En las últimas horas, Nación Paisa pudo confirmar que Salvatore Mancuso Gómez anunció que eligió al Distrito de Medellín, Antioquia, para tener su residencia y regresar a la libertad.

Luego de terminada la audiencia de solicitud de libertad, la juez informó que el exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia eligió a Medellín, capital del departamento de Antioquia, como lugar de residencia mientras adelanta su proceso como gestor de paz en el país.

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Así las cosas, Salvatore Mancuso residirá en la ciudad cuyo mandatario es Federico Gutiérrez Zuluaga, principal opositor del Presidente Gustavo Petro Urrego en el país y quien ha sido fuertemente crítico con el proceso de Paz Total que se vive en Colombia.

La administración de Fico Gutiérrez tendrá el deber de facilitar el cuidado del máximo cabecilla de las AUC, que estará bajo el acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Hasta el momento, la Alcaldía de Medellín en cabeza de Fico Gutiérrez no se ha pronunciado sobre la llegada de Salvatore Mancuso al Distrito de Ciencia, Innovación y Tecnología.

Las restricciones que tendrá Salvatore Mancuso en libertad

Mancuso deberá presentar cada tres meses ante la secretaría de la sala del tribunal de Medellín, Antioquia, durante el término de libertad y bajo ninguna circunstancia podrá desplazarse a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, Norte de Santander, La Guajira y San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arvoletes y Apartadó en los que tuvo lugar su acción criminal.

Cualquier cambio de domicilio con treinta días de anticipación para que el despacho apruebe su viabilidad según el lugar donde deba hacer sus presentaciones. Tampoco podrá salir de Colombia sin previa autorización.

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También, Salvatore Mancuso deberá ser muy cauteloso con sus acciones, ya que no podrá realizar conducta o acto que atente contra las víctimas, o apología al delito durante su libertad.

Vale la pena anotar que, cumplidas las anteriores obligaciones, se le declararán extinguidas las penas ordinarias impuestas. Sin embargo, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de las sentencias parciales, le acarreará como consecuencia la revocatoria de la libertad a prueba concedida a la fecha y se le ordenará que cumpla la pena total acumulada de 480 meses, 40 años de prisión.