El escándalo de Buen comienzo empezó en diciembre de 2019, cuando Colombia Avanza solicitó su ingreso al banco de oferentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Este requisito, recién implementado, era importante para participar en contratos relacionados con Buen Comienzo y el PAE en Medellín. Sin embargo, la Fiscalía ha expresado que esta entidad no era idónea para recibir estos contratos destinados a niños, niñas y mujeres gestantes de la ciudad.

En febrero de 2020, se firmó el primer contrato (4600085185) entre Colombia Avanza y la Secretaría de Educación de Medellín para atender la modalidad familiar de Buen Comienzo. No obstante, surgió la controversia en marzo del mismo año cuando se descubrió que Colombia Avanza subcontrató a otras entidades tales como: Impulsando Mi País y Servicio Entrega, para la ejecución del contrato.

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Para complicar aún más la situación, en marzo de 2020, la Secretaría de Educación de Medellín estableció un contrato paralelo con Plaza Mayor para la entrega de los mismos paquetes alimentarios, generando así una duplicación de costos.

En 2023, la Fiscalía presentó elementos probatorios que indican las irregularidades en la contratación y ejecución de los contratos con Colombia Avanza, imputando cargos a varios implicados como a Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín; Lina María Gil, exdirectora de Buen Comienzo; y Henry Paulison Gómez, representante legal de Colombia Avanza. Los cargos incluyen peculado por apropiación en tentativa, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación consumado.

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La Fiscalía argumentó que estos contratos se utilizaron como un mecanismo para apropiarse de recursos públicos en lugar de cumplir con los fines estatales. Cabe señalar que el informe presentado por Daniel Quintero, que afirmaba la ausencia de irregularidades, fue contrarrestado por la Contraloría General de la República, que identificó presuntos sobrecostos en el contrato entre Colombia Avanza y la Secretaría de Educación de Medellín.

Alcaldía de Medellín responde: ¿Hubo o no sobrecostos en Buen Comienzo?

Recientemente, un informe técnico de la Contraloría General de la República concluyó que no existió sobrecosto en la compra de paquetes alimentarios que fueron entregados en la modalidad Familiar de Buen Comienzo en 2020, lo que suscitó una investigación por parte del ente de control fiscal.

“Ninguno de los paquetes alimentarios fue cobrado por el contratista y objeto de pago por la Alcaldía de Medellín a un valor superior al arrojado en el estudio de mercado”, señaló el informe técnico de la Contraloría.

Se trató de 122.900 paquetes alimentarios entregados a madres gestantes, lactantes, niños y niñas y niñas menores de dos años a quienes, pese a las condiciones de la pandemia, se les garantizó todo el tiempo el componente nutricional e incluso se aumentó el aporte calórico del 70 % al 80 %.

“Sabíamos que Alexandra, la secretaria de Educación, era incapaz de hacer algo en contra de los recursos de la niñez. Este estudio técnico levanta el manto de duda que algunos, de manera inescrupulosa, habían querido crear sobre ella. En Medellín no se ha perdido un solo peso de la niñez, todo lo contrario, hemos generado ahorro e incrementado la cobertura del programa Buen Comienzo. En Medellín hemos cuidado los recursos de la niñez y perseguido a los corruptos. Una vez se dé a conocer el fallo definitivo de la Contraloría, vamos a pedir a la Fiscalía que archive el proceso que lleva en contra de la administración”, explicó el secretario Privado, Juan David Duque.

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Según la Alcaldía de Medellín, con base en este informe técnico, cuando se dé a conocer el fallo, se solicitará a la Fiscalía que archive el caso referente a los presuntos hechos de corrupción en la implementación de la modalidad familiar de Buen Comienzo en la vigencia 2020.

Dentro del desarrollo de la modalidad familiar, según el informe de la Contraloría, se generaron eficiencias de los recursos y se encontró el aprovechamiento efectivo del recurso público.

Por: Sara Pardo del Río