Durante la celebración del Día del Investigador, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, anunció su voto en contra de la nueva política antidrogas presentada por el Gobierno Nacional ante el Consejo Nacional de Política Criminal.

«En el día de hoy, en el Consejo Nacional de Política Criminal, la Fiscalía General de la Nación expresará su voto de desaprobación por primera vez en 30 años, en contra de la política nacional de drogas presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Consideramos que esta política es general y no cumple con los elementos necesarios en términos de objetivos, estrategias y acciones claras que demuestren el compromiso del Estado en la lucha contra el narcotráfico y el desmantelamiento de organizaciones criminales», enfatizó el Fiscal General.

El Fiscal General de la Nación señaló que la entidad comparte la idea de no perseguir a cultivadores o consumidores, pero también reconoce la necesidad de formular estrategias profundas que impacten de manera integral el fenómeno del narcotráfico.

«Se han asignado 7.000 millones de dólares a la SAE, lo que equivale a 28 billones de pesos. Esta es una tarea que combina de manera importante la persecución penal y la necesidad de perseguir los bienes, ya que si confiscamos los activos de los mafiosos, narcotraficantes y criminales, podremos romper lo que he llamado los corredores regionales y transnacionales de la criminalidad», aseguró.

En medio de sus comentarios, reafirmó el compromiso institucional de apoyar los caminos que conduzcan a la paz, siempre dentro del marco de la Constitución y la ley.

«Estamos a favor de una paz completa, pero también somos defensores de las víctimas, los derechos humanos, la justicia y creemos que la verdadera alternativa debe ser encontrar un equilibrio entre las políticas de orden público y la garantía de la seguridad como principios constitucionales fundamentales», recalcó.

El voto negativo del Fiscal General de la Nación refleja su preocupación por la efectividad y contundencia de la política antidrogas propuesta por el Gobierno, destacando la necesidad de medidas más sólidas y enérgicas para hacer frente al problema del narcotráfico en el país.