La Defensoría del Pueblo y la Liga Colombiana contra el Cáncer firmaron un memorando de entendimiento que tiene como objetivo fortalecer la promoción, prevención y orientación en la atención de pacientes con cáncer en el país durante los próximos 4 años. “Con la firma de este convenio queremos proteger el derecho fundamental a la salud de estos pacientes cuya condición clínica merece una atención con un enfoque multidisciplinario especial. La firma de este memorando nos permitirá aunar esfuerzos para promover el goce efectivo de este derecho”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. “Con un enfoque biopsicosocial, dirigido al paciente, su familia y la comunidad, desarrollaremos estrategias de investigación y análisis que garanticen el derecho a la salud desde la prevención de la enfermedad”, agregó el Defensor del Pueblo.
Los diagnósticos más tutelados que invocaron el derecho a la salud en 2022 fueron tumores y neoplasias, con el 13,18% de los casos. De ellos, el tumor maligno de mama fue el más frecuente, 12,73%; le siguió el tumor maligno de próstata, 8,49%; en tercer lugar se ubicó el tumor maligno de glándulas tiroides, 5,57%; luego, el tumor maligno de colon, 5,04%, y en quinto lugar estuvo el tumor maligno de piel, 4,24%. Resulta preocupante para la Defensoría del Pueblo que personas luchando por salvar su vida, con la ayuda y el esfuerzo incansables de sus familiares, se vean en la obligación de recurrir al mecanismo jurídico de la tutela para que puedan tener el acceso real a un tratamiento integral. “Si bien esta herramienta es una ruta jurídica expedita, no puede ser que los colombianos tengan que acudir casi siempre a ella para proteger su derecho a la vida y para que sean salvaguardados sus demás derechos, como el fundamental a la salud. Por eso queremos, con este memorando de entendimiento, brindar la orientación a los ciudadanos en deberes y derechos para que cuenten con el acceso oportuno e integral a los servicios de salud oncológicos”, expresó Carlos Camargo Assis.
Las principales causas que motivaron las tutelas fueron cinco: 1) la falta de oportunidad en servicios y tecnologías en salud, 2) la falta de agenda de médicos especialistas y estudios de extensión como quimioterapia y radioterapia, 3) la red insuficiente de prestadores de servicios de salud para cáncer, 4) el traslado de una IPS a otra IPS de la misma complejidad sin argumento válido, 5) la interrupción de tratamientos por falta de autorización de las EPS. “Quiero recordar a todas los prestadores de salud, clínicas y hospitales, a los aseguradores y Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, a los laboratorios y farmacias y en general a todos los que intervienen en el sistema de salud a que no pongan obstáculos ni pretendan que, para proteger este importante derecho, se requiere una acción de tutela o la intervención de un organismo de control”, puntualizó Carlos Camargo Assis.
