La indagatoria de Álvaro Uribe Vélez fue reprogramada por la Fiscalía General de la Nación para los días 18, 19 y 20 de agosto de 2026, luego de aceptar una solicitud presentada por su defensa. La diligencia está relacionada con la investigación por su presunta vinculación con las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
La Fiscalía aceptó el aplazamiento y fijó tres jornadas desde las 9
La Fiscalía General de la Nación modificó el calendario de la diligencia que inicialmente estaba prevista para el 24 de julio y la trasladó a tres jornadas consecutivas: martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto de 2026, todas a partir de las 9:00 a. m..
La petición fue presentada por Jaime Granados, abogado del expresidente, quien argumentó la necesidad de contar con más tiempo para avanzar en la práctica de pruebas decretadas dentro del expediente. Con la reprogramación, la defensa tendrá varias semanas adicionales para preparar la comparecencia.
De acuerdo con las piezas conocidas, la indagatoria forma parte de una investigación que busca establecer la eventual responsabilidad del exmandatario en hechos de violencia ocurridos en Antioquia en la década de los noventa, incluidos los casos de La Granja y El Aro, y el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo.
Qué investiga el expediente: masacres en Ituango y el caso de Jesús María Valle
El proceso incluye los hechos de La Granja, en Ituango, donde en 1996 fueron asesinadas cuatro personas y se registró el desplazamiento de habitantes, y la masacre de El Aro, ocurrida en 1997, en la que fueron asesinadas 15 personas, según la información citada en el expediente. Ambos episodios han sido objeto de distintas actuaciones judiciales a lo largo de los años.
En el mismo marco se investiga el homicidio del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, asesinado el 27 de febrero de 1998 en Medellín. Dentro del expediente también se analiza la presunta conformación y apoyo a una estructura armada ilegal que, según la hipótesis de la Fiscalía, habría operado desde la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe durante esa época.
Según se ha informado, en la diligencia de agosto el exmandatario deberá responder por señalamientos relacionados con presuntos delitos como concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.
Uribe y el “Grupo de los 38” piden garantías en el desarrollo del proceso
En declaraciones públicas, Uribe ha cuestionado la actuación procesal de la Fiscalía y ha insistido en que es víctima de una “persecución política”. En un mensaje en X afirmó que la Fiscalía le niega interponer un recurso de reposición contra el llamamiento a indagatoria, y sostuvo: “En toda mi vida jamás se me ha ocurrido matar u ordenar matar a alguien, promover masacres o ser omisivo frente a ellas”.
El exmandatario también criticó el manejo del calendario de diligencias dentro del caso. Tras el aplazamiento de la recepción de testimonios, señaló: “Aplazan testimonios, pero si la indagatoria es un ‘medio de defensa’, imposible defenderme sin conocer las pruebas”.
El 10 de julio, el llamado Grupo de los 38 —un colectivo de juristas— divulgó una carta en la que pidió que el proceso avance con “transparencia institucional, independencia, imparcialidad y respeto por los derechos fundamentales”. La defensa, por su parte, reclamó que las pruebas decretadas se practiquen de manera integral como parte de la revisión del acervo probatorio.
El expediente está en manos de la Fiscalía desde septiembre de 2020, cuando Uribe renunció al Senado y la Corte Suprema de Justicia perdió competencia para seguir con las investigaciones que había asumido. Con la reprogramación, la indagatoria quedó fijada como el siguiente hito del proceso para agosto de 2026.
