaurante, obras de construcción y adecuación, así como mantenimiento y sostenimiento de vehículos para la Séptima División, la Cuarta Brigada en Medellín, y la Décima Primera Brigada en Montería (Córdoba).

¿Qué pruebas hay en su contra?

Las pruebas recabadas por la Fiscalía indican que el oficial en retiro mantenía reuniones con otros mandos y personal encargado de los procesos de contratación en diversas unidades militares. En estas reuniones, se presume que Marín Peñalosa solicitaba favorecer a contratistas específicos, llegando incluso a requerir información privilegiada sobre pliegos de condiciones y el avance de las etapas de contratación. Se sospecha que paralelamente sostenía encuentros con representantes legales y propietarios de las firmas beneficiadas.

Por otro lado, el coronel en retiro también estaría implicado en la falsificación de seis documentos cruciales relacionados con el inicio, ejecución y liquidación de dos procesos contractuales. Entre estos documentos se encuentran actas de aceptación de ofertas y de recibo a satisfacción de bienes, que según la investigación, detallan reuniones ficticias con la representante legal de una de las empresas contratistas.

La imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación ha dejado al descubierto una trama de presunta corrupción que ha permeado procesos cruciales de contratación militar. Este escándalo no solo cuestiona la integridad del acusado, sino que plantea interrogantes sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y transparencia en las altas esferas del Ejército Nacional.