La suspensión de la auditoría a la FLA quedó ratificada de forma provisional tras una decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Itagüí, que adoptó una medida cautelar en una tutela contra la Superintendencia Nacional de Salud.
La cautelar: freno temporal para evitar un “riesgo cierto e inminente”
El despacho ordenó detener la diligencia de inspección que la Superintendencia adelantaba en la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) mientras resuelve el fondo del amparo. En su argumento, el juez señaló que la medida busca prevenir un “riesgo cierto e inminente” sobre garantías fundamentales antes del fallo definitivo.
La tutela plantea que, para la empresa departamental, la Supersalud se habría excedido en sus actuaciones de inspección, vigilancia y control. Por eso, la auditoría queda en pausa hasta que exista un pronunciamiento judicial sobre si la entidad nacional actuó dentro de sus competencias.
La Gobernación de Antioquia respaldó la determinación. La secretaria general, Martha Patricia Correa, afirmó que la cautelar protege el debido proceso frente a la acción interpuesta por la FLA y reiteró que las diligencias habrían desbordado el alcance de la Superintendencia.
Documentos en disputa: reserva y alcances de la vigilancia
Uno de los puntos centrales del choque es el tipo de información solicitada durante la auditoría. La FLA aseguró que entre los requerimientos había datos cobijados por reserva industrial, financiera y comercial.
El gerente Esteban Ramos Maya sostuvo que también se pidieron soportes que, según la empresa, no hacen parte de su estructura administrativa, como tarjetas corporativas, gastos de representación o registros de caja menor. La licorera cuestionó, además, que los cuestionarios se enfocaran en gobierno corporativo, contratación y finanzas.
En su planteamiento, la vigilancia debería concentrarse en los recursos del monopolio rentístico de licores destinados al sistema de salud. Ese debate de alcance y competencias es el que ahora queda bajo revisión en la tutela, mientras se mantiene el freno judicial a la inspección.
Recusaciones y denuncias: el pulso que antecedió la decisión judicial
Antes de acudir a la tutela, la FLA presentó recusaciones contra Daniel Quintero, director de la Superintendencia, y contra Juan David Duque, superintendente delegado. La empresa alegó dudas sobre su imparcialidad y mencionó la confrontación política entre Quintero y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
En ese contexto, la Supersalud anunció denuncias penales contra directivas de la licorera por presuntamente obstaculizar una auditoría que, según la entidad, inició el 26 de junio de 2026. Quintero afirmó que el equipo auditor no recibió documentación y dijo que llevaría actuaciones ante Contraloría, Fiscalía y Procuraduría.
La FLA negó haber impedido el ingreso o la revisión. Sostuvo que solo detuvo temporalmente la entrega de información mientras se resolvían recursos relacionados con los funcionarios. La Superintendencia, por su parte, insistió en que responder a los requerimientos es obligatorio para los vigilados y citó el artículo 429D del Código Penal al referirse a una eventual obstrucción a la función pública.
La entidad también informó otra denuncia penal por presunta obstrucción en una auditoría a la Alcaldía de Medellín y aseguró que un equipo de 13 auditores realiza inspecciones en la secretaría de Salud de la Gobernación y en la Alcaldía. Ramos defendió la recusación y afirmó que en 2025 la FLA transfirió $1,4 billones por impuesto al consumo, estampillas y utilidad operacional.
