Movistar ha confirmado que, en 2023, se han visto afectados más de 270 mil clientes a nivel nacional debido al vandalismo sufrido en sus redes de cobre y fibra óptica, afectando la productividad de los territorios en el país e interrumpiendo las actividades básicas como el teletrabajo, la educación, la comunicación, entre otras.

En el transcurso del año se presentaron más de cinco mil eventos en contra de la infraestructura de red, lo que ha generado pérdidas para esta empresa de telecomunicaciones por más de siete mil millones de pesos, representadas en mano de obra, reposición de los equipos y reparación de las redes primarias y secundarias, las cuales permiten conectar masivamente a la población.

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Además de generar impactos negativos en la rentabilidad de la empresa, este flagelo significa también una grave afectación a las operaciones de los sistemas de salud, las entidades públicas y privadas que dependen de la tecnología para brindar sus servicios a la comunidad, adicionalmente del riego público que significa tener redes expuestas tras el vandalismo.

Esta es una problemática que presenta un incremento gradual año tras año y que se vive en todos los departamentos del país, sin embargo, las regiones más críticas son: Atlántico, Cesar, Huila, Bogotá, Santander, Quindío, Valle del Cauca, Tolima, La Guajira y Magdalena.

«Hacemos un llamado a la comunidad para que nos apoye haciendo aviso oportuno, sobre las posibles intervenciones ilegales que se lleven a cabo sobre nuestras redes. Las telecomunicaciones son un servicio esencial que permite la conectividad de los hogares, empresas, emprendimientos y personas en general. Si bien trabajamos de la mano con las autoridades, es necesaria que la comunidad nos ayude a generar denuncias”, afirmó Roberto Puche, director de Tecnología para Movistar Colombia.

Movistar recomienda a la comunidad mantenerse alerta frente a las intervenciones que personas hagan a las redes, ya sean particulares, habitantes en condición de calle o en apariencia técnicos, ya que una práctica común es la suplantación a funcionarios y contratistas.