Day Vásquez, quien compañera sentimental de Nicolás Petro, hijo presidente colombiano, Gustavo Petro, ha llegado este miércoles a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía General de la Nación. Esto se da en el marco del caso judicial en su contra por presuntos delitos de lavado de activos y violación de datos personales.

La influencia de Day Vásquez

Vásquez comprometió a testificar contra Nicolás Petro, imputado en el mismo caso por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. Dicho compromiso, quedó acordado con la Fiscalía a cambio de dos años de inmunidad total.

“La información brindada por Daysuris posibilitó que el delito de lavado de activos dejara de ejecutarse”, anunció la Fiscalía.

El acuerdo de colaboración fue firmado entre las partes ante el centro de servicios judiciales de Barranquilla. El presidente, Gustavo Petro, había solicitado a la misma Fiscalía en marzo de este año que investigara si su hijo mayor y su hermano, Juan Fernando Petro Urrego, ofrecieron a grupos de narcotraficantes beneficios sobre las políticas de paz a cambio de dinero.

Además de Petro, Day Vásquez se comprometió a declarar contra otras personas: César Emilio Vásquez Buendía (lavado de activos y enriquecimiento ilícito); Blanca Isabel Gutiérrez Zuleta (lavado de activos y enriquecimiento ilícito); Jonathan Cabrales (falsedad en documento privado); Gustavo de la Ossa, Raúl Lacouture y Pedro Name, (interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación) y finalmente contra Pura Varela (violación de datos personales).

El principio de oportunidad que le otorga la Fiscalía a Day Vásquez cubre varios delitos que ella misma confesó en su proceso de colaboración efectiva con los fiscales. Entre estos está el lavado de activos, por guardar, administrar y disfrazar de legalidad dineros en efectivo que le entregaron a Nicolás Petro. En total, el patrimonio injustificado de Nicolás Petro asciende a 1.053 millones de pesos que no provenían de su salario como diputado del Atlántico. También, cubre los delitos contra la administración pública (interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación).