La indagatoria a Álvaro Uribe quedó programada para el 24 de julio, dentro de la investigación de la Fiscalía por las masacres de El Aro y La Granja en Antioquia. El expresidente confirmó la citación y cuestionó que, según su versión, la diligencia se fijó sin que se hubieran practicado pruebas solicitadas por su defensa.
Qué investiga la Fiscalía en el caso de El Aro y La Granja
La Fiscalía General de la Nación citó al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez a indagatoria a través de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La diligencia se relaciona con hechos ocurridos en Antioquia en 1996 y 1997, periodo en el que Uribe era gobernador del departamento.
De acuerdo con lo informado en las publicaciones, el despacho que lleva el caso es la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema y la investigación incluye, entre otros puntos, su presunta vinculación en los hechos asociados a las masacres de La Granja y El Aro. En el expediente también aparecen líneas sobre la presunta conformación y actuación de grupos paramilitares en el departamento.
Según se conoció, la indagatoria se enmarca en delitos como homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. Además, las fuentes señalan que el proceso incorporó el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, abogado, concejal de Ituango en la época y defensor de derechos humanos, asesinado en Medellín el 27 de febrero de 1998.
En el recuento del caso también se menciona que la investigación se abrió en 2000, tuvo una decisión inhibitoria a finales de ese año y fue reactivada en 2013, a partir de comunicaciones y declaraciones de exintegrantes de grupos armados ilegales. Tras la salida de Uribe del Senado, el caso pasó a conocimiento de la Fiscalía en diciembre de 2020, con la práctica de distintos actos de investigación, incluida una versión libre del indiciado.
Uribe y su defensa denuncian falta de pruebas; víctimas celebran la citación
Uribe anunció la diligencia en su cuenta de X y sostuvo que la Fiscalía lo llamó a indagatoria sin practicar pruebas que, según él, habían sido decretadas. En ese mensaje recordó un episodio de su proceso anterior en la Corte Suprema: “Esto es un atropello”, escribió al comparar la citación con decisiones que atribuyó al magistrado César Reyes.
En otro pronunciamiento, el exmandatario afirmó que el ente acusador actúa con motivación política y que buscaría privarlo de la libertad. También señaló que la notificación de la decisión se conoció a pocos días de una segunda vuelta presidencial; en una de las versiones se menciona que esa segunda vuelta sería entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
La defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, expresó reparos y calificó la determinación de “irregular” y “políticamente motivada”. Según esa postura, resultó sorpresivo que se convocara a la diligencia sin agotar actuaciones probatorias solicitadas, decretadas y posteriormente prorrogadas.
Del otro lado, la representación de víctimas respaldó la decisión. El abogado Miguel Ángel del Río dijo que recibió “con mucha satisfacción” el llamado a indagatoria y afirmó que, tras años de espera, la actuación reafirma que nadie está por encima de la ley. También sostuvo que el expediente cuenta con elementos suficientes para la diligencia.
